“La exposición de la corrupción es un acto de valentía”: abogado de Olmedo López pide que lo recluyan en un batallón militar

Este sábado 31 de agosto continuó, ante el juzgado 35 de garantías de Bogotá, la audiencia de medida de aseguramiento contra el exdirector y exsubdirector de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el contratista de la entidad Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso. En esta diligencia tienen la palabra los distintos abogados que los representan a ellos y a las víctimas.

Por ello, el segundo en tomar la palabra fue el defensor de López, José Moreno, quien explicó por qué su cliente no puede ir a una cárcel normal. “En este acuerdo de verdad, de justicia, de protección a la sociedad, hemos acordado con la Fiscalía no oponernos a la medida”, dijo Moreno.

Sin embargo, en repetidas oportunidades solicitó que se humanice el derecho penal. Dijo que Olmedo ha admitido su error y ha pedido perdón ante los medios y, además, ha querido colaborar con la justicia y reparar el daño causado. “No podemos usar argumentos falaces”, aseveró.

Lo anterior, como una especie de reproche a las intervenciones de los abogados de las víctimas que han dicho que los procesados no pueden gozar de libertad porque aún tienen poder en la UNGRD, de donde se han perdido pruebas que podrían ser valiosas para el proceso. El abogado dijo que quienes deben ser investigados por la pérdida de pruebas son los funcionarios que continúan en la entidad.

“Frente al peligro para la sociedad y las víctimas, esta defensa no se opone a los argumentos de la Fiscalía, pero si hay un punto frente al peligro para la comunidad que dijo la abogada de Kenworth de la Montaña (empresa que vendió los carrotanques) sobre los supuestos contactos de Olmedo para continuar con su ejercicio delictivo. Por el contrario, Olmedo está siendo amenazado, reprimido por esas personas, y eso es lo que hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Corte, que hay interferencias frente a la colaboración y no pueden decir que él todavía tiene relaciones con las altas esferas del país, cuando hoy lo han oprimido para que no hable y calle la verdad”, puntualizó.

Dijo que es urgente que le protejan la vida porque desde que se conoció que está colaborando con la justicia ha sido víctima de múltiples hostigamientos. “Hay trazabilidad donde, a partir de la renuncia de Olmedo y de que empieza a colaborar con la justicia, le vandalizaron su casa y trataron de entrar a la casa de esta defensa. Entraron diez hombres armados, preguntando por el apartamento, por la libreta. También hubo un hurto a la familia de Olmedo, donde sacaron dos cajas fuertes, donde había información relevante que podía entregar a la justicia. Ha tenido amenazas de grupos armados”, enfatizó.

El abogado Moreno recordó que el compromiso de Olmedo con la justicia es total y que, por eso, ha asistido cada vez que lo requiere la justicia, que ha aportado chats, libretas, fotos, ubicaciones de celdas, entre otros. Añadió que por eso su compromiso con la verdad y que esto debe ser valorado por el juzgado a la hora de tomar una decisión.

Finalmente, el defensor de López pidió que sea recluido en un batallón militar, específicamente, en el pabellón Caldas, ubicado en el batallón de ingenieros en Bogotá, en el sur de la capital. El abogado aseveró que si va al patio de funcionarios públicos podría encontrarse con servidores que lleguen allí en el futuro por sus declaraciones. También dijo que estaría rodeado de personas que pueden ser amigos de esos servidores, de los que él le ha hablado a la justicia y estaría en un ambiente hostil. 

En todo caso, la decisión final sobre su establecimiento de reclusión le corresponde al juez 35 de garantías de Bogotá, que deberá evaluar el panorama expuesto por cada una de las partes. Nadie, hasta el momento, se ha opuesto a que ese sea el lugar de reclusión de los tres procesados.

Hay que recordar que fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público y privado. Todos se declararon inocentes porque, advirtieron, están negociando con la Fiscalía.

Los hechos por los que están investigados están relacionados con 21 órdenes de proveeduría y contratos que direccionaron algunos contratistas con el fin de sacar coimas de cada uno de los contratos. Estos suman más de 228.844 millones de pesos.