karol Solis Menco, es profesora de la Universidad del Norte y activista social.
“Por instalar tres carteles con flores en señal de protesta, en el Atlántico te pueden matar”: Karol Solís
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La académica y activista social, reconocida por su lucha contra las altas tarifas de energía y el cobro del Peaje Papiros, habló con CAMBIO sobre su denuncia por “los abusos de las autoridades”. La Policía Metropolitana ha insistido en que “ha sido necesaria la utilización de los medios constitucionales".
Por: Rainiero Patiño M.
La profesora universitaria Karol Solís Menco es una de las personas que ha liderado las manifestaciones pacíficas en el municipio de Puerto Colombia, en contra del cobro del Peaje Papiros. Un polémico tema que tiene enredados al gobierno local y nacional.
Solís, reconocida por su activismo de diferentes temas de derechos humanos, salud y educación sexual, y tarifas de energía, entre otros, también es una abierta crítica de administraciones locales y regionales, como la del alcalde Plinio Cedeño, en Puerto Colombia; del Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde de Barranquilla, Alex Char.
Desde febrero de 2023, Solís hace parte del comité por el desmonte del cobro del peaje sobre la Autopista Barranquilla - Cartagena. A partir de entonces ha participado en más de 28 mesas de diálogos con las autoridades, por lo que desde hace unas semanas ha venido señalando “el incumplimiento de los acuerdos”.
“El primero se dio con el entonces ministro, Guillermo Reyes, quien se comprometió al cese definitivo del cobro de categorías C1 y C2 en marzo de ese año, y a reestructurar el sistema de peajes de la Ruta Costera para asegurar el traslado o desmonte de Papiros”, relató Solís. Desde entonces, se han dado dos cambios ministeriales.
A finales de agosto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la reactivación del cobro. Por lo que los miembros del comité antipeaje iniciaron “una movilización pacífica el 2 de septiembre de 2024”. El movimiento social creció de manera muy rápida y los manifestantes instalaron una especie de campamento sobre la vía, en donde con actividades lúdicas y pedagógicas motivaron a los conductores a no pagar. A esto se sumaron grupos espontáneos de comerciantes y ciudadanos. Esto generó operativos de la Fuerza Pública para tratar de desalojarlos del lugar y permitir el pago de los conductores.
“Hostigamiento, criminalización y violencia”.
Solís denunció, en diálogo con CAMBIO, que desde el 2 de septiembre ha “sufrido hostigamiento, perfilamiento, criminalización, persecución estatal, violencia ilegítima policial, violencia sexual, detención arbitraria, y amenazas a la vida en una acción institucional decidida que raya en el terrorismo de Estado”.
Esto, dijo, ha desembocado en la vulneración de sus derechos y los de otros líderes sociales y manifestantes. Lo que, en su opinión, parece “una acción coordinada y con anuencia del Ministerio de Transporte”.
Según la información recopilada por el comité antipeaje, desde el primer día de las movilizaciones han sido desplegadas unidades de la Policía de Puerto Colombia, del Esmad y del Grupo Cobra (unidad especial antidisturbios), para rodear e interceptar a los manifestantes.
“El 6 de septiembre instalamos tres carteles con flores y mensajes como ‘pita si apoyas el desmonte del peaje papiros’ y ‘mira a tu derecha, hay gente haciendo guardia por tus derechos’, lo que desencadenó un hostigamiento sin precedentes", dijo.
Solís señaló al personero y al secretario de gobierno de Puerto Colombia, Jhon Rodríguez y Saúl Leyva, de impedir el derecho a la protesta pacífica. La activista social dijo que las acciones en contra de los manifestantes también incluyen la presencia de miembros de la Fuerza Pública vestidos de civil y disparos en las cercanías.
“A los patrulleros que se negaron a ejercer violencia ilegítima, la capitana (de policía de Puerto Colombia) solicitó procesos disciplinarios. Dos de ellos recibieron correos de traslado en una acción clara de intimidación a futuros policías que se negaran a seguir órdenes de violencia a los manifestantes”, señaló la líder de la protesta.
Uno de los sucesos relevantes ocurrió la mañana del 16 de septiembre, cuando tres miembros del comité se encadenaron a las talanqueras del peaje, como “otra acción simbólica”. Minutos después llegaron tres camiones con uniformados del Esmad para retirarlos. Esto, según Solís, se realizó con “despliegue excesivo de fuerza en la estación de gasolina en la vía en mi contra y en contra de varios líderes”.
“Me esposan y me jalan violentamente con presiones psicológicas sobre ser ‘arrestada’. Al resistirme a entrar al vehículo, una patrullera ejerce violencia sexual, esta pellizca, agarra y toca mis glúteos, roza y presiona mi vagina para doblegarme, yo grito y logro denunciarlo, al tiempo que agentes del Esmad les dan instrucciones a las mujeres patrulleras y las cercan para patearme y tirarme dentro de la camioneta”, relató.
La profesora fue llevada sola a un CAI, “en donde el teniente Jonathan Sáenz, a cargo del operativo dice que solo estoy trasladada porque estaba alterada, y que me impondrán un comparendo”. Como consecuencia del operativo, Solís dijo que tuvo que recibir atención médica, recibió una incapacidad inicial de nueve días y luego otra de 12 días emitida por el Instituto de Medicina Legal.
“A partir de este momento, en publicaciones digitales empiezan a amenazarme de muerte, sugiriendo que sería mejor ‘dormirme’, expresión para indicar que debe el Estado asesinarme”, indicó. En respuesta, la comunidad organizó una nueva jornada de protesta el 21 de septiembre, la que también terminó en choques.
Acciones legales
En su denuncia, Solís también definió como “incomprensible” las declaraciones recientes de la ANI, en las que, según su opinión, “contribuye a deslegitimar ejercicios auténtico de ciudadanía, por un peaje que queda a 8 KM de distancia de un segundo peaje y que es intraurbano; y condena la protesta social ‘con fines políticos’, toda vez que todo acto de manifestación pública o sobre lo público es político”.
Por último, la activista calificó de “hostigamiento y criminalización institucional” las acciones legales del personero de Puerto Colombia en contra de la ciudadanía. Además, criticó la publicación de un video “con tomas filtradas" de la coordinadora de migración de la Gobernación del Atlántico, que, en su opinión, tergiversa los hechos. Y, finalmente, reprochó los anuncios del secretario general del Atlántico, Pedro Lemus, de quien dijo: “anunció acciones legales en contra de los manifestantes, cuando es la institución la denunciada por la ciudadanía”.
Este martes, la Gobernación del Atlántico y la ANI anunciaron que avanzan en el acuerdo para que el ente territorial asuma la administración de 14 kilómetros de tramo de la autopista, que incluye el desmonte del cobro en menos de 60 días.
Hace unos días, la Policía Metropolitana de Barranquilla emitió un comunicado de prensa de tres puntos en el que señaló que “fue necesario la utilización de los medios constitucionales de la Policía para cumplir resolución del Ministerio de Transporte que ordena la reactivación del cobro del Peaje Papiros, en la Vía al Mar. Y que el “traslado” de Solís fue “para la aplicación de una medida correctiva por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”.
La líder de los manifestantes dijo que el comité se mantiene en sus peticiones, que incluyen la suspensión del cobro de las categorías C1 y C2 durante el tiempo que tome formalizar el traspaso para mantenimiento y operación del tramo a la Gobernación del Atlántico; y garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. Y que dichas solicitudes están respaldadas por más de 26.000 firmas, entre digitales y físicas.