La lucha imposible por desminar el país

Durante los cerca de seis años de discusión del Acuerdo de Paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y los delegados de las Farc, uno de los temas que más generó diferencias durante las negociaciones fue cuál sería la vía para desminar el país.

La promesa, firmada por ambas partes en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, fue que los integrantes de la guerrilla entregarían las coordenadas de los artefactos explosivos, con el objetivo de que el Ejército, con la ayuda de los desmovilizados, pudiera despejar los territorios más azotados por la guerra.

Para realizar esta tarea de limpieza se puso en marcha el Plan Estratégico de Desminado, con el fin de descontaminar 673 municipios (60 por ciento del país), con especial énfasis en 28 departamentos en los cuales hay sospecha de presencia de artefactos explosivos.

Según cifras del Gobierno, el desarrollo de estas actividades tendría un costo aproximado de 327.000 millones de dólares, ya que desminar cada metro cuadrado puede costar alrededor de 6 dólares y en el país había 67.000 kilómetros cuadrados invadidos de explosivos.

El Plan comenzó en 2008 en Arauca, Cauca, Huila, Antioquia y Norte de Santander, y en año y medio avanzó a pasos agigantados, pero luego ha retrocedido hasta la frustración. Tanto, que solo ha sido posible desminar 13.000 kilómetros cuadrados, lo cual quiere decir que en el país sigue habiendo poco más de 52.000 kilómetros cuadrados plagados de minas.

La tarea se ha visto entorpecida por tres factores: restricciones relacionadas con el conflicto armado (40 por ciento); limitaciones geográficas o de infraestructura (40 por ciento), y restricciones relacionadas con protestas de comunidades coaccionadas por los grupos ilegales (20 por ciento).

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Acción Integral contra Minas Antipersona de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (AICMA OACP), desde 2017 hasta el 31 de agosto de 2023 se han registrado 902 nuevas víctimas de Minas Antipersona (MAP), Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) y Municiones Sin Explotar (MSE). Entre las nuevas víctimas, el 60,8 por ciento han sido civiles.

Este año, el organismo calcula que más de 520.000 habitantes, distribuidos en 122 municipios, han estado en riesgo de sufrir un accidente por un explosivo, de sufrir confinamientos por cuenta de los territorios minados, o de ser desplazados por la presencia de estos artefactos.

En cuanto a la localización de los eventos y las víctimas, los departamentos con mayor número de víctimas hasta agosto de 2023 han sido Nariño (35), Chocó (12), Cauca (9), Bolívar (7) y Antioquia (6). 

¿Por qué ha sido tan difícil desminar?

Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la reconfiguración de los conflictos armados en el país, las disputas territoriales entre diversos actores armados, así como el control de los cultivos ilícitos han contribuido al repoblamiento de minas en muchas zonas del país, una situación que sucede en silencio en las regiones más violentas.

“Este fenómeno tiene como consecuencia que comunidades enteras experimenten temor, ansiedad e impotencia, pues han perdido sus medios de subsistencia y el acceso a servicios médicos y educativos, al no poder transitar libremente por su territorio, debido a la amenaza constante y silenciosa que representan los artefactos explosivos”, asegura el informe.

Para Miguel Sanabria, analista internacional, otro fenómeno que ha incidido es –paradójicamente– el proyecto de la Paz Total, pues el supuesto cese al fuego ha sido utilizado por las organizaciones en armas para instalar nuevos artefactos explosivos con el fin de defender sus zonas de influencia.

De acuerdo con cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en 2023 han sido despejados 987.174 metros cuadrados, cifra menor a la de 2022, cuando se despejaron 1.881.034 metros cuadrados, y a la de 2021, cuando la cifra fue de 1.909.198 metros cuadrados.

“Las condiciones de seguridad en 124 municipios de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Vaupés han imposibilitado que sean priorizados por el Gobierno para la realización de operaciones de desminado humanitario, con lo cual los artefactos explosivos continúan siendo una amenaza para la seguridad y el tránsito de las comunidades vecinas”, indica la oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Explosivos más agresivos

Integrantes del Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos (CENAM) del Ejército, en el departamento de Nariño, detectaron hace poco nueva modalidad de artefactos que están siendo instalados por los integrantes del frente Oliver Sinisterra, bajo el mando de alias el Gringo, que siguen las órdenes de la Segunda Marquetalia en su disputa territorial con el frente Urías Rondón, del Estado Mayor Central.

Los expertos del Ejército encontraron que los subversivos entierran, a 50 centímetros del suelo, canecas con hasta 30 kilos de explosivos con la capacidad de afectar a más de 20 personas con una sola explosión.

“Instalan hasta cinco detonadores en varios puntos del terreno. Si alguno de ellos llega a ser pisado, activa toda la carga explosiva. El poder es tal que la persona que la pisa desaparece”, afirma un alto oficial del CENAM.

En lo corrido de 2023, el Ejército ha sufrido 61 eventos relacionados con explosivos, que han terminado en 23 militares muertos y 17 heridos. Aunque la reducción de eventos con respecto a 2022 ha sido del 38 por ciento, el menor número de eventos ocurridos el año pasado (49) produjo 20 militares muertos y 98 uniformados heridos.

Con respecto a la incautación de explosivos, las autoridades han decomisado este año 15.123 kilogramos de explosivos, 54.973 metros de cordón detonante y 20.312 detonadores.

“La mayoría del explosivo incautado ha sido de fabricación casera a base de nitrato de amonio, el cual es extraído de algunos fertilizantes. Otra parte del explosivo incautado ha sido de procedencia extranjera, pero es difícil determinar exactamente de dónde viene”, asegura el alto oficial.

La de la incautación de explosivos ha sido la estrategia del Ejército para contrarrestar la impotencia que provoca no poder desminar. Se trata de encontrar los explosivos antes de que las bombas sean instaladas, e incluso antes de que sean fabricadas. 

¿Podrá Colombia ser desminada?

Colombia, como firmante de la convención de Ottawa, que regula el uso de artefactos explosivos, se comprometió a librar al país de minas antipersona a más tardar el 31 de diciembre de 2025. El compromiso fue firmado el 20 de noviembre de 2020 por el entonces comisionado de paz, Miguel Ceballos.

Pablo Parra, jefe del Servicio de la ONU contra las Minas Antipersona (UNMAS), asegura que el país no podrá cumplir con semejante compromiso, comenzando porque a estas alturas el país todavía no sabe cuántos artefactos hay instalados, ni en qué puntos específicos se encuentran.

“Según los cálculos de la ONU, habrá más personas en riesgo de ser víctima de una mina antipersona en 2023, frente a las que había en los años pasados, al menos un 8 por ciento”, asegura el funcionario.

En opinión de Miguel Sanabria, el conflicto entre los grupos armados ha recrudecido la siembra de minas, porque, aunque aterrador, es el más eficaz método para defender un territorio o evitar que alguien ingrese en él. “Los enfrentamientos con la fuerza pública han disminuido, pero entre los ilegales han aumentado, y con ellos, el uso de artefactos”, afirma.

Un alto oficial del CENAE agrega que, pese a todo los esfuerzos del Estado y la dedicación de los integrantes de la fuerza pública en la lucha diaria por neutralizar la amenaza con artefactos explosivos, "la realidad es que el presidente que va a entregar a Colombia libre de minas aún no ha nacido".