Colombia se pone las pilas y carga baterías contra el cambio climático

Cuando la profesora Marta Avendaño accionó el interruptor de la luz en el colegio de Potrerillo, en El Paso, Cesar, el país dio un pequeño salto hacia su transición energética. Al encender el switch, la que es hoy rectora de esa institución educativa se convirtió –al lado de sus alumnos– en una de las 600.000 personas beneficiarias del parque solar más grande de Colombia, inaugurado a comienzos de febrero pasado.

La obra mide el equivalente a 552 canchas de fútbol y entregará 420 gigavatios de energía limpia y renovable al año, durante dos décadas. Su puesta en marcha evitará la emisión de más de 200.000 toneladas de CO2. 

Además de generar 1.700 puestos de trabajo, su construcción incluyó a más de 2.500 personas, la mayoría mujeres, capacitadas en programas de formación, fortalecimiento comunitario, apicultura y educación de calidad. “Este proyecto ha sido más que un proyecto, ya que ha generado empleo y ha permitido resaltar la importancia de las mujeres de esta comunidad”, expresa la rectora de la Institución Educativa de Potrerillo.

Haber inaugurado este año el parque solar más grande del país es la prueba de que Colombia se está poniendo las pilas para avanzar hacia un futuro más verde y para buscar el tránsito de generación eléctrica proveniente de combustibles fósiles a la de energías limpias.

En los mismos días del estreno de ese icónico parque solar, la Asociación de Energías Renovables, Ser Colombia, entregó un nuevo informe sobre los Proyectos de Energías Renovables No Convencionales (FNCER) para el 2024, en el que evidencia que este sector afianza sus pasos en dicho cambio. Según el reporte, en el 2023 entraron en operación en el país 25 proyectos solares, cuya capacidad instalada es de 2.081 megavatios (MW), lo que significa un aumento de 70% de ese indicador.

Para este año, esa entidad estima que se desarrollen 66 proyectos, que sumarán 3.040 MW de nueva capacidad, con una inversión de 2.200 millones de dólares.

De acuerdo con Ser Colombia, de esos 66 proyectos, 65 corresponden a energía solar y a un Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías en desarrollo. La escala de los proyectos es amplia, al variar su capacidad entre 2 MW y 400 MW. El 60% de los proyectos se ubican en el rango de 9,9 MW a 19,9 MW.

Son cifras positivas, pero hubieran podido ser mejores. En diálogo con la revista Forbes, Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), reveló que, en el 2023, sólo se ejecutaron 36 por ciento de los 41 proyectos asignados para ese año, y que lo demás fue pospuesto para 2024 y 2025. Según la vocera del gremio, 39 proyectos, que representan 59% del portafolio, aún están avanzando en trámites para su entrada en operación, 3 están en pruebas (580 MW), 5 proyectos (123 MW) en construcción, 1 proyecto (9,9 MW) está listo para iniciar obras y los 30 restantes (1.233 MW) están en desarrollo.

Por su parte, en su informe de febrero, Ser Colombia da luces –y que valga la expresión– sobre la causa de estos obstáculos y demoras. “A pesar de los logros y proyecciones positivas, la lenta entrada de los proyectos sigue siendo un desafío. En promedio, el inicio de operación de uno de pequeña escala tarda entre 3 y 6 años. Estos tiempos se reducirían a la mitad si se cumplen los plazos normativos de trámites y se definen términos para los permisos que no los tienen. Hoy, el 53% del portafolio 2024 aún no tiene contratos de venta de energía y/o financiación”, señala.

Ser Colombia pide “expedir con urgencia la regulación en proceso que simplifica los trámites ante la UPME, especialmente los cambios de Fecha de Puesta en Operación (FPO). Ello permitiría salvar 580 MW de las subastas que actualmente tienen alto riesgo de cancelación”.

Para esa entidad, “es fundamental contar con un ambiente favorable para los proyectos de FNCER. El actual contexto de altas tasas de interés, devaluación, mayor carga fiscal, incertidumbre regulatoria y largos trámites puede resultar gravoso, especialmente debido a las limitadas rentabilidades de estos proyectos”.

Para abordar estos desafíos, el informe identifica 8 medidas prioritarias en aras de facilitar la puesta en marcha de este portafolio de proyectos. Ellas incluyen recomendaciones para articular obras y cumplir tiempos normativos de trámites, ajustes regulatorios en materia de permisos y mecanismos de comercialización y financiación. Se busca reducir incertidumbres y acelerar la puesta en marcha y cierre financiero de este portafolio de proyectos. 

La demora en el proceso de construcción de estas obras, para Ser Colombia, está relacionada con trámites burocráticos. “Casi la mitad de ellos –señala el informe–tienen que ver con aspectos ambientales, principalmente permisos y licencias ante las CAR. Las diligencias ante la UPME representan el 26% de los MW de capacidad (7 proyectos) y son principalmente solicitudes de cambio de la Fecha de Puesta en Operación (FPO), vitales para conservar su derecho a conexión a la red”.

Como conclusión, la entidad solicita facilitar la ejecución de los proyectos, pues “los actuales tiempos de entrada en operación identificados en este informe son excesivamente largos comparados con el tamaño e impacto de los proyectos (60% son pequeña escala; 70% del tiempo se va en trámites de permisos y licencias). Además, el país necesita la entrada oportuna de estos proyectos para atender el creciente consumo de energía. Cifras del Gobierno indican un déficit estructural de electricidad hacia el 2027-2028. La puesta en marcha de estos nuevos proyectos es necesaria para aumentar la competencia y diversificar propuestas de negocio en beneficio de los usuarios, con una energía renovable limpia y que podría ser competitiva para el bolsillo de los hogares colombianos”.

