La disputa entre el alcalde de Cartagena y los empresarios del Corredor de Carga pasó a denuncia penal

Los reclamos insistentes del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, a los empresarios de la terminada Concesión Vial Corredor de Carga - Convial pasaron a otro nivel. La disputa escaló al plano judicial porque el mandatario los demandó y denunció por peculado, señalándolos de haberse quedado con más de 113.000 millones de pesos.

Con la acción popular instaurada ante la Fiscalía, el alcalde busca que la concesión devuelva a la ciudad, exactamente, $113.737.868.952. Este dinero, según el análisis hecho por la administración distrital, fue cobrado después de cumplirse la Tasa Interna de Retorno (TIR), por concepto de peajes y telepeajes, “de forma irregular entre noviembre de 2020 a mayo de 2023”.

Turbay demandó a las firmas que integran la Concesión, conformada por Álvarez Collins S.A., Valorcon S.A. y KMC – Proyecto S.A.S. Y, además, fue vinculada a la sociedad fiduciaria Fiduagraria S.A., como vocera de los recursos recaudados con los peajes.

La demanda contra Convial fue instaurada ante el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena y, según Turbay, busca “proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público de los cartageneros, debido a la no devolución de los dineros recaudados por la concesión”. La acción fue admitida por el juez Enrique Delvecchio el pasado 17 de octubre.

El alcalde le dijo a CAMBIO que de manera complementaria radicó la denuncia por peculado por apropiación contra Convial ante la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es obligar a devolver los recursos que habrían sido cobrados tres años después de cumplirle la TIR.

En el grupo de empresarios demandados por Turbay figura el reconocido contratista barranquillero Julio Gerlein Echeverría, hermano del fallecido exsenador Roberto Gerlein y cabeza de la empresa Valores y Contratos (Valorcon), una de las integrantes de la Concesión Vial de Cartagena. La lista de denunciados por el alcalde de Cartagena la completan Gabriel Esper, Gilberto Álvarez Mulford, representantes legales de Collins, y Jorge Karduz Urueta, representante legal de KMC.

Turbay señaló, citando el Código Penal, que los empresarios habrían cometido el delito al apropiarse de forma indebida recursos públicos, bienes del Estado o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, tal como es una concesión vial.

“Según el Código Penal, el peculado por apropiación se condena con prisión de 96 a 270 meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”, explicó el mandatario.

El contrato y las fechas

El 31 de diciembre de 1998 el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias adjudicó al consorcio el Contrato de Concesión VAL-0868804. El plazo inicial del contrato fue estipulado en 180 meses, dentro de los cuales debía ejecutarse la programación, construcción y operación, contemplándose dentro de esta última una etapa de operación plena, cuya duración inicial fue proyectada en 150 meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

De acuerdo con las múltiples modificaciones del contrato, las partes acordaron la terminación al cumplimiento de la TIR por el Concesionario, la cual fue establecida en un 17,22 por ciento. El valor, de acuerdo con el esquema financiero del mismo, fue indeterminado para efectos tributarios, en 66.019 millones de pesos, a precios de octubre de 1991.

Las partes también establecieron que para recuperar la inversión realizada por el concesionario, esta se haría mediante los derechos de recaudo del peaje en los sitios indicados en la propuesta, y la cesión de la contribución de valorización decretada y liquidada para el proyecto. Así, la TIR se determina en 17,22 por ciento anual en términos reales después de impuestos.

Como ya se explicó, el concesionario recibió ingresos por concepto de peajes hasta mayo de 2023, pero un informe elaborado por Edurbe S.A., la interventora del contrato, determinó que la TIR ya se había cumplido en octubre de 2020.

En febrero de 2021, la Concesión presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, una demanda por los términos del contrato, a lo que el Distrito respondió con una demanda de reconvención, insistiendo en que la TIR ya se había cumplido. Sin embargo, el 31 de mayo de 2022, el arbitramiento determinó que la tasa de retorno sí se había cumplido en octubre de 2020.

Con base en esos argumentos legales, la Alcaldía de Cartagena presentó en julio de este año un informe donde enumeró los supuestos hallazgos y compromisos incumplidos por la empresa, especialmente los dineros recaudados durante esos tres años. Se ordenó entonces  el desmonte de los peajes.

“Ahora, el Distrito espera que el Juzgado resuelva que se satisfagan sus pretensiones: declarar la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, por parte de los demandados; ordenar la devolución de los dineros recaudados por concepto de peaje y telepeajes de forma irregular; y exigir las medidas necesarias tendientes a evitar la vulneración de los derechos colectivos alegados como vulnerados”, señaló el alcalde Turbay.

La Alcaldía Cartagena ya ha dicho que a esos 113.000 millones de la demanda se le deben sumar otros compromisos contractuales pendientes del concesionario, como 35.000 millones de pesos por ejecución de obras complementarias, y 23.000 millones de pesos con relación al mantenimiento de la vía.

A eso, dice el Distrito, habría que sumarle 387 millones por concepto de bienes inmuebles, 179 por señalización de tránsito desactualizada y 2.896 millones de pesos en relación con otros compromisos. En total, la reclamación económica por parte de la administración local asciende a 175.000 millones de pesos.