Los estudiantes de la Universidad Nacional salieron a manifestarse cuando el Consejo Superior de la Universidad (CSU) eligió a Ismael Peña como rector, aunque no fue el ganador en la consulta no vinculante de la comunidad universitaria.
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¿Los estudiantes tendrán voz?: el proyecto que busca cambiar la elección de rectores de universidades públicas
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Los movimientos estudiantiles del país reclaman que se tenga en cuenta la voz de la comunidad universitaria en estos procesos. En el Congreso hay una iniciativa que busca cambiar el procedimiento. ¿Cómo quedaría?
Por: Claudia M. Quintero
En abril de 2024, el Consejo Superior Universitario (CSU), de la Universidad Nacional, eligió a Ismael Peña rector de la institución. Peña ganó pese a no ser el más votado en la consulta de la comunidad universitaria. Aunque es común que eso ocurra, en abril fue diferente: los estudiantes salieron a manifestarse y la opinión pública puso el foco en la crisis que se generó.
Ese es justo uno de los reclamos que vienen haciendo los movimientos estudiantiles desde hace mucho tiempo: que se tengan en cuenta los resultados de las consultas en las que los alumnos votan por quien prefieren como rector. Hasta ahora, esos procesos no son vinculantes.
¿Por qué es problemático que no sean vinculantes, según la comunidad universitaria?
Además del caso reciente, en la Universidad Nacional, por ejemplo, se han presentado otros episodios en los que no se tiene en cuenta la opinión directa de la mayoría de las estudiantes. En 2012, por ejemplo, Leopoldo Múnera ganó la consulta y el CSU designó a Ignacio Mantilla como rector. Lo propio pasó en 2018, cuando la consulta la ganó el voto en blanco y el CSU reeligió a Dolly Montoya.
De acuerdo con algunos estudiantes y profesores, esos casos muestran que ese proceso es problemático por varias razones, muchas relacionadas con la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior. Primero, la consulta en la que votan los estudiantes no es vinculante. Además, se refieren a la composición de los Consejos Superiores Universitarios de cada institución, máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades.
Yenny López, estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional y exlíder estudiantil, asegura que “hoy eso no es tan problemático, porque el Gobierno ha puesto a sus delegados al servicio de las comunidades académicas. Pero antes no se sabía quiénes eran los delegados de Presidencia y eso hacía que los periodos rectorales se extendiesen, incluso a espaldas de la comunidad universitaria”.
Para ella, si los rectores representan a las universidades, no tiene sentido que el CSU elija a quienes no ganan en las consultas que se hacen entre estudiantes y profesores.
Además, hay otras voces que dicen que los CSU pueden estar permeados y terminan eligiendo a rectores por interés particular y no por el bien de los estudiantes.
Un caso reciente es el de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), una institución pública que atraviesa por una crisis. La institución lleva cuatro meses sin clases, a los profesores no les han pagado los últimos meses y al rector anterior se le terminó el cargo y aún no han podido elegir al nuevo. ¿Por qué? Actualmente, tres consejeros tienen el periodo vencido y deben elegir a esas personas para que, luego, el CSU pueda escoger al rector.
El problema es que los estudiantes dicen no confiar en los consejeros porque son cercanos a David Emilio Mosquera, el anterior rector y sobre quien pesa una serie de cuestionamientos. Tampoco confían en el proceso de elección de los nuevos consejeros. Por ende, no pueden adelantar la elección del nuevo rector.
El proyecto en el Congreso: ¿cómo se podría cambiar ese proceso de elección?
Para hacerle frente a esa situación, en el Congreso hay un proyecto de ley que busca “democratizar” esos procesos de elección de rectores y directores de universidades públicas. ¿Cómo?
La iniciativa, que tiene firmas de congresistas independientes y del Pacto Histórico, establece que la elección debe tener como principio la participación democrática y que se vinculen las decisiones de sus estamentos.
Así, la elección estará a cargo del CSU o el consejo ejecutivo que cumpla esa función. Pero siempre se debe atender al resultado derivado del mecanismo electoral que implementará los principios. Es decir, las consultas que se hacen entre la comunidad universitaria deberán tenerse en cuenta.
Un ejemplo es lo que ocurrió en la Nacional: en la consulta ganó Leopoldo Múnera, pero el CSU eligió a Ismael Peña. Con la aprobación de esta iniciativa, el CSU tendría que tener en cuenta la decisión de la comunidad.
Si el proyecto se aprueba, las universidades tendrán 18 meses para cambiar sus estatutos e incorporar los mecanismos de participación para garantizar la inclusión y aplicación de los principios que establece este articulado que hasta ahora está en el Congreso.
La discusión: para un sector es clave, pero para otros afecta la autonomía
Para un sector de los movimientos, la iniciativa es más que necesaria porque dice que implica que se elijan a los rectores por los que gran parte de la comunidad vota. Además, señala que eso podría solucionar la desconfianza que algunas veces se tiene sobre los miembros del CSU.
Alfredo Sarmiento, experto en educación, considera que es necesario tener en cuenta la opinión de la comunidad universitaria, incluyendo a los egresados. Pero, además, afirma que es importante que se tenga en cuenta la capacidad académica. Es decir, que se reconozca la voz de los estudiantes y se consideren las calidades educativas.
Sin embargo, Luz Karime Abadía, directora del doctorado en Economía de la Universidad Javeriana y experta en educación, dice que es clave que este proyecto respete la autonomía universitaria.
“No estoy de acuerdo con que la elección tenga que ser democrática, aunque sí consultiva, que es diferente. Es decir, que sí se deben tener en cuenta las votaciones entre estudiantes y profesores, porque eso permite señales que los CSU deben considerar. Algo distinto es democracia, que significaría que entonces los CSU simplemente tendrían que hacer unas votaciones y ganaría el que tenga la mayoría de los votos”, explica.
De acuerdo con ella, eso último es riesgoso, ya que lo que quiere un sector de los estudiantes no siempre es lo que debería ocurrir. Es decir, eso podría llevar a que en los procesos de elección no siempre se tenga en cuenta la calidad.
Abadía señala que es una ley que parece inofensiva, “pero en realidad están cambiando completamente la forma de elección y le están quitando autonomía al CSU”. Frente a lo anterior, en el proyecto se especifica que las universidades seguirán manteniendo su autonomía y que la elección de los rectores seguirá en manos del CSU, solo que la opinión de los estudiantes será vinculante.
En todo caso, la experta confirma que sí es necesario que el proceso de elección que hay ahora se deba robustecer, porque, muchas veces, existen presuntos casos de corrupción y clientelismo, entre otros.
