
Álvaro Uribe Vélez, Nicolás Petro y otros procesos que deberán concluir en 2025
Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena y Fernando Sanclemente.
Crédito: Foto: Colprensa
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¿Qué ocurrirá con el juicio al expresidente Uribe? ¿Habrá algún vinculado por la financiación de la campaña del presidente Petro? ¿Que pasará con el exembajador Sanclemente? El 2025 será un año de desenlace para estos y otros importantes procesos. Detalles.
Por: Sylvia Charry

Los términos del proceso que sigue la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe como presunto responsable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal se vencen en octubre de 2025. La fecha de prescripción de este caso, que ya está en juicio, se debe calcular teniendo en cuenta la mitad de la pena máxima establecida para cada uno de los delitos, y contándola a partir de la presentación de la indagatoria, realizada el 8 de octubre de 2019 ante la Corte Suprema de Justicia.
Según los cálculos, la pena máxima, tanto para soborno en actuación penal como para fraude procesal, es de 12 años. Es decir, que la finalización del proceso por prescripción de la acción penal es de seis años a partir de la presentación de la indagatoria: el 8 de octubre de 2025.
El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe es uno de los casos más largos de la historia reciente. En octubre de 2019, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria y le dictó casa por cárcel como presunto responsable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Desde ese momento, el expresidente quedó vinculado directamente al proceso. Sin embargo, Uribe decidió renunciar al Senado. En consecuencia, desde agosto de 2020 el proceso quedó bajo la batuta de la Fiscalía. En mayo de este año, tras casi cinco años vinculado al caso, la Fiscalía lo acusó formalmente; es decir, lo llamó a juicio.
En ese momento, el proceso volvió a detenerse por cuenta de que el abogado de Uribe, Jaime Granados, solicitó declarar nulo el proceso y que se iniciara desde la primera fase: desde la imputación de cargos. Y, en consecuencia, que la acusación y el juicio en su contra se suspendieran. No obstante, en agosto pasado el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, y rechazó la solicitud de declarar nulo el proceso. En ese momento comenzaron las audiencias preparatorias, que son la antesala al juicio y que no han culminado.
Lo más seguro es que el caso no logre una condena en segunda instancia antes de esa fecha, por lo cual la Fiscalía deberá trabajar a contrarreloj este 2025.
El juicio conta Diego Cadena
El 15 de abril de 2024 se reanudó el juicio contra el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, procesado por fraude procesal y soborno en actuación penal. El ente acusador dice sobre Cadena que, después de recibir instrucciones precisas del expresidente Uribe, ubicó y contactó a exparamilitares u otros ciudadanos que, a cambio de dinero en efectivo, promesas remuneratorias, servicios gratuitos u otras utilidades o beneficios, rindieran su testimonio sobre un plan que, supuestamente, tenían los señores Pablo Hernán Sierra García, alias Pablo, Alberto Guerrero o Pipintá, y Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias Guacharaco, o Villegas, para involucrar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez en el paramilitarismo. Fue una estrategia en la que involucraron como el artífice al senador Iván Cepeda.
Para ese propósito, el abogado Cadena y su socio Juan José Salazar –también acusado– buscaron a varios exparamilitares. Primero negociaron con Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, un paramilitar condenado a 40 años de prisión. A Vélez le giraron dinero a través de algunos de sus familiares para que –a cambio de las prebendas– mintiera ante la Corte Suprema de Justicia sobre supuesta reunión que en el pasado habría sostenido en la cárcel La Picota en Bogotá con el senador Cepeda, y que, a la vez, desmintiera las afirmaciones que su exjefe Pablo Hernán Sierra García, alias Pablo o Alberto Guerrero, había realizado contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Finalmente, alias Víctor entregó esa carta con falsedades en julio de 2018.
Fuentes cercanas al proceso dijeron a CAMBIO que a más tardar en junio de este año debe culminar el juicio contra el abogado Cadena. Solo hace falta la prueba de la defensa. Es decir, que Cadena y su abogado Iván Cancino presenten sus pruebas, las debatan, luego concluyan con los alegatos finales y que el juez de conocimiento dé su veredicto final sobre si es culpable o inocente. Esa decisión, en cualquier caso, se dará este año.
El juicio contra el exembajador Fernando Sanclemente
El juicio contra el exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente Alzate se adelanta ante el Juzgado 50 Penal con Funciones de Conocimiento. Al exfuncionario se le acusa como presunto responsable del delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba, dentro del caso conocido públicamente como la narcofinca.
La Fiscalía ha dicho que el exembajador “reunió a varios de sus trabajadores de la Finca Aras de San Fernando, ordenándoles en dicha reunión quemar todos los bienes muebles, enseres pertenecientes a la familia del señor Laureano Martínez”, pues allí había “elementos materiales probatorios importantes para las diferentes investigaciones” de este caso. Aunque Sanclemente ha sostenido públicamente que es inocente, y que nunca supo de los laboratorios de cocaína que instalaron en su predio, la Fiscalía ha mantenido su hipótesis de que él dio la orden.
En todo caso, fuentes del proceso explicaron a CAMBIO que en el juicio solo faltan debatirse dos pruebas de la Fiscalía, además de las pruebas de la defensa del exembajador, encabezada por el abogado Iván Cancino. Luego de esa etapa, siguen los alegatos finales y el veredicto del juez, El proceso, entonces, deberá concluir en el primer trimestre de 2025. Allí, en primera instancia, se sabrá si Sanclemente es declarado culpable o inocente.
