“No tendríamos que limitar nuestras vidas por miedo a que nos maten’’: así es hacer política bajo amenaza en los territorios

Margarita Guerra Zúñiga, 38 años. Es diputada en el departamento del Magdalena por el movimiento Fuerza Ciudadana y dice que su ejercicio político se ha concentrado en defender jurídicamente a su colectividad. Pero asegura que justo por esa defensa, hace tres meses vivió uno de los peores episodios de su vida. 

Era mediodía y salía de hacer vueltas con su hermano y su sobrina. Se subió al carro en el asiento de copiloto e intentó resolver un problema: le habían hackeado su cuenta de X (antes Twitter). Cuando intentaba solucionarlo, sintió un golpe. Un accidente, pensó. Pero levantó la mirada y lo que vio fue a un hombre apuntándole. Quedó anonadada. 

El joven pistolero no logró accionar el arma y huyó. “Se le encasquilló”, dicen algunos testigos del episodio. Por fortuna, hoy la diputada puede contar la historia, pero lo hace con miedo porque el joven no disparó, pero dejó un ramo de flores, una bala y un panfleto que decía “Naranja sapa hp. Te quitas o te quitamos”. 

Margarita Guerra no se ha quitado, pero sí reclama garantías para poder ejercer su liderazgo sin miedo. Como ella, en el país hay cientos de alcaldes, diputados, concejales, líderes sociales, comunales y otros que han resultado amenazados por defender unas banderas y por representar a un sector político. 

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), desde 2019 en el país han sido asesinados 31 precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Además, solo entre 2018 y 2023 se han reportado 192 atentados. 

Además, la MOE reporta que entre el 1° de enero y el 8 de mayo de este 2025 en el país se han registrado 134 hechos de violencia contra personas con liderazgo político, social y comunal. De esa cifra, 59 casos se clasifican como asesinatos o atentados, y 13 fueron secuestros. ¿Cómo es hacer política bajo amenaza? ¿Vale la pena? ¿Qué le piden los líderes al Gobierno? Estas son sus historias. 

Margarita Guerra, 38 años

Guerra es abogada. Tiene 14 años de experiencia asesorando campañas y haciendo políticas públicas. Sin embargo, en 2023 la política la emocionó, se lanzó y resultó elegida diputada por el movimiento de izquierda que está al mando de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena. 

Dice que siempre ha luchado contra las irregularidades y le ha apostado a la defensa de las instituciones. Cuenta que una de sus primeras batallas en el cargo fue demandar la elección de la mesa directiva de la asamblea departamental. Desde el 28 de febrero de este 2025, Guerra cuenta cinco fallos favorables en ese mismo proceso. Es decir, sentencias judiciales que reconocerían que hubo irregularidades. 

Suena como un hecho de simple control político. Pero relata que esa simple decisión ha trascendido. “He recibido ataques de diputados: una persona hasta se metió con mi vida privada, consiguió un diagnóstico y me empezaron a criticar”, mencionó. Luego, las críticas empezaron a aparecer en redes sociales, intentaron hackear sus redes sociales y lo último y más complicado fue el atentado del pasado marzo de este 2025. 

Es cierto que hasta ahora las autoridades no han determinado una relación directa entre los hechos que se presentaron en la asamblea y el atentado en su contra. La misma diputada asegura que ella no culpa a ninguno de sus compañeros, pero dice que “las palabras pueden incentivar a otras personas”. 

La vida, desde entonces, cambió para Guerra y sus dos hijos menores de edad. Hoy, ella sigue haciendo política, pero lo hace con incertidumbre e intentando aplicar las recomendaciones de autocuidado que le han dado las autoridades, porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le ha respondido a una segunda solicitud de un esquema de seguridad. 

“Me tocó tomar precauciones con mis hijos, porque ellos no tienen que sufrir esto. La que decidió hacer política fui yo. La gente cogió pánico de ir a prestar servicios a mi casa, las mamás de los amigos de mi hijo mayor no quieren que sus pequeños estén en el mismo carro que él”, relató. Esas son algunas de las consecuencias de su ejercicio político.

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Andrés Pérez*, 40 años

Andrés Pérez es indígena del pueblo Nasa, una comunidad del Cauca, departamento que ha sido golpeado por el conflicto y hoy vive una escalada de violencia. 

Pérez tiene 40 años y desde los 17 años ha defendido los derechos humanos de su comunidad. En especial, a las niñas y niños, que suelen estar en riesgo de reclutamiento por parte de grupos armados al margen de la ley. De hecho, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) viene alertando que este problema se ha acentuado desde 2024. Solo en ese año, la Defensoría registró 533 casos de reclutamiento forzado en el país. De esa cifra, 323 correspondía a niños y adolescentes y 210 a niñas y adolescentes. 

Contra ese fenómeno ha luchado Pérez durante más de 20 años y ya ni siquiera lleva una cuenta de las veces que ha sido amenazado. Solo dice que son muchos. “Las amenazas son frecuentes: he sido víctima de persecuciones en vías, mi nombre ha aparecido en panfletos, me han llegado mensajes de texto, han asesinado más de 20 personas cerca de mi casa para generar miedo y muchas cosas más. Pero hemos sido muy afortunados en que no se han concretado”, relata.  

