Las irregularidades que la Procuraduría encontró en el Sena y que tienen a la entidad en un caos tecnológico

El pasado martes, en horas de la mañana, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación llegaron a las instalaciones de la dirección general del Sena para, en el marco de sus funciones de vigilancia preventiva, revisar lo que está pasando con el contrato de conectividad que desde el pasado 27 de octubre generó un apagón digital en la entidad. 

La visita, liderada por el procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, se generó tras las reiteradas quejas de estudiantes de la institución y también los colaboradores quienes están afectados por los problemas que se presentan por la falta de internet, las fallas en algunas aplicaciones y en el data center y las intermitencias en otros servicios. 

Además, se está buscando establecer qué pasó con el proceso que el Sena firmó con la empresa Internexa para que asumiera la prestación del servicio de conectividad una vez se acabara el contrato con Telefónica Movistar, que hasta octubre fue el operador de la entidad. Y es, que según el delegado Melgosa, “al parecer hubo improvisación en el empalme y el Sena no se preparó, ni montó un plan de contingencia“. 

A la diligencia que en las últimas horas hizo la Procuraduría se suman los requerimientos y más de tres oficios que desde el mes de julio ese ente de control le ha enviado al Sena para que explique qué es lo que está pasando. El Ministerio Público ahora también le puso la lupa a la denuncia de CAMBIO, con la que se pusieron en evidencia pagos millonarios por un servicio que el Sena tiene desde abril pero que presuntamente no usó. 

Los primeros hallazgos de la Procuraduría

Al pedirle al Sena información sobre el proceso de contratación que adelantó para tener un nuevo operador de internet en la entidad, el delegado de la Procuraduría Marcio Melgosa y su equipo encontraron que se firmó un convenio con Internexa, que también es una empresa de naturaleza pública, para que de esa forma el proceso no tuviera que regirse por la ley de contratación. 

En el marco de ese convenio se otorgó posteriormente un contrato interadministrativo entre ambas entidades -el Sena e Internexa- por 65.000 millones de pesos con el objetivo de prestar el servicio de internet en todas las sedes de la institución a nivel nacional, es decir, para hacer una parte de lo que antes hacía Telefónica Movistar. 

El problema es que aunque ese servicio empezó a prestarse en abril de este año, cuando Internexa conectó sus enlaces, el Sena no pudo hacer uso del mismo. La razón es que para lograr la conectividad completa se necesitan unos switches o unos equipos de interconexión que a la fecha no han sido adquiridos. 

Según lo que encontró la Procuraduría, el Sena ha generado tres facturas ordenando pagos por 10.300 millones de pesos a Internexa pese a que no ha usado los enlaces que instaló esa empresa hace siete meses. “El no tener los equipos es un tema que  debió prever el Sena para hacer una transición adecuada, pero no lo hizo y por eso ahora hay tantos problemas de conectividad”, explicó una fuente del ministerio público a CAMBIO. 
 
Sin embargo, uno de los temas más graves que hasta el momento ha encontrado el delegado Mario Melgosa es que por decisión del Sena, Internexa será también la que se encargue de proveer los equipos que faltan. En ese sentido, como esa empresa no tiene equipos propios, tendrá la posibilidad de hacer un proceso de subcontratación interno para comprarlos.

Eso, para el funcionario de la Procuraduría, es una presunta tercerización con la que se está eludiendo el estatuto general de contratación ya que se entregará un contrato directo, sin ninguna vigilancia y control y sin hacer un proceso de selección que garantice la competencia, el cumplimiento de las normas y las garantías que tienen las empresas que ofrecen ese tipo de servicios. 

Pero, además, hay otro problema: Para que Internexa pueda hacer esa compra, el Sena le tuvo que hacer una adición al contrato interadministrativo que firmaron en diciembre del año pasado. Esa adición es por 31.000 millones de pesos, que equivalen al 48 por ciento del contrato original. 

Por si eso fuera poco, las adquisiciones que hará Internexa, según le informó el Sena a la Procuraduría, tardarán un par de meses lo que significa que los servicios tecnológicos para los estudiantes y trabajadores del Sena volverán a operar de forma normal hasta el 30 de enero del próximo año. 

Este nuevo escenario le preocupa a la Procuraduría que va a solicitar también a Internexa información sobre el procedimiento que hizo para dotar al Sena de los switches que hacen falta para tener el internet en sus sedes. 

A partir de esa nueva documentación que se recoja, se emitirán las conclusiones que, probablemente, tendrán implicaciones disciplinarias contra los funcionarios del Sena que lideraron dicho proceso de contratación.

¿Qué dice el Sena? 

Luego de las revelaciones hechas por CAMBIO el Sena emitió un comunicado explicando la situación. Según la entidad, no hay detrimento patrimonial y el servicio de conectividad, como parte de un paquete de servicios adicionales, fue prestado por la empresa Colombia Telecomunicaciones (Telefónica Movistar) hasta el 27 de octubre y a partir del 28, la institución asumió todos los servicios, a excepción del servicio del centro de datos en nube que fue contrato con Comware; el servicio de ciberseguridad, comprado a Real Time, y el servicio de internet, que se dejó en manos de Internexa. 

Según el Sena los pagos hechos a Internexa, sí tienen justificación ya que los servicios contratados a Internexa fueron configurados como un elemento de respaldo (backup) para los canales de comunicación proveídos en su momento por Telefónica Movistar “fortaleciendo la resiliencia corporativa” 

Entre tanto, funcionarios de la entidad, incluyendo al director Jorge Londoño, recibieron este martes la visita de la Procuraduría General de la Nación y aseguraron sobre ese procedimiento que tienen el compromiso de dar respuesta a todos los requerimientos e información solicitada por el ente de control.