17 años después del descalabro, por fin hay un imputado por el acueducto La Mesa-Anapoima: Manuel Nule

CAMBIO conoció en primicia la audiencia de imputación de cargos contra Jerónimo Camilo Daza Daza, exsecretario de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca y Manuel Nule, uno de los propietarios de las empresas que componían el Consorcio Anapoima, quienes, según la Fiscalía, son algunos de los presuntos responsables de la corrupción que se ha presentado en la construcción del acueducto de La Mesa-Anapoima, un proyecto que, después de 17 años y más de 70.000 millones de pesos invertidos, no ha culminado. Aunque para la justicia ambos son responsables de interesarse indebidamente de la contratación y de robarse los dineros de la contratación, se declararon inocentes por lo que el caso irá a juicio.

Según expuso la fiscal Angélica Monsalve, entre 2006 y 2007, Manuel Francisco Nule, junto con su hermano Miguel y su primo Guido, condenados por el denominado carrusel de la contratación, en su calidad de socios accionistas de H&H Arquitectura Ltda., MNV S.A., Aguas del Alto Magdalena y Gas Kpital S.A., Bitácora soluciones, Reinpro Ltda., Hidrotec Ltda Consultores en Reestructuración e Interaudit S.A., suscribieron dos contratos de obra y dos de interventoría, con la Gobernación de Cundinamarca, a través de los consorcios Anapoima, Acueducto Regional, Interventoría Redes de Cundinamarca e Intersubachoque, y lograron que el departamento les desembolsara más de 29.313 millones de pesos por una obra que nunca terminaron. El chanchullo consistió, según la Fiscalía, en que eran ellos los contratistas y los interventores de sus contratos, es decir, quienes vigilaban que las obras se ejecutaran adecuadamente para, posteriormente, cobrarle a la Gobernación por ellas.

Dice la Fiscalía que gracias a la información falsa que ponían en las actas de interventoría lograron que el departamento les desembolsara más de 29.313 millones de pesos por cosas que no hicieron.

“Bajo sus órdenes se avalaba falsamente las actas de intervención para obtener los pagos por las ejecuciones parciales de la obra, cuando en realidad no era así, pues la Gobernación de Cundinamarca tuvo que declarar el incumplimiento en todos los contratos suscritos con ustedes, entre otros, por mentir en cuanto a las actas de interventoría, por obstaculizar la realización de la obra, por incumplimientos reiterados”, dijo la fiscal.

Monsalve advirtió que no fue posible conocer el avance de diseños eléctricos presentados por el Consorcio Anapoima; que las pruebas hidráulicas de las tuberías nunca fueron ejecutadas; que las interventorías autorizaron el pago de las actividades que no fueron ejecutadas; que la interventoría autorizó un pago por tubería y accesorios que no había en la obra; que las tuberías instaladas no cumplieron con el objetivo esencial, que era transportar el agua de un punto a otro; que tampoco hubo continuidad en el trasporte del fluido; que la tubería quedó mal instalada y sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas, y que, por si fuera poco, los pocos accesorios de descarga instalados no cumplieron con las especificaciones del proyecto.

Manuel Nule fue el único del grupo Nule que se presentó a la audiencia, pero se declaró inocente de los hechos. Sin embargo, su abogado dio una pista de lo que será a futuro su estrategia de defensa. Cuestionó a la fiscal el haberle imputado los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en calidad de coautor cuando –dijo el togado– no representaba legalmente ninguna de las empresas y solo era uno de los socios. 

El descalabro del acueducto es tal que el excontralor general Carlos Hernán Rodríguez advirtió en abril de este año que el riesgo es que en la totalidad del proyecto se pierdan más de 71.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el pasado 20 de marzo tampoco entregaron la obra, que ya va en su quinta fase. Según el organismo de control fiscal, son más de 100.000 habitantes los que no cuentan con agua potable en los municipios de La Mesa- Anapoima por cuenta de los constantes incumplimientos.

Para la Fiscalía, la Gobernación de Cundinamarca, para ese entonces bajo la dirección de Pablo Ardila –quien fue capturado en España por múltiples delitos como trata de personas, lavado de activos, entre otros–, pagó la obra y tiempo después declaró el incumplimiento del contrato. Es decir, pagó por una obra que no fue terminada. Dice la fiscal Monsalve que hubo varios funcionarios que fueron cómplices de que los dineros quedaran en bolsillos de particulares.