Sin embargo, nada de eso ha permitido que Andrés Pérez deje de luchar por la defensa de los menores de edad en su comunidad. Sin embargo, luego de tantos episodios amenazantes, algunos aspectos de cómo trabaja sí han cambiado. Por ejemplo, ahora hace menos eventos en lugares donde no se siente protegido, sus hijos menores no salen sin avisar dónde estarán y su hijo mayor se fue del país por amenazas de reclutamiento. 

“Siempre me preguntan por qué seguir defendiendo los derechos humanos y la respuesta es la misma: convicción. Intentamos que nuestros menores vean ese ejemplo y que los episodios de violencia no se repitan. Pero lo ideal sería que no tuviésemos que limitar nuestras vidas por miedo a que nos maten”, asegura el líder indígena en diálogo con CAMBIO. 

Jhonny Marín, 42 años

Jhonny Marín, de 42 años, está en su segundo periodo como alcalde de Toledo, un municipio del departamento de Antioquia. Su recorrido político comenzó en 2011. Esa vez, un grupo de amigos le insistió que se lanzara a la Alcaldía de su pueblo, participó en la consulta del Partido Conservador y perdió. 

Marín no se quedó con las ganas, así que en 2015 volvió a aspirar y con el aval de ‘los azules’ llegó al cargo por primera vez. Una ilusión. Pero cuenta que en 2019, al cierre de ese mandato, uno de los candidatos fue asesinado y ahí empezaron las amenazas en su contra. Ni siquiera pudo terminar su periodo en el pueblo, tuvo que irse a Medellín. 

Parecía el cierre de sus aspiraciones políticas. Pero dice que “las ganas de trabajar por el pueblo y la acogida de la gente” lo impulsaron a volver a lanzarse. Así fue y en 2022 regresó a la arena política. Ese mismo año fue víctima de un atentado. 

Era un día de octubre y Marín bajaba al pueblo con su padre para vender el café que habían recolectado unos días antes. Cuenta que guardó su carro en su casa en el pueblo y cruzó la calle para conversar con la dueña de un negocio. No pasaron 10 minutos cuando escuchó a la gente gritar. Se volteó y vio a un hombre apuntándole. Por uno de esos episodios de fortuna, el arma no le funcionó en ese instante al pistolero y Marín alcanzó a correr, pero recibió tres disparos en la espalda. 

“Estoy vivo de milagro. Nunca se capturaron a las personas detrás del atentado. Pero estoy seguro que el origen es político, porque la primera vez que recibí una amenaza fue de personas cercanas a la política y mencionaron a otras personas: una está muerta, la otra vive en Estados Unidos y en mi caso cometieron el atentado”, detalla. 

Ese episodio cambió su vida, pero no su interés por mantener su aspiración política. Aunque su familia le pedía que dejara todo eso a un lado, siguió su campaña y ganó las elecciones. Aunque hoy tiene esquema de protección, las amenazas no disminuyeron. Además, en mayo de este año la UNP le retiró la camioneta blindada. 

Su familia se fue del pueblo, sus hijos viven en otra ciudad y él se mueve en una camioneta blindada que le prestó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Marín dice que se ha quedado en el cargo por esas ganas de trabajar por el pueblo, pero asegura que ya no está dispuesto a seguir en riesgo. Incluso, dice que si se queda sin la seguridad necesaria, estaría dispuesto a renunciar al cargo.

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Jonhy Fernando Acosta, 34 años

Acosta es diputado del Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Comenzó en el activismo a los 18 años, fue líder sindical, recorrió el país y dice que durante mucho tiempo luchó incansablemente por los derechos de los trabajadores. 

En 2024, ya siendo diputado, Acosta comenzó a hacerle control político a la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Entre esos hechos, ha presentado denuncias relacionadas con la antigua Imprenta Departamental del Valle, hoy conocida como Impretic, entidad que ha sido investigada por ser un presunto 'contratadero', y por sus contratos con la campaña de la gobernadora. Además, menciona investigaciones relacionadas con el pasado de Toro, entre otros. 

De acuerdo con Acosta, a raíz de todo ese control político empezó a recibir cientos de mensajes en todas sus redes sociales en los que lo atacan. Algunos hasta empezaron a amenazarlo de muerte. “En 16 años de ejercicio político nunca había recibido amenazas. Incluso, esos hechos hicieron que la UNP me asignara un escolta y un chaleco antibalas”, asegura.

Pero es claro que en este momento las autoridades no han determinado una relación directa entre esos mensajes y la gobernadora del Valle. 

Además, Acosta tiene un riesgo adicional, pues es uno de los diputados que ha denunciado que integrantes de la banda Los Flacos estarían detrás de la desaparición de jóvenes en Cartago, Valle del Cauca. &nbsp

*Nombre cambiado para proteger su identidad.