Ese deseo está en línea con el del presidente Gustavo Petro de seguir el camino de la energía natural. En un balance sobre la política de transición energética del actual gobierno, hecho por Natalia Orduz Salinas, esta investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) recuerda que fue en Davos, Suiza, donde el mandatario ratificó que en Colombia no se autorizarían nuevos proyectos de exploración de combustibles fósiles. “Esta medida ha sido cuestionada por varios sectores, que argumentan que el aporte de gases efecto invernadero de Colombia es mínimo, y que, en cambio, los fondos provenientes de estos recursos son necesarios para la economía. Otros expertos señalan que en el país son cada vez más escasos y costosos los nuevos descubrimientos de hidrocarburos, por lo que es más sensato aprovechar los que ya están en operación, priorizar sus usos y canalizar las inversiones a las tecnologías renovables que tienen un futuro más promisorio. En el caso controvertido del gas, el 84% del que tenemos en Colombia está en sólo diez campos, por lo que es muy improbable encontrar yacimientos nuevos”, señala.

Para la investigadora, además, hay nubarrones sobre el horizonte de la transición energética. “No es del todo claro qué pasará con la energía producida. A pesar del gran potencial de renovables en La Guajira, no se tiene previsto que estos proyectos aporten energía al departamento y a su población. Todavía hacen falta lineamientos sobre la distribución de las cargas y beneficios de la transición energética y cómo se evitará que aumenten las condiciones desfavorables de grupos ya vulnerables y se asegure la soberanía energética de toda la población”, explica.

Para ella, la transición energética “es una oportunidad para no sólo descarbonizar la economía, sino para reorientar el sector minero energético hacia un modelo distinto al extractivismo. Pero una transición entendida en estos términos no sólo debe revisar los impactos de este sector en términos de carbono, sino de justicia ambiental y derechos humanos. El gobierno actual se ha comprometido a darle un carácter justo a la transición energética, más, sin embargo, una revisión detallada de algunos instrumentos de planeación como el Plan Estratégico Minero y la Ruta de Transición Energética muestran que la administración aún no ha definido un contenido mínimo y, por lo tanto, exigible, del componente de justicia, y que tampoco ha desglosado las variables de este concepto que deben hacer parte de los diagnósticos, de los análisis y de los objetivos de su política”, afirma Orduz Salinas.

Por ahora, anuncios como los hechos hace unas semanas por Ecopetrol muestran que el proceso sigue en marcha. En una rueda de prensa el presidente de la empresa, Ricardo Roa, afirmó que planea invertir entre 23 y 27 billones de pesos en el plan de la transición energética, y que tiene estimado destinar al menos 38 por ciento de su presupuesto a negocios de bajas emisiones, dentro del que está el gas natural.

“En el marco de proyectos de transición energética tenemos un portafolio de casi 1.600 megavatios en evaluación, los cuales están en distintas fases de maduración, algunos con licencias ambientales, otros con equipos listos. Tenemos un portafolio bien grande para ir poco a poco reevaluando el programa 2020-2030”, indicó.

El sector energético renovable en Colombia avanza, pues, en relativo auge. Como afirma Ser Colombia, con el compromiso continuo de las empresas asociadas, y con el apoyo de regulaciones adecuadas, el futuro para las FNCER es brillante, lleno de sol y viento. 

Claro que hay que considerar que esta transición puede ser vista desde otros ángulos. De acuerdo con Milton Fernando Montoya Pardo, director del Departamento de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia y socio de la firma Holland & Knight, “sin minería no es posible la transición energética en Colombia”.

En un ensayo escrito en los mismos días en que se inauguró el Parque Solar de la Loma, el analista aseguró: “Es un logro importante, sin duda, para nuestro proceso de transición energética. Sin embargo, lo que no se mencionó en el cubrimiento que hicieron los medios de tan importante acontecimiento, ni en los discursos oficiales, fue que para construir cada panel solar se requirieron, aproximadamente, 19 minerales y materiales asociados a la minería como aluminio, acero, titanio, zinc, magnesio, cobre, boro, fósforo, silicio, plata, cadmio, berilio, molibdeno y germanio, entre otros. Por supuesto, tampoco hubo referencia al crucial rol que tiene el carbón metalúrgico en la producción de ese acero”.

Para este experto, la minería es imprescindible para la transición energética. “Y hoy, debido a esta realidad, presenciamos una doble carrera de posicionamiento económico, estratégico y geopolítico muy importante que Colombia pareciera desconocer: la oportunidad de posicionamiento como país productor de minerales claves para la transición y, en la otra orilla, la carrera de los productores de tecnología de ser autosuficientes en la explotación de estos minerales o de asegurar sus fuentes de aprovisionamiento de terceras naciones como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Todos productores y exportadores de infraestructura y tecnología asociada a la transición energética”, explica.

“Dicho de otra manera, la transición energética representa una oportunidad para países con potencial de explotación de minerales estratégicos necesarios para esa transición que nuestro país no debe desaprovechar”, concluye Montoya Pardo.