Polémica por proyecto con el que buscan regular la explotación minera en el Eje Cafetero

Al Congreso de la República solo le queda un día para sesionar en el actual periodo legislativo y hay varias iniciativas que siguen haciendo fila para ser agendadas y aprobadas antes de salir a vacaciones. 

En medio de la carrera que ya se empieza a sentir en dicha corporación, una de las iniciativas que espera salir victoriosa es la que busca restringir la megaminería en Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, que son los cuatro departamentos que conforman el Eje Cafetero. 

Aunque al proyecto apenas le falta uno de los cuatro debates que tiene que surgir para ser ley, está en la cuerda floja porque hasta ahora no lo han querido poner en el orden del día y que sea sometido a votación en plenaria del Senado. 

La razón es la polémica que ha generado su objetivo, ya que aunque busca defender el paisaje cultural cafetero colombiano, limitando la actividad minera en determinadas zonas del país, para las empresas de ese sector la iniciativa no tiene en cuenta el sustento jurídico de las medidas que se tomarían en particular y por ende sería ilegal. 

¿En qué consiste la iniciativa?

El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Alejandro García, ponente del proyecto, explicó que lo más importante es poder mantener la declaratoria como patrimonio de la humanidad que la Unesco le entregó en 2011 al paisaje cultural cafetero colombiano. 

Así, por un lado, hay un objetivo ambiental que es proteger el agua, los ecosistemas en esa región del país, la biodiversidad y hasta los cultivos de café, y con esto también le apuntaría a cumplir los lineamientos establecidos por el organismo internacional para conservar las declaratorias otorgadas a los territorios. 

“El hundimiento del proyecto impactaría las actividades económicas beneficiadas por la declaratoria que se están viendo afectadas por las actividades de excavación y explotación a gran escala en Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, como el turismo, la cultura, la actividad agraria y la caficultura, las cuales son claves para la competitividad del territorio y del país”, manifestó el congresista.
 
Sin embargo, la restricción de la minería a gran escala no sería inmediata y, adicionalmente, tendría un régimen de transición que respeta las licencias de exploración y explotación minera que, a la fecha, están vigentes. “Por ende, este proyecto no afecta los derechos adquiridos de las empresas de este sector” advirtió García. 

No obstante, los representantes de las empresas mineras consideran, sobre ese punto, que de ser aprobada la ley, todos ellos tendrán una mayor vigilancia por parte de las autoridades ambientales y los procesos de licenciamiento ambiental deberán tener una participación efectiva de las comunidades.

¿Se necesita consulta previa?

Otro tema del proyecto que ha generado polémica es que se está buscando prohibir la minería a gran escala en los municipios de influencia, pero, en cambio, sí se podrá hacer minería tradicional o minería de subsistencia. A eso se le suma que si se está hablando de un cambio radical al Código Minero, el proyecto debería pasar por una consulta previa con comunidades indígenas o negras.

“Se está tratando de prohibir la minería en una parte del territorio nacional, pero en su discusión, en su debate y en su votación, el proyecto no tiene en cuenta el sustento jurídico legal de esas medidas que se están tomando. Es un proyecto de ley en el que escudan algo que todos queremos, que es proteger el Paisaje Cultural Cafetero colombiano, pero sin cumplir con las normas vigentes”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño.
 
El representante García responde sobre eso que “el artículo 35 del Código Minero establece requerimientos especiales para el desarrollo de actividades mineras en zonas restringidas. Por ende, lo que hacemos nosotros es sujetar el desarrollo de este tipo de actividades en el paisaje cultural cafetero a lo dispuesto en dicho artículo”. 

Adicionalmente, dice que tampoco afecta a las comunidades étnicas, puesto que no afecta su derecho a la consulta previa y tampoco restringe las actividades mineras tradicionales o de subsistencia que ellas realizan. “Por eso no se incurre en los requisitos que exige la Corte Constitucional para realizar consultas previas”, aclaró. 

Si se aprueba en último debate el texto del proyecto actual, el Gobierno tendrá la potestad de elegir cuáles serán las áreas que entrarán en la restricción. No obstante, se espera que las medidas afecten 51 municipios de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío en donde, según el sector privado, habría también un impacto en el empleo y desarrollo regional.

“Colombia necesita los minerales para la transición energética en materia de cobre, en materia de oro, en materia de molibdeno y de otra gran cantidad de minerales, se restringe la posibilidad y las oportunidades que se generarían hacia adelante para los caldenses, para los vallecaucanos, para todos los habitantes de esos departamentos hacia adelante. Aquí lo único que está también pasando es que cada vez que surge un proyecto de ley que restringe una actividad como esta, lo que hay de fondo es la eliminación de las posibilidades de empleo, posibilidades de desarrollo profesional a muchos jóvenes hacia adelante”, advirtió Juan Camilo Nariño.

Esos argumentos de la industria han sido considerados por los ponentes del proyecto como un lobby de la megaminería que “se ha encargado de entorpecer el último debate, acudiendo al engaño y protegiendo intereses de los extractivistas de oro y otros minerales”.

Adicionalmente, el representante García manifestó su preocupación frente a lo que él considera una dilación que se le ha dado a la discusión del proyecto durante los últimos días en la plenaria del Senado, teniendo en cuenta que debía darse a principios de esta semana y, por razones que se desconocen, la mesa directiva no agendó la discusión del proyecto que estaba prevista para hoy.

“Es muy importante que la mesa directiva de la plenaria del Senado agende lo más pronto posible el cuarto y último debate de este proyecto. De su aprobación depende no perder la declaratoria, la Unesco exige que no se realice minería, ni actividades que perjudiquen la cultura, el patrimonio arquitectónico, natural y paisajístico en estos territorios. El país no se puede dar el lujo de perder una declaratoria que, para los 51 municipios de los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca significa un impulso a su competitividad y desarrollo sostenible. Hacemos un llamado a los Senadores a que nos permitan dar el debate y no dejemos que este proyecto, que es tan importante para los colombianos, se hunda por tiempos”, puntualizó. 

CAMBIO revisó el orden del día de la plenaria del Senado para este miércoles 19 de junio y, por ahora, no aparece agendado el proyecto del representante Alejandro García. Eso quiere decir que le queda solo un día o de lo contrario se hundirá.