Crédito: Colprensa - Corte Suprema de Justicia
Magistrado que pidió devolver terna para fiscal denuncia que Gustavo Petro lo "sataniza"
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Luego de que el magistrado Gerardo Botero presentara una tutela para cambiar la terna del fiscal general, porque estaba compuesta solo por mujeres, las críticas hacia el funcionario no han cesado. Botero aseguró que Petro lo lanzó a la "picota".
Por: Redacción Cambio
Luego de que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero presentara una tutela con el propósito de que se devuelva la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro para la elección de fiscal general de la nación en Colombia, las críticas hacia el funcionario no han cesado.
Según el magistrado, esta terna infringe el principio de igualdad y equidad de género, ya que está compuesta exclusivamente por mujeres. Además, le explicó al medio Semana que sus argumentos se basan en consideraciones legales y no tienen connotaciones de feminismo o machismo.
El comentario del funcionario viene a lugar luego de que el presidente Gustavo Petro convocara a grupos feministas para expresar sus opiniones, lo que ha llevado a que reciba múltiples criticas, principalmente en redes sociales. Botero le expresó al medio citado anteriormente su inquietud ante la posibilidad de que el presidente esté tratando de difamarlo públicamente por su postura.
El magistrado recalcó que su preocupación radica en la estigmatización injusta que está experimentando, ya que, en su opinión, se le está acusando erróneamente de ser antifeminista.
Cabe recordar que Botero expresó inicialmente su postura en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, donde se discutió un derecho de petición de un ciudadano que también solicitaba la devolución de la terna por razones similares. Sin embargo, la mayoría de sus colegas rechazaron su argumento, lo que lo llevó a presentar la tutela ante el Consejo de Estado.
El magistrado insiste en que su objetivo no es obstaculizar el proceso de elección del próximo fiscal general, sino resolver una controversia y prevenir futuras acciones legales. Su intención es garantizar el cumplimiento de la ley en lo que respecta a la composición de las listas para ocupar cargos públicos.