Campaña del presidente Gustavo Petro
La Fiscalía lleva seis indagaciones por presunta financiación de la campaña del hoy presidente, Gustavo Petro, con fuentes prohibidas. La más conocida está relacionada con los audios del hoy exembajador ante la FAO Armando Benedetti en los que le reclamaba a la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia, la falta de prioridad y el mal trato recibido, alegando que organizó más de 100 reuniones y buscó activamente hasta 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial.
“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones y ahora ... que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, dice el audio publicado por Semana.
También se llevan dos indagaciones preliminares por la donación de 500 millones de pesos realizada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a la campaña presidencial de Petro que, para los investigadores, podría convertirse en el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
La Fiscalía también indaga el supuesto aporte de 600 millones de pesos por parte de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) a esta campaña política.
La indagación en la que es mencionada Francia Márquez tiene que ver con donaciones de organizaciones sociales no reportadas a la campaña de la entonces vicepresidenta y de Gustavo Petro. En ese proceso, hasta el momento solo se han hecho inspecciones judiciales para recaudar documentos y pruebas que sirvan para determinar si es o no responsable de los señalamientos en su contra.
El proceso en el que se indagan los hechos del hoy ministro Guillermo Jaramillo y quien, para la época de campaña, era el gerente al Congreso de la República del Pacto Histórico, se relaciona con las denuncias que se conocieron desde el año pasado y que tienen que ver con el presunto traslado irregular de candidatos de dicho partido en las avionetas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué SADI SAS de propiedad de Carlos Eduardo Restrepo Osorio.
Aunque todos esos procesos siguen en etapa de indagación, es decir, en etapa preliminar, en dónde se investigan hechos y no personas, se espera que después de dos años la Fiscalía dé a conocer sus primeros resultados: decisiones que están relacionadas con si vincula formalmente a alguno de los mencionados al caso en calidad de interrogatorio o de imputación de cargos, o si, por el contrario, las archiva.
Laura Sarabia y las chuzadas
El primero de febrero, el intendente Alfonso Quinchanegua y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, adscritos a la Sijín de Bogotá y ambos capturados por el caso de las chuzadas a las empleadas de Laura Sarabia, le pidieron a la fiscal Maribel Alcira Morales, que investigaba el hurto de dinero de la casa de Sarabia, que interceptara a la niñera Marelbys Meza. En ese momento, la funcionaria dijo que no existían “motivos fundados” para hacerlo y rechazó la solicitud.
Dos días después, Quinchanegua y Morales presentaron el testimonio de una fuente no formal –ya capturada–, según la cual un tal alias Pini, quien salía con una mujer mayor, hablaba de cambiar unos dólares producto de "una vuelta" que había hecho "en el norte de Bogotá".
La información, según los patrulleros, era suficiente para ordenar la interceptación, tal como lo hizo la fiscal.
La patrullera Dana Alejandra Canizales Bonilla, también capturada, fue quien suscribió el formato de fuentes no formales, en el que registraba que “una persona de sexo masculino se había acercado el día 2 de febrero de 2023 a las instalaciones de la Sijín Mebog y le había indicado que se encontraba inscrito como fuente con el código (equis) y que le había entregado información relacionada con un hurto en un edificio del barrio La Colina”.
Los hechos encajaban de manera perfecta con el caso recientemente asignado a Quinchanegua y Morales.
La supuesta fuente dijo que alias Pini andaba con “una vieja, medio cucha, alta, blanca, como costeña”, y que conocía a alias Pini porque “ha sido cansón” y que se imaginaba que seguía “haciéndole vueltas a los ranchos” y “que andaba con varias personas en eso". Con esa información, el 3 de febrero la fiscal Morales solicitó la interceptación de las líneas.
La línea de Marelbys Meza, sin embargo, le rebotó, porque ya se encontraba programada en otra sala de interceptación, en medio de una investigación contra el Clan del Golfo en Chocó.
Meses después, ese episodio no solo desataría el escándalo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia y la muerte del coronel Óscar Dávila, sino una nueva línea de investigación que adelanta la Fiscalía, relacionada con un posible tráfico de fuentes.
Por los hechos, todos los policías mencionados fueron procesados y, aunque algunos de ellos han dicho que la orden vino de Presidencia y la Fiscalía investiga la participación de Laura Sarabia en los hechos, la entidad aún no ha decidido si la vincula formalmente al caso o lo archiva por falta de pruebas en su contra. La opinión pública espera que la Fiscalía tome esta determinación en este 2025.
El proceso contra Nicolás Petro
Aunque la imputación contra el hijo del presidente se hizo en diciembre del año pasado, en enero del presente se dio uno de los pasos más importantes en el proceso penal: el llamado formal a juicio. En esta etapa, la Fiscalía ratificó que tiene suficientes pruebas para solicitar una condena en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, a la vez que continuó el proceso por haber recibido más de 1.000 millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, lo mismo que de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso el Turco Hilsaca, y del empresario Óscar Camacho.
Sin embargo, en septiembre de este año CAMBIO reveló que, cuando ya se había bajado la marea mediática del proceso, las partes se sentaron a negociar para ver si el caso puede terminar con un preacuerdo y no en un juicio. Si la negociación llega a buen puerto, la Fiscalía se ahorraría el desgaste y el riesgo de perderlo. Por su parte, Nicolás Petro, quien estando capturado confesó ante una cámara sus delitos, enfrenta la posibilidad de pasar hasta