Botes inservibles y problemas en la reconstrucción: el gobierno Duque le incumplió a San Andrés y Providencia, dice la Contraloría

Eran las cuatro de la mañana del 16 de noviembre de 2020 cuando el huracán impactó Providencia. En solo una hora, ya había destruido el 98 por ciento de las infraestructuras de la isla. Las ráfagas de viento, junto con una marejada ciclónica, arrasaron prácticamente todas las construcciones, dejando a la población en una situación de emergencia crítica.

San Andrés, aunque no recibió el golpe directo del ojo del huracán, también sufrió daños significativos. La isla soportó vientos de hasta 150 kilómetros por hora y olas que superaron los tres metros de altura. Esto provocó la destrucción parcial de viviendas, la caída de árboles y daños considerables en la infraestructura turística, fundamental para la economía local.

En Providencia, más de 6.000 personas –prácticamente la totalidad de la población– quedaron damnificadas. En San Andrés, esta cifra llegó a cerca de 2.000 afectadas. Las estimaciones oficiales indican que los daños superaron los 1.2 billones de pesos colombianos (aproximadamente 330 millones de dólares).

Luego de la tragedia, el gobierno de Iván Duque prometió reconstruir a San Andrés, restaurar la infraestructura y  reactivar la economía local. Sin embargo, al término de su mandato, la realidad en la isla contó otra historia: la recuperación fue lenta y desigual. Y a estas alturas, siguen apareciendo evidencias de mala planeación y contratos cuestionables.

La polémica reconstrucción

El proceso de reconstrucción de San Andrés y Providencia dejó, entre otras cosas, una de las imágenes más icónicas del expresidente Iván Duque: con tapabocas y en cuatrimoto, recorrió la zona del desastre.

También dejó serios cuestionamientos sobre la eficiencia y los costos de dicha reconstrucción. Tanto, que en octubre de 2022 la Corte Constitucional, a través de un fallo, determinó que el gobierno Duque había incumplido los compromisos adquiridos con los habitantes de Providencia y Santa Catalina.

“El Gobierno incumplió los acuerdos, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas, sin cisternas, con graves defectos de saneamiento básico e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán”, dice un aparte de la sentencia.

A su vez, la Contraloría General, en auditorías realizadas a la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), detectó fallas en la entrega, recibo, distribución y legalización de los elementos de asistencia humanitaria, deficiencias en la construcción y adecuación de refugios y problemas en la gestión contractual. En este último caso, se identificaron inconsistencias en la ejecución de los contratos, algunos de ellos sin interventoría y sin ningún tipo de seguimiento al momento de la auditoría.

Botes para marineros de agua dulce

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura que tiene entre sus funciones el fomento de la pesca y la acuicultura en el país. Y también participó en el programa de entrega de equipos y reactivación económica del archipiélago después del huracán.

En septiembre de 2021, la Aunap inició la entrega de botes y equipos para los pescadores afectados por el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés y Providencia.

Uno de los beneficiados fue Israel Livingston, pescador que forma parte de la Asociación de Pescadores Asopezboth. A Livingston le entregaron un motor fuera de borda de 50 HP, un contenedor para acopio de pescados y un bote nuevo de 22 pies.

Sin embargo, aunque recibió la barca hace tres años, esta sigue prácticamente nueva por una razón: a él, como a otros pescadores, le proporcionaron botes para agua dulce, no aptos para faenas en mar abierto.

La mayoría de estas embarcaciones no han podido ser utilizadas y actualmente se deterioran a la intemperie, como lo evidencia un video obtenido por CAMBIO.

Los botes fueron adquiridos mediante un contrato suscrito entre la Aunap y la sociedad comisionista Comiagro, por un valor de 1.407 millones de pesos. La ayuda incluía, además, otros equipos para faenas de pesca.

CAMBIO consultó a la Aunap sobre este tema. La entidad, a través de un comunicado, explicó que los hechos objeto de esta denuncia ya habían sido puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes.

La Contraloría detectó que las embarcaciones no cumplían los requerimientos para ser utilizadas en altamar; además de carecer de cavas, asientos y del grosor adecuado. Por estas razones,  las calificó como “inoperables” para ser utilizadas en los mares de San Andrés. También se identificaron inconsistencias entre los registros y los bienes entregados.

De otro lado, pescadores del archipiélago aseguran que las embarcaciones y las ayudas fueron suministradas, en algunos casos, a personas que ni siquiera pescan, mientras ellos quedaron excluidos de la entrega de beneficios.

Así lo expresó a CAMBIO Wellingford Steel, un curtido pescador de Santa Catalina. “Yo tengo 74 años y comencé a pescar con mi papá cuando apenas tenía 14. Yo no recibí nada, porque no pertenezco a ninguna asociación, pero, en cambio, le entregaron botes a personas que no son pescadores y ni siquiera los han usado: los tienen guardados en sus casas”.

Otro pescador, que pidió mantener su identidad en reserva, aseguró: “Acá vino gente del Gobierno y, en su afán, no contaron ni con la Alcaldía, ni con la Gobernación, ni con Agricultura y Pesca de San Andrés, ni con la Dimar. Hicieron un censo con la asesoría de un señor llamado Edgar Jay, y entregaron 80 lanchas cuando en realidad se perdieron muchas menos con el huracán. Ahí empezó el problema: le dieron botes a personas que no eran pescadores”.

CAMBIO consultó a Edgar Jay, quién dirige una asociación de pescadores en la isla, pero al momento de la publicación de este artículo no había obtenido su respuesta.

La responsabilidad sobre dichas adquisiciones recaería en John Jairo Restrepo, quien estuvo al frente de la Dirección Técnica de Administración y Fomento de la Aunap hasta el pasado 6 de junio. Sobre Restrepo existen otras denuncias por presunto acoso laboral y contratación de familiares.

CAMBIO intentó comunicarse con Restrepo, pero tampoco obtuvo respuesta.

Y a través de un comunicado, la Aunap respondió que las denuncias ligadas a la entidad, algunas de ellas anónimas, ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes.