El peaje de Sabanagrande: el otro 'chicharrón' en las autopistas del Caribe

El plan retorno del pasado puente de Reyes estuvo marcado por protestas y bloqueos que generaron grandes trancones en varias vías del departamento del Atlántico. Una de las situaciones más críticas se vivió en el punto de las casetas de cobro del peaje en el municipio de Sabanagrande, el que para muchos es uno de los grandes ‘chicharrones’ que debe resolver el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La vía hace parte del Proyecto de Concesión Vial Autopistas del Caribe Corredor de Carga Cartagena - Barranquilla, bajo la administración del concesionario Autopistas del Caribe. Y el de Sabanagrande no es el único peaje con problemas en la vía, porque en Turbaco y en Luruaco también se han venido registrando constantes protestas de parte de la comunidad, lo que ha agravado la situación.

El lío con el peaje es que la comunidad señala que el contrato ya se venció y que el concesionario no ha cumplido con los requisitos financieros y de ejecución establecidos. Además, dice que sobre el contrato se hizo una prórroga de manera ilegal y subrepticia.

La situación es muy delicada: durante casi todo el mes de diciembre hubo protestas, se levantaron las talanqueras y se programaron bloqueos. Rubén Llanos, presidente del Comité No Más Peaje en Sabanagrande, le dijo a CAMBIO que su posición es muy clara: “Nosotros no aceptamos más que la liquidación del contrato y el no cobro del peaje”.

Llanos reiteró sus críticas porque “desde hace un año, la concesión no ha podido demostrar que cuenta con los recursos necesarios para la construcción total del proyecto vial”. Eso se debe a que “los bancos no le prestan los dos billones de pesos que necesitan para las obras por la falta de garantías en la constitución de la empresa”, señaló.

Según el presidente del comité, estas situaciones explicarían porque el concesionario no ha podido presentar el cierre financiero requerido por la ley, por lo que cree que el Gobierno nacional debió declarar la liquidación hace tiempo.

“Se han pasado dándole tiempo para que busquen los recursos. Y parece que estos están supeditados a los cobros del nuevo peaje en Luruaco y el incremento de las tarifas en los otros puntos”, añadió el líder de la comunidad.

Llanos insistió en que “al contrato se le hizo una prórroga de espaldas a la comunidad y que este hace parte del paquete de grandes obras licitadas en el país entre 2015 y 2016 por el entonces presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien fue condenado por corrupción".

“Apoyado en la Ley 1508 de 2012, licitó todos los contratos vigentes y que se acababan dentro cuatro años, haciendo todo a medida de los concesionarios. Por eso hoy exite una sublevación de las comunidades, que pensaron que estos se acababan”, indicó Llanos.

'Rechazamos las vías de hecho'

Autopistas del Caribe respondió a las protestas de la comunidad y rechazó “las vías de hecho y desinformación sobre la estación de peaje en Sabanagrande”.

La compañía es una sociedad conformada por KMA Construcciones S.A.S., Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. y H+ ERA S.A.S., que son los encargados de la ejecución de los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental del proyecto. El corredor vial tiene una longitud de 253 km, entre los departamentos de Atlántico y Bolívar.

Según el concesionario, estos hechos y actos, como “el levantamiento ilegal de talanqueras y la distribución de panfletos con información falsa”, han sido promovidos por algunos integrantes del comité No Más Peaje y “no sólo afectan la operatividad del proyecto, sino que también generan un impacto negativo en la región”.

Para Autopistas del Caribe, los miembros del comité están violando la Ley 850 de 2003, que prohíbe a las veedurías ciudadanas “retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia”.

A través de un comunicado, el concesionario calificó como falsa la afirmación que señala que “ya se venció el contrato del peaje de Sabanagrande y sigue funcionando de prórroga en prórroga”. Y que este opera bajo el Contrato de Concesión APP No. 002 de 2021, “otorgado de manera transparente y dentro de los marcos legales vigentes”.

La empresa también ha insistido en que la ubicación del peaje es legal y que más de 10.815 usuarios locales se benefician de una tarifa diferencial. Además, ha señalado que la exigencia de tarifa 0 para las categorías 1 y 2 es incompatible con la sostenibilidad del proyecto.

Informes de la ANI

La ANI alertó el año pasado que desde el año 2022 viene revisando el contrato de concesión, pero que no ha sido posible el cierre financiero.

El proyecto, según datos de la propia ANI, tiene una inversión para la construcción de 2,33 billones de pesos y de 4,42 billones de pesos para operación y mantenimiento. Con base en la Ley 1508 de 2012, la fuente de financiación del proyecto proviene en su totalidad del recaudo de peajes, sin aporte de recursos por parte de la Nación. El concesionario definió para su financiación una estructura tarifaria a través del recaudo de seis peajes existentes: Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande y un peaje nuevo en Arroyo de Piedra, Luruaco.

El peaje de Turbaco representa el 39 por ciento del total del tránsito promedio diario (TDP) del proyecto y Arroyo de Piedra el 7 por ciento, es decir, que entre los dos representan el 46 por ciento del tráfico del corredor. Pero la estructura tarifaria bajo el modelo de los peajes no se ha podido implementar porque no se ha logrado elevar las tarifas por las demoras en la construcción de las casetas de Arroyo de Piedra, que debían operar desde octubre de 2022, y las suspensiones temporales en Turbaco.

El concesionario, por su parte, ha insistido en que el proyecto sólo es viable si se cobra en la caseta de Turbaco y se instala el peaje de Arroyo de Piedra.

Desde diciembre, el proyecto vial está en déficit y su ejecución resulta inviable en materia financiera. El próximo 21 de enero se vence el nuevo plazo para que la Concesión entregue el cierre financiero. Y para este viernes 10, la comunidad espera la llegada de funcionarios de la ANI para realizar una mesa de trabajo, bajo amenaza de realizar bloqueos tanto en Sabanagrande como en Luruaco. En este momento, las talanqueras están levantadas durante las 24 horas y las posibles soluciones del problema, en el limbo.