Cárceles colombianas: el lugar más seguro para delinquir

El sistema carcelario del país está en crisis, no solo por el alto número de internos sino por el control que ejercen organizaciones delincuenciales en varias cárceles del país.

Este panorama ha demostrado que los delincuentes se sienten más seguros desde las mismas cárceles, desde donde controlan todas las acciones criminales hasta el punto de comprar los servicios de guardias y directivas de los centros carcelarios.

Para Hugo Acero, experto en seguridad, “la amenaza de la cárcel no disuade la acción de los criminales, que convirtieron las prisiones en el sitio más seguro desde donde pueden seguir delinquiendo. Las controlan y las convirtieron en otra fuente de recursos que comparten con algunos servidores públicos corruptos, en medio del todo vale. En Colombia lo mínimo que un interno o interna debe pagar a los criminales y corruptos para poder vivir “más o menos” en las cárceles son cinco millones de pesos mensuales. Igual sucede en las demás cárceles de la región”.

La principal fuente de financiación en las prisiones es la extorsión, en especial a comerciantes, tenderos y transportadores.  En los últimos años, este delito se ha incrementado en las cárceles más importantes del país.

Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), una de las principales estrategias de las autoridades, en medio de sus esfuerzos por desarticular a las organizaciones delincuenciales y combatir la extorsión, ha sido capturar mandos medios y altos, lo cual se ha calificado como un importante golpe en contra de las organizaciones ilegales. "Sin embargo, esta estrategia no estaría cumpliendo su objetivo, pues la reclusión de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales parece estar trasladando sus centros de operación a las cárceles del país”, dice la fundación. 

Para los investigadores, las cárceles están convirtiéndose en centros dinamizadores del delito, propiciado por los altos índices de hacinamiento, corrupción y las dificultades existentes para el mantenimiento del control y las regulaciones en su interior.

Centros de delito

Para Ospina, lo que ocurre en los centros carcelarios es un problema que puede solucionarse con la construcción de más centros carcelarios y controles para evitar la permisibilidad por parte de las autoridades y de los mismos guardias.

Este es un problema de Estado, de los gobiernos locales y del Congreso de la República, porque hacen falta recursos para reconstruir el sistema carcelario y penitenciario, que hoy es obsoleto. Más del 80 por ciento de las cárceles tienen más de cincuenta años de construcción y su gobernabilidad ha estado en entredicho por el control delincuencial y la corrupción de algunos servidores públicos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)”, dice Ospina.

Un estudio de Pares identificó algunos de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales que operan en las principales ciudades del país. Se encontraron patrones en sus dinámicas de funcionamiento, principalmente en el delito de extorsión y su dinamización. 

“En Bogotá se pueden destacar nombres, como el de Michael Brayan Reyes, alias Brayan 38, quien sería uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en la ciudad, y actualmente se encuentra recluido en la Cárcel El Bosque en Barranquilla. Por otro lado, se encuentra José Manuel Vera, alias Satanás, líder de la banda Satanás, quien se encontraba recluido en la cárcel de Girón, en Santander, y recientemente fue trasladado a la cárcel La Tramacúa en Valledupar. También se ha identificado a Néstor Aguirre, alias Camilo, líder de la banda Los Camilos”, dice el informe.

Otro de los cabecillas identificado por la investigación es Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Óber,  principal cabecilla de los Rastrojos Costeños, que se encuentra recluido en la cárcel La Picota, así como a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder de Los Costeños, recluido en la cárcel de Palmira.

Los investigadores también identificaron en la ciudad de Cúcuta nombres como el de Evert Carreño Corredor alias Porras, líder de la banda Porras o Familia, así como el de Jhoswar Saúl Hernández Sanabria, alias Saúl, líder de la banda AK-47, quien actualmente se encuentra prófugo.

Así mismo, el documento identifica en el Valle de Aburrá a Gustavo Adolfo Pérez, alias Montañero, cabecilla de El Mesa; Freyner Ramírez García, alias Carlos Pesebre, y Julián Jiménez Monsalve, alias Machete, cabecillas de Los Pesebreros. También a  Elkin Triana, alias el Patrón, cabecilla de Los Triana, y Francisco Mazo Pulgarín, alias Pocho, cabecilla de Los Pachelly.

“Lo que hay que resaltar es que todos tienen algo en común, y es que han sido señalados de presuntamente continuar coordinando y liderando actividades delictivas, especialmente de extorsión, desde sus lugares de reclusión. Esto lo realizan principalmente a través de llamas telefónicas, así como mensajes y audios enviados a través de WhatsApp, burlando los controles y las medidas de seguridad existentes en las cárceles”, enfatiza la fundación Pares.
 
En opinión de Ospina es importante replantear la estrategia que se realiza en las cárceles, donde los cabecillas son trasladados a otras prisiones para afectar las estructuras delincuenciales, pero delegan en otros mandos para seguir coordinando las actividades criminales.

De acuerdo con el portal Siedco, sobre estadística delictiva, de la Policía Nacional, en 2020 los ciudadanos colombianos reportaron 8188 casos; en 2021, 8342; en 2022, 9791, y en el 2023, 9871. Es decir, el delito ha ido en aumento en los últimos cuatro años. Al comparar el número de casos entre el 2020 y el 2023, la cifra de la conducta criminal tuvo un incremento del 20,5%.

Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en los departamentos de Cundinamarca (1827), Antioquia (1725), Atlántico (1227), Valle del Cauca (1010) y Norte de Santander (525 casos).

“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresa el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Soluciones a la vista 

Uno de los mecanismos implementado por el Inpec para contrarrestar las extorsiones desde las cárceles es la denominada “Operación Dominó”, que consiste en trasladar de manera periódica a distintos centros de reclusión de alta seguridad a los líderes de las organizaciones delincuenciales señalados de seguir delinquiendo desde la cárcel. Esto con el fin de evitar su comunicación con el exterior y consolidar su control y vigilancia personal.

Para la Defensoría del Pueblo, el problema se agudiza porque algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha  ocurrido en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca; en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, y también en otros centros.

“Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”, indica el Defensor del Pueblo.

Para el organismo gubernamental, de los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec),  solo en 16 se ha instalado el sistema de inhibición de señal; sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.

“Combatir ese delito requiere una actuación conjunta y coordinada desde las diferentes instituciones del Estado. Por ello solicitamos una mayor articulación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de que implementen con urgencia planes efectivos, idóneos y eficaces para contrarrestar los casos de extorsión y amenazas que se han presentado en las cárceles colombianas”, dice Camargo Assis.

Según cifras del Gaula de la Policía, en lo corrido de 2024 se han recibido 3.836 denuncias por el delito de extorsión, un incremento del 6 por ciento en comparación con 2023; sin embargo, en 81 por ciento de los hechos, las víctimas no accedieron a las exigencias de los delincuentes, evitando el pago de más de 49.000 millones de pesos.

“De los 3.836, 63 por ciento son hechos de modalidad clásica y el 37 por ciento modalidad digital. Algunos casos provenientes de esta última modalidad estarían relacionados con la extorsión carcelaria, dependiendo de los procesos investigativos”, indica el informe de la Policía.

Las cárceles con mayor afectación del delito de extorsión son La Picota, Doña Juana de la Dorada, Caldas y Tramacúa. 

“En este año, se ha logrado la captura de 1.015 personas por el delito de extorsión, un incremento del 7 por ciento comparado con 2023. El 85 por ciento de los capturados se encuentran con medida de aseguramiento intramural”, asegura el Gaula.