¿Impunidad para Odebrecht? Millonaria multa podría ser anulada por el Consejo de Estado
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Fuentes consultadas por Julio Sánchez Cristo señalaron que el Consejo de Estado está pronto a fallar a favor de Odebrecht en segunda instancia en la apelación que hicieron ante la decisión del Tribunal de Cundinamarca.
Por: Julio Sánchez Cristo
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El futuro de una millonaria multa impuesta a Odebrecht en Colombia se encuentra en la cuerda floja, ya que el Consejo de Estado podría anularla en los próximos días. Fuentes consultadas por Julio Sánchez Cristo revelaron que este alto tribunal está inclinándose a favor de la compañía brasileña en segunda instancia, a raíz de la apelación presentada ante la decisión del Tribunal de Cundinamarca.
Esta sanción, que asciende a la impresionante cifra de 800.000 millones de pesos, fue impuesta en 2018 por la Procuraduría tras una acción popular relacionada con el escandaloso caso de corrupción conocido como la Ruta del Sol II. De confirmarse esta noticia, la multa pasaría a manos de los bancos acreedores del proyecto, que también formaban parte del consorcio liderado por Odebrecht.
La situación es compleja, ya que el Tribunal de Cundinamarca respaldó inicialmente a la Procuraduría y sancionó al consorcio conformado por Odebrecht, Aval y Solarte con una multa cercana a un billón de pesos. Sin embargo, si esta condena es finalmente revocada por el Consejo de Estado, la Superintendencia de Sociedades tendría la oportunidad de pagar primero a los acreedores de buena fe en el proceso de liquidación. En este caso, los principales beneficiarios serían los bancos del Grupo Aval, representados por Corficolombiana, una entidad de banca de inversión.
La situación de Odebrecht en Colombia también tiene otro episodio pendiente en la Corte Constitucional. En los próximos días, este alto tribunal deberá resolver un conflicto de competencias entre el Tribunal y la Superintendencia de Sociedades relacionado con 200.000 millones de pesos que la nación le pagó a Odebrecht después de la liquidación unilateral del contrato.
Mientras la Superintendencia insiste en destinar estos fondos a los acreedores de buena fe, es decir, a los bancos, el Tribunal de Cundinamarca sostiene que deben utilizarse para reparar al Estado. En última instancia, la Corte Constitucional tendrá la tarea de tomar la decisión final en este asunto.
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