Los 7.224 millones embolatados en un hospital de La Guajira

Un nuevo caso de incumplimientos y posible corrupción en el sector salud tiene embolatados 7.224 millones de pesos. La plata fue asignada por el Ministerio de Salud para obras de intervención de la planta física del Hospital San Lucas, en el municipio El Molino, en La Guajira, mediante la Resolución 933 de 2023, la cual fue ratificada por la Resolución 977 del 20 de junio.

El ministerio confirmó la adjudicación a través del Presupuesto General de la Nación exactamente por 7.224.939.737 para el centro hospitalario guajiro, cuya destinación específica debía ser la construcción de la infraestructura física de los servicios de consulta externa general, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, atención del parto y área administrativa de la ESE.

Los recursos hicieron parte de un paquete de más de 230.000 millones aprobado en 2023 por el ministerio para el "Mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional". El objetivo era financiar proyectos de inversión de Empresas Sociales del Estado E.S.E. de los departamentos de Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Buenaventura. En total fueron 20 hospitales beneficiados, en igual número de municipios.

El Hospital San Lucas es el más importante del municipio, que según el Dane tiene unos 6.000 habitantes. El centro médico funciona desde agosto de 1962, cuando inició operaciones como un puesto de salud adscrito al municipio de Villanueva. En 1993 fue establecido como hospital de primer nivel. Actualmente, ofrece el servicio de urgencias las 24 horas del día y hospitalización.

El contrato y sus enredos

La obra para el centro de atención médica fue adjudicada al Consorcio Hospital San Lucas, identificado con Nit.901.744.652-3, representada legalmente por Robinson Junior Aricapa Pérez.

El valor total del contrato fue de 6.748.616.530 pesos. Y el plazo inicial de la ejecución fue establecido en seis meses, contados a partir del 25 de septiembre de 2023, fecha en la que fue firmada el acta de inicio de la obra.

Unos días después, sin embargo, empezaron los problemas, porque el 3 de octubre fue suspendido el contrato de obra, que solo se reinició el 15 de diciembre. Y el 28 del mismo mes se presentó la segunda suspensión, hasta el 20 de febrero. Por eso, se estableció una nueva fecha para terminar los trabajos: el 29 de julio de este año.

Pero, el 31 de mayo, la interventoría había presentado un informe de posible incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Consorcio. Por eso el propio hospital empezó el respectivo proceso de declaratoria de las posibles faltas.

Por medio de los informes de la interventoría, se estableció que el contratista no cumplió con lo establecido en algunas cláusulas del contrato, que van ligadas directamente con el desarrollo de las obras y el desempeño del ejecutor.

De igual forma, se advirtió que de no cumplir, se podría declarar al contratista en incumplimiento y se haría efectiva la cláusula penal y la póliza correspondiente.

La cuantificación del daño, según lo auditado, fue estimada por un valor de 2.459.195.864 pesos, que corresponde al monto que se recibió como anticipo y que no fue ejecutado. A esto se tendría que sumar la cifra de 1.349 millones de pesos como sanción penal por el incumplimiento.

Debido a la gravedad de la situación, se citó al contratista y al garante, la compañía Nacional de Seguros S.A., a una audiencia el 18 de junio, para que presentaran descargos correspondientes al informe de la interventoría.

El Consorcio se defendió argumentando que el retraso en la obra se debía a problemas de estabilidad del terreno. Pero, cuando le solicitaron las pruebas de esto, nunca las presentó. Por lo que la interventoría desmintió esta versión. Al final, la audiencia fue aplazada por petición de la aseguradora.

La reunión fue reiniciada el 22 de julio, después de varios enredos administrativos. El hospital determinó que, luego de escuchar los descargos del contratista y la aseguradora, no desvirtúan el informe presentado por la interventoría, el cual manifiesta un avance de obra por el 13,56 por ciento y un retraso del 90,50 por ciento a siete días de que se cumpliera la fecha de entrega del contrato. Por lo que, según el criterio de los directivos del centro hospitalario, “se hace evidente el incumplimiento”.

El reclamo de la plata y la senadora

La semana pasada, a través de una comunicación oficial firmada por la dirección jurídica, el Ministerio de Salud le pidió a la directora del Hospital San Lucas, Isabel Paulina Aponte Díaz, devolver los 7.224 millones de pesos asignados en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La cartera nacional de salud señaló que la petición de la devolución se hizo después de que su subdirección de infraestructura determinó que, con corte al 7 de julio, el retraso de la ejecución del contrato llegaba al 86,26 por ciento, a menos de tres semanas del plazo establecido.

CAMBIO envió varios mensajes a Aponte Díaz, la directora del hospital de El Molino, para saber cuál es su posición sobre la decisión del ministerio y de la solicitud de devolución del dinero, teniendo en cuenta que esto terminará afectando diferentes proyectos del centro médico. Pero, hasta ahora, no obtuvimos respuesta.

De igual manera, intentamos comunicarnos con el Consorcio Hospital San Lucas para conocer su posición sobre la suspensión del contrato. Llamamos en varias oportunidades al número registrado oficialmente y que aparece en el Formulario Único de Registro Tributario de la Dian, pero este está desactivado.

En La Guajira le están pasando cuenta de cobro a la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico), a quien relacionan con el contratista y le recordaron algunas de sus publicaciones en redes sociales, en las que se atribuyó la gestión de los recursos para las obras del Hospital San Lucas.

El Diario del Norte, por ejemplo, reseñó uno de los mensajes publicados por Peralta en el momento de la confirmación de los recursos por parte del Gobierno nacional. “Estamos muy felices de comunicarles a todos los molineros que logramos la viabilidad técnica de la construcción de la sala de consulta externa, la sala de parto, pero también la parte administrativa del Hospital San Lucas”, fue el mensaje publicado por la congresista.

Por su parte, la senadora Peralta le dijo a CAMBIO que “como congresistas trabajamos para que el gobierno arduamente tuviera en cuenta el Hospital San Lucas, por una necesidad vital y celebramos esa decisión que tomó el Ministro de tener en cuenta nuestro territorio”.

Sobre la declaratoria de incumplimiento del contrato, Peralta dijo que se logró realizar una mesa técnica con la gerente y el nuevo alcalde del municipio, Rafael Manjarrez.

"La conclusión de esa mesa técnica es que habrá una reunión con el alcalde, la gente y los contratistas para revisar la figura jurídica para definir si ellos son los que tienen la voluntad y capacidad para continuar con el contrato o sino se hará una sesión de contrato para que pueda avanzar”, agregó la congresista guajira.

Y acerca de los señalamientos que vinculan a Peralta de tener alguna relación con la entrega del contrato al Consorcio Hospital San Lucas, la política dijo que “no los conoce y no sabe quiénes son”, que todo obedece a “una mala fuente de su oposición política en La Guajira que los mal informa”.

Sorpresivamente, unos minutos después de que CAMBIO le preguntara sobre esos señalamientos de su posible relación con el contratista del hospital, la senadora Peralta publicó un mensaje en su cuenta de la red social X.

En este, además, dijo que respalda al Ministerio de Salud “en su decisión de solicitar los recursos asignados para reevaluar la ejecución de la obra, la vigilancia del Gobierno nacional es vital para la garantía de la correcta utilización de los recursos públicos”. Y adjuntó una foto en la que se le ve con el alcalde, la gerente del hospital y un funcionario del ministerio.

Hasta ahora, el hospital no se ha manifestado públicamente sobre la solicitud del Ministerio de Salud, tampoco el contratista. A pesar de que la plata fue entregada, las obras no han arrancado. "No han puesto ni un ladrillo", dijo un habitante del pueblo. ¿Y los 7.224 millones?, pregunta la gente.