Organizaciones denunciaron situación crítica de derechos humanos en Atlántico: piden intervención urgente

En una carta dirigida a la nueva defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, varias organizaciones sociales denunciaron la alarmante crisis de derechos humanos en el departamento del Atlántico, al acusar a la gestión anterior de dejar la Defensoría del Pueblo en una situación de profunda desconexión y desconfianza con la sociedad civil.

Las organizaciones señalaron que la defensoría de Carlos Camargo Asís falló gravemente en su deber de proteger y promover los derechos humanos en la región. Además, la carta subraya que, durante su mandato, la entidad se caracterizó por la falta de comunicación y diálogo con las organizaciones sociales, así como por una notable ausencia de respuesta ante las violaciones de derechos humanos que han agobiado al Atlántico.

Por otro lado, denunciaron que el diálogo con el defensor regional, Miguel Linero, es nulo. Las organizaciones tildaron al funcionario como "ciego, sordo y mudo, sin contundencia e independencia a la hora de ejercer su función como ente de control para enfrentar los hechos que han venido sucediendo, y para hacer pronunciamientos públicos y recomendaciones a las autoridades". Por ello, anunciaron que postularán pronto un defensor para que asuma el cargo. 

La carta también detalla los problemas graves en el Atlántico, que incluyen:

• Violencias basadas en género: se reportan 52 asesinatos de mujeres en 2024, con un subregistro de feminicidios y problemas significativos en el acceso a la justicia. También se observa un incremento en la violencia sexual y la violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+.
• Violencia contra menores: el uso ilícito de menores por estructuras criminales y su reclutamiento forzado siguen siendo preocupantes. Los adolescentes son especialmente vulnerables a ser utilizados en actividades delictivas.
• Homicidios y extorsiones: el departamento ha experimentado un aumento en los homicidios, con 569 casos registrados hasta septiembre de 2024. Además, las extorsiones afectan gravemente a pequeños comerciantes y al gremio de transporte público.

• Trata de personas: se han identificado redes que explotan sexualmente a mujeres y niñas y que operan en un corredor regional entre varias regiones del Caribe colombiano.
• Violencia contra defensores de derechos humanos: la carta señala la violencia sistemática contra líderes y defensores de derechos humanos, y la falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades locales.
• Desplazamiento forzado y conflictos por la tierra: la violencia y las disputas por el control territorial han incrementado el desplazamiento forzado en el departamento. 

Las organizaciones solicitan a la Defensora del Pueblo que asuma un papel activo en la mejora de la situación, enfatizando la necesidad de un defensor regional con altos estándares éticos y profesionales. Por último, piden que se avance en la implementación de recomendaciones para garantizar la protección de los derechos humanos y la promoción de la diversidad en la región.

"El Atlántico requiere y merece un defensor comprometido con la defensa y protección de los derechos humanos de sus habitantes, que promueva la diversidad y la inclusión de todos los sectores de nuestra sociedad, con especial atención de todos aquellos sectores poblacionales que han sido históricamente violentados, marginados y excluidos", concluye la carta.