¿Cómo va el lío con el peaje Papiros, el cobro en la vía Barranquilla-Cartagena al que se oponen los usuarios?

Desde el pasado 2 de septiembre, los miembros del comité contra el cobro del peaje Papiros hacen manifestaciones pacíficas en el punto de cobro de la Vía al Mar, que conecta a Barranquilla y Cartagena y empalma con la Circunvalar de la Prosperidad.

 Hace unos días la Gobernación del Atlántico se ofreció a asumir el mantenimiento y la administración de 14 kilómetros de la vía, que incluyen el punto de cobro, para desmontar la caseta del peaje. Sin embargo, la aceptación de dicha oferta no ha sido oficializada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En consecuencia, los manifestantes han insistido en seguir protestando.

Con carteles, actividades culturales y campañas informativas para decirles a los usuarios que no paguen el cobro y sean levantadas las talanqueras, los manifestantes le han insistido al gobierno departamental y nacional en que el “cobro del peaje es ilegal”.

Los últimos diez días, la situación ha sido delicada en el punto de Papiros, porque en varias oportunidades los miembros de la Policía Nacional y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), nuevo nombre del Esmad, han llegado a retirar a los manifestantes.

Durante los procedimientos de desalojo han sido denunciados hostigamientos, perfilamiento, criminalización, persecución estatal, violencia ilegítima policial, violencia sexual, detenciones arbitrarias y amenazas a la vida de parte de la fuerza pública e incluso de civiles.

Historia de tropiezos

Desde comienzos de 2023, los representantes de los usuarios de la vía Barranquilla-Cartagena, en especial los residentes en el municipio de Puerto Colombia, venían reuniéndose con el Gobierno nacional, directamente con los voceros de la ANI y del Ministerio de Transporte, para exigir el desmonte del cobro, inclusive de la tarifa diferencial propuesta por las autoridades.

Por periodos intermitentes dicho cobro ha sido suspendido. Así ocurrió entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de julio de 2024. Pero en agosto pasado la ANI y el Ministerio de Transporte anunciaron que se volvería a cobrar a los vehículos de categoría I y II, una tarifa diferencial que va entre 1.500 y 3.100 pesos para aquellos usuarios que realizaran una inscripción previa y cumplieran unas condiciones específicas.

Después de casi año y medio de diálogo y de 28 reuniones de concertación, el pasado 2 de septiembre fue reactivado el cobro. Esto provocó la indignación de los manifestantes. La ANI alegó que el cobro era necesario para el mantenimiento de la vía.

Pero, la ciudadanía reiteró su rechazo al considerar el cobro ilegal y antitécnico, argumentando que en el mismo municipio de Puerto Colombia hay otro peaje situado a menos de diez kilómetros.

Para los miembros del comité el cobro atenta contra el desarrollo económico de los habitantes del municipio de Puerto Colombia y Barranquilla, quienes necesitan circular a diario por la vía.

La autopista que incluye la Vía al Mar Cartagena-Barranquilla y empalma con la nueva Circunvalar de la Prosperidad, es de 146 kilómetros y tiene tres peajes: en los puntos Marahuaco, Puerto Colombia y Papiros. A estos hay que sumarles los dos puntos de cobro en el tramo nuevo de la Prosperidad, en Juan Mina y Galapa 2.

La carretera hace parte de la concesión Ruta Costera y fue adquirida por la compañía ISA Intervial por 2 billones de pesos en 2020, de la que Ecopetrol es la mayor accionista con el 51 por ciento. EPM tiene el 8 por ciento. La obra fue vendida por las firmas Mario Huertas Ingeniería y Construcción, Constructora Meco, Constructora Colpatria y Constructora Castro-Tcherassi. La concesión es a 25 años.

Últimas movidas

Para esta semana fue anunciada una nueva reunión entre los equipos legales y financieros de la Gobernación del Atlántico y de la ANI, para continuar el trámite de la desafectación de 114 kilómetros de la Vía al Mar entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Después de un consejo de seguridad realizado este lunes, Pedro Lemus, secretario general del Atlántico, dijo que la Gobernación hacía un llamado a la ciudadanía a “mantener la calma” y a “mostrarse pacientes frente al proceso de desmonte definitivo del peaje Papiros, que se daría en menos de 60 días”.

Según dijo Lemus, se cumplirá lo establecido en la resolución y en las actas. Y, además, señaló que la Gobernación “les hará seguimiento a las denuncias que se han interpuesto en medio de las manifestaciones que se han realizado en el peaje”.

Y ahí sus palabras tomaron otro tono, porque Lemus indicó que había denuncias de los manifestantes y de la Personería de Puerto Colombia, la Alcaldía de Puerto Colombia y el concesionario Ruta Costera.

En el consejo de seguridad participaron la Policía, la Procuraduría, el defensor del pueblo, la Fiscalía y autoridades municipales y departamentales. En este también se acordó instalar, de manera ampliada y permanente, un Puesto de Mando Unificado. Además, se autorizó la presencia de un representante de alto nivel de la ANI y del Ministerio de Transporte, “con el fin de tomar decisiones compartidas frente a los acontecimientos alrededor del peaje y de incorporar a la mesa las directrices que se tengan desde la Presidencia de la República”.

Lemus insistió en que no se pueden romper las vías de diálogo y que las mismas seguirán abiertas con todos los actores.

El Ministerio de Transporte también se pronunció a través de un comunicado de prensa en el que destacó su intención de “promover y acompañar las dinámicas de diálogo social y concertación”, alrededor de situaciones como las registradas con el peaje Papiros.

El ministerio insistió en que el cobro de peajes a los usuarios es necesario para la cofinanciación de las iniciativas privadas que desarrollan concesiones de vías como la Vía al Mar de Barranquilla-Cartagena.

La cartera de Transporte lanzó un mensaje camuflado pero directo a los manifestantes de Papiros. “Nos preocupa, por el riesgo inminente que esto acarrea, la utilización política de los peajes”, señaló.  También dijo que no considera “aceptables las vías de hecho que atenten o pongan en peligro a los usuarios de las vías, representantes del Ministerio Público, fuerza policial, y a quienes trabajan en los peajes”.

El mensaje del ministerio también pareció hacer una “advertencia” a los manifestantes, al señalar que “bloquear o vandalizar un peaje puede ser considerado un delito de daño en bien ajeno, así como un acto de obstrucción de vías públicas, con penas que van desde 16 a 90 meses y multas hasta 37,5 SMLMV”. Y añadió que no permitirán “que se suban las talanqueras impidiendo el cobro legal en los peajes”.

Estos mensajes más recientes de las autoridades fueron calificados por los manifestantes como “intimidantes” y “amenazantes”. Y, además, insistieron en su petición de la suspensión del cobro de las categorías C1 y C2 durante el tiempo que tome formalizar el traspaso para mantenimiento y operación del tramo de 14 kilómetros a la Gobernación del Atlántico y garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica. Todo parece indicar que seguirán en su lucha y aún faltan más 'batallas' en el punto de Papiros.