Nuevo impuesto de seguridad en Antioquia: así funcionaría el polémico proyecto

La propuesta del gobernador de Antioquia, Julián Rendón, sobre la implementación de un nuevo impuesto para garantizar la seguridad en el departamento ha generado reacciones en diferentes orillas políticas. El proyecto ya fue aprobado por la Asamblea de Antioquia y su cobro comenzaría desde el primer día del próximo año. 

Daniel Quintero, Federico Gutiérrez y Álvaro Uribe son algunos de los políticos que han hecho pública su inconformidad con la propuesta que pretende recaudar más de un billón de pesos. Sin embargo, el gobernador Rendón insiste en que el impuesto será clave para intensificar la presencia de la fuerza pública en todo el departamento. 

“La inseguridad es el puesto más alto que pagamos como sociedad. Creo en la seguridad como generadora de tranquilidad y motor de la inversión. ¿Para qué libertad o bienes si no podemos disfrutarlos por la inseguridad”, sostuvo el gobernador en la defensa de su proyecto que fue aprobado con 14 votos a favor y 10 en contra. 

La Gobernación de Antioquia reveló que en 2024 se ha registrado un aumento superior al 13 por ciento en los homicidios. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del departamento, la presencia de actores armados como el Clan del Golfo y la expansión de bandas criminales ha generado temor en la población antioqueña. 

Cómo funcionaría el nuevo impuesto para la seguridad en Antioquia

La iniciativa que se implementará a partir del primero de enero de 2025 establece un cobro asociado a la tarifa de servicio público para las familias de estrato cuatro, cinco y seis que habitan alguno de los 125 municipios de Antioquia. Según Rendón, el cobro se aplicaría a un 15 por ciento del total de familias antioqueñas. 

De acuerdo con el proyecto de ordenanza, el dinero recaudado con el nuevo impuesto se destinará a cinco focos de inversión: tecnología para reforzar medidas de seguridad, fortalecimiento del escuadrón policial y militar, construcción de un nuevo centro carcelario, mejoramiento de espacios para la fuerza pública e intervención en espacios de convivencia ciudadana. 

El valor del nuevo impuesto corresponderá al consumo energético de cada familia en kilovatios / hora. El sector residencial contribuirá con 80 pesos por cada kilovatio consumido al mes, el sector comercial con 71 pesos y el sector industrial con 61 pesos. 

La vigencia del impuesto aprobado por la Asamblea de Antioquia iría hasta el 31 de diciembre de 2027 y  la compañía Valor Mas S.A.S sería la encargada de recaudar el dinero pagado por cada uno de los sectores contemplados en la medida. 

“No podemos, no aguantamos”: Fenalco rechaza la implementación del impuesto

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) se sumó a las voces de rechazo a la medida propuesta por la administración departamental. Para uno de los gremios más importantes del país, el cobro afectaría las finanzas de los pequeños, medianos y grandes empresarios, cuya continuidad es fundamental para la economía del departamento.

“No podemos, no aguantamos más impuestos desde las empresas. Aquí ya es bastante difícil ser formal. La invitación es a flexibilizar y minimizar la carga tributaria que ya soportan las unidades productivas del departamento”, explicó María José Bernal, la directora ejecutiva del gremio en el departamento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se mostró en contra de la iniciativa y rechazó la posibilidad de que Empresas Públicas de Medellín (EPS) se encargará de recaudar el dinero pagado por los ciudadanos como un sobrecosto a su tarifa mensual de servicios públicos. 

“Frente al proyecto de la creación de un nuevo impuesto-tasa que se discute hoy la Asamblea Departamental de Antioquia: No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas. No estoy de acuerdo que se afecte la tarifa de energía a través de la cuenta de servicios públicos”, dijo Gutiérrez a través de su cuenta de X. 

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por su parte, les solicitó a las entidades de control para revisar la legalidad del nuevo impuesto. De acuerdo con el exmandatario, la reciente aprobación del proyecto vulnera los derechos de los consumidores y afecta el principio de legalidad en la prestación de los servicios públicos. 

La mayoría de sectores que rechazan el impuesto en Antioquia coinciden en que las garantías para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos son un compromiso de las administraciones municipales y departamentales y, por eso, reiteran que deberían evaluarse otros mecanismos para incrementar la presencia de fuerza pública en el territorio.

A menos de un mes para que inicie la medida, serán la Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos las encargadas de determinar si el impuesto a la seguridad cumple con la normativa o si, por el contrario, será una nueva medida que caerá antes de su implementación.