Por eso, le imputó cargos al exsecretario de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca Jerónimo Camilo Daza Daza, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Dice Monsalve que Daza es responsable de esos contratos fallidos que terminaron generando millonarias pérdidas a la nación porque suscribió los contratos de obra sin planeación alguna y a pesar del incumplimiento del primer contrato en 2006, entregó un segundo contrato al mismo grupo de empresas.

“Usted celebró estos contratos con unos diseños que no sirvieron, razón por la cual fueron suspendidos en varias ocasiones durante los años 2006 hasta el año 2010, con el pretexto de revisión y ajuste, pero en realidad, lo que se estaba haciendo era elaborar unos nuevos diseños. Igualmente, estos contratos de obra pública fueron celebrados por usted sin que se hubieran adquirido los predios o servidumbres necesarias para la ejecución de la obra contratada. También, usted inobservó la ausencia de permisos de ocupación de cauces y la ausencia de concesión de agua para que esta infraestructura pudiera quedar en funcionamiento. En estos contratos fueron pagados el anticipo y pagadas varias actas parciales a pesar de las irregularidades en su ejecución”, narró la fiscal.

También, añadió, declaró el incumplimiento del primer contrato y paradójicamente, sin que se hubiera culminado esa primera fase, volvió a contratar una segunda fase en 2007 con las mismas empresas contratistas que terminaron también incumpliendo los compromisos del contrato. 

“Usted sabía que el Consorcio Anapoima estaba constituido por las mismas empresas propiedad de Guido Alberto Nule Marino, Manuel Francisco Nule Velilla y Miguel Eduardo Nule Velilla, mismas empresas que constituían el Consorcio Acueducto Regional adjudicatario de la fase II. Sin embargo, usted decide suscribir el segundo contrato de obra pública, a pesar del reiterado incumplimiento en la ejecución de la obra, incumplimientos estos declarados conforme a resoluciones suscritas por usted”, puntualizó Monsalve.

Sobre los contratos de interventoría, explicó la fiscal que el exsecretario sabía que las empresas interventoras que conformaban los Consorcios Redes de Cundinamarca e Intersubachoque eran empresas propiedad de Guido Alberto Nule Marino, Manuel Francisco Nule Velilla y Miguel Eduardo Nule Velilla, quienes, a su vez, eran dueños de las empresas contratistas del acueducto, y que él "sabía que hay una prohibición legal contratar con empresas interventoras, propiedad de las mismas empresas contratistas de la obra, y sin embargo, usted decidió suscribir todos estos contratos, pese a las irregularidades mencionadas”. 

Finalmente, la fiscal dijo que Daza declaró el incumplimiento del primer contrato de interventoría por el indebido manejo e incorrecta inversión del anticipo entregado, y el segundo, por no cumplir con los objetivos contractuales.

frase-destacada

“Por ser prestada con mala calidad, por la mala conducta del contratista interventor y por no adelantar los correctivos correspondientes”, añadió Monsalve.

La Fiscalía reprochó que no defendiera el patrimonio público teniendo en cuenta su conocimiento sobre que los contratistas e interventores eran los mismos y entonces, actuaban en favor de ellos mismos y no de la entidad. “De esto usted era connivente, con su anuencia los contratistas incumplían sucesivamente y usted avalaba los pagos para favorecerlos. Usted a pesar de tener pleno conocimiento de que eran los hermanos Nule y el primo Nule los dueños tanto de los consorcios de obra como de interventoría, y que además incumplían reiteradamente, usted volvía una y otra vez a celebrar el contrato para la ejecución de la obra con ellos mismos”.

Con esos argumentos, dice la Fiscalía, fueron dos oportunidades las que le regaló la Gobernación de Ardila a los Nule, pero tampoco cumplieron, la obra no se realizó y el dinero se perdió.

Con la imputación terminó la primera fase de una investigación que tiene en el radar tres contratos de obra y los cinco de interventoría, por los cuales están siendo investigados más de 25 personas, entre particulares y funcionarios, presuntos responsables del descalabro del acueducto. En los próximos días, vendrán nuevos llamados a imputación de cargos y la fiscal Monsalve trasladará copias de la investigación a los delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que investiguen la presunta responsabilidad del exgobernador Pablo Ardila en el desfalco.