Los pésimos precedentes del ingreso de la Policía a las universidades
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La propuesta de la alcaldesa Claudia López de que la Policía entre a la Universidad Nacional a buscar al responsable del ataque a un patrullero, durante las protestas de este jueves 8 de junio, han hecho recordar los fatales resultados que ha tenido la medida en el pasado.
Por: Maria F. Fitzgerald
Luego de que un agente de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) saliera gravemente herido durante las confrontaciones sostenidas entre el escuadrón y grupos de manifestantes encapuchados en la Universidad Nacional, de Bogotá, la alcaldesa, Claudia López, solicitó por Twitter al director general de la Policía ingresar a la universidad y arrestar a los responsables del ataque.
La reacción de los usuarios de redes no se hizo esperar. La Policía no ingresa a las universidades desde un episodio ocurrido dentro de la Universidad Nacional el 16 de mayo de 1984. De acuerdo con los registros, ese día se presentaron más de 500 hechos de brutalidad policial, entre ellos la tortura de al menos 80 estudiantes.
“La solicitud de la alcaldesa es desproporcionada porque el despliegue de la fuerza pública a las instituciones educativas tiene un precedente histórico desastroso. En 1984, cuando la fuerza pública ingresó a la Universidad Nacional, las consecuencias fueron atroces y estos hechos aún permanecen en la impunidad”, aseguró Alejandro Lanz, director de la ONG Temblores a CAMBIO.
Desde entonces, el ingreso de la Policía a las universidades ha sido negado. Recientemente, la Comisión de la Verdad solicitó crear códigos estrictos para prohibir el ingreso y no permitir que hechos así vuelvan a ocurrir.
Lanz añade que la labor de detención de los responsables no le compete a ella y tampoco a la Policía, sino a la Fiscalía: “Le compete a la Fiscalía adelantar las labores de indagación e investigación que permitan identificar a los responsables de este lamentable hecho protegiendo siempre el derecho al debido proceso y guardando la proporcionalidad y razonabilidad de las acciones”.
