Víctimas de abuso sexual: la situación de niños indígenas en Guaviare
En una investigación de Univisión se hace referencia a menores de edad en 'situación de calle' de la etnia jiw, "que ha sido declarada en peligro de exterminación cultural y física en sentencias de tribunales colombianos desde 2009".
Crédito: Pixabay
En los últimos meses se han presentado denuncias con respecto a la presunta vulneración de los derechos sexuales de indígenas menores de edad pertenecientes a las etnias nunak y jiw en el departamento de Guaviare.
En los últimos meses se han registrado y denunciado presuntos casos de abuso sexual de menores de edad de las etnias indígenas jiw y nunak en el departamento de Guaviare.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dio a conocer que en esa zona de la región amazónica se dan cerca de 192 denuncias al año por violencia sexual contra menores de edad. Esto quiere decir que, en promedio, cada semana se presentan cuatro denuncias, según el director de la seccional de Guaviare del ICBF.
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Las denuncias
El pasado domingo, el columnista Yohir Akerman publicó en CAMBIO una columna titulada "La otra crisis del ICBF" en la que hace referencia a un trabajo periodístico de Univisión encabezado por el periodista Gerardo Reyes, publicado el pasado diciembre.
Akerman mencionó que los presuntos vejámenes sexuales contra menores indígenas de esta región amazónica ocurren en San José del Guaviare "a orillas del río principal, y a tan solo cinco cuadras de la seccional local del ICBF".
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"La mayoría de los clientes son militares desplegados en los batallones cercanos a los asentamientos nativos. El resultado inmediato: el 20 por ciento de los embarazos del hospital principal de la ciudad son de indígenas menores de edad".
La columna relata que "la investigación de Reyes continuó a un lugar más oscuro, en el que pudo determinar que la Fiscalía mantiene bajo completo hermetismo otra investigación sobre el caso de la violación por parte de un soldado estadounidense a una niña nukak de 10 años (...) En 2019, la menor dio a luz a un bebé en el hospital de San José del Guaviare".
El columnista explicó que esto fue expuesto por Natalia Pedraza, del diario El Espectador, en 2021. "Pudo documentar (...) que el militar estadounidense había embaucado a la menor ofreciéndole una ración de comida para, posteriormente, violarla varias veces hasta dejarla malherida", agregó Akerman.
"El trabajo periodístico (de Pedraza) pudo llegar hasta la directora seccional de la Fiscalía en Guaviare, Isabel León, quien estableció que, en la investigación en contra del militar gringo", aunque está activa, "no se han formulado cargos".
Así las cosas, Akerman sostuvo que "el militar estadounidense, como los otros soldados involucrados en violaciones de menores indígenas en la zona, deberían recibir, por lo menos, de 12 a 20 años de cárcel. Pero nada ha pasado hasta ahora". El columnista también aprovechó para recordar que en anteriores ocasiones ya se han presentado casos parecidos.
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"En 2015 Univisión evidenció el caso de una menor de 12 años que fue violada por parte de un sargento y un contratista del Ejército estadounidense en una base militar de la ciudad de Melgar en el año 2007".
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Relaciones sexuales a cambio de comida
Tal como afirmó Reyes en la investigación para Univisión a finales del año pasado, tanto militares como civiles utilizarían la crisis alimentaria de las comunidades indígenas "para inducir a menores de edad a tener relaciones sexuales a cambio de comida".
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"Sus casos son estadísticas anónimas de un creciente e incontrolable drama en esta zona del país: la violación de menores indígenas por hombres blancos de la ciudad o militares apostados en batallones cercanos a sus asentamientos".
'La 40' es una calle de San José del Guaviare que es descrita por Reyes. "Para muchas niñas indígenas de las comunidades vecinas, la 40 es más bien un precipicio", planteó el periodista.
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"Niñas de 7 a 15 años de las etnias milenarias nukak y jiw canjean sus cuerpos en este lugar por pan, guarapo, a veces por el equivalente a 2 dólares o una dosis de pegante químico que inhalan para despistar el hambre".
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Así mismo, en el reportaje se recuerda que en la vereda de Charras:
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"Una indígena nukak de 15 años fue raptada de un baño público por varios soldados. Ocurrió en agosto de 2019. De acuerdo con la revista Raya que tuvo acceso al testimonio de la menor, los uniformados la encerraron en un lugar donde dormían y allí la violaron durante cuatro días sin recibir alimentos. La adolescente logró escapar".
Reyes mencionó que los habitantes de la zona han pintado grafitis a manera de protesta anónima, porque tendrían miedo a denunciar. "Como uno desplegado en una estación de transporte en el que se acusa a un hombre a quien se refieren como capitán de “dopar’’ a las niñas indígenas con guarapo para violarlas", se menciona.
"Lo que está pasando es triste. Es claro, están metidos en la vaina de la droga, en la prostitución, niñas que en realidad diez, 11 años ya están prostituidas" (sic), dijo William González, dueño de un local de venta de pescado, refiriéndose a los victimarios.
De ahí que el periodista, citando a González, explicó que "algunos niños jiw le contaron (al ICBF) que en la Casa Indígena podían "dormir, consumir, tener relaciones sexuales en los corredores" (...) En un baño abandonado a espalda de la casa, "los niños y niñas menores de 7 años se reúnen en este sitio para absorber bóxer"».
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Declaraciones tras la polémica
Varias personalidades e instituciones se han referido a la situación, como por ejemplo el presidente Gustavo Petro, quien se mostró expectante ante el avance de una investigación por violaciones contra 118 miembros del Ejército .
Por su parte, la Procuraduría informó que este 5 de enero solicitó información a seis entidades sobre las acciones que se han venido adelantando entre 2019 y 2022 con respecto a la violencia sexual y explotación de niñas indígenas en el departamento.
El ente de control instó al "gobernador de Guaviare, alcalde de la capital, director regional del ICBF, comisaría de familia, directora seccional de Fiscalías de ese departamento y el defensor del Pueblo regional" a responder en "un plazo de cinco días hábiles".
El Ministerio Público "solicitó información sobre número de denuncias, procesos administrativos de restablecimiento de derechos y estrategias para mitigar esta problemática", explica un comunicado oficial.
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Por otra parte, la directora de Save the Children Colombia, María Paula Martínez, se refirió este miércoles en La W a la denuncia. "La práctica número uno es reconocer a los niños como sujetos de derechos. Al no hacerlo, hago con ellos lo que quiero. Las Fuerzas Militares y los grupos armados ejercen este tipo de hechos desde hace mucho tiempo", dijo.
Además, la cabeza de la ONG expresó que "el ejercicio de los derechos sexuales tiene un contexto que para estas jóvenes indígenas es la pobreza y la exclusión. Esto lleva a muchas de estas niñas a tener relaciones con miembros de Fuerzas Militares o grupos armados".
Con respecto al papel de soldados norteamericanos en los casos anteriormente descritos, John Rhatigan, portavoz de la embajada de Estados Unidos en Bogotá planteó, en conversación con La W, que "en este momento, no tenemos conocimiento de ninguna investigación por parte de las autoridades colombianas sobre denuncia en el Guaviare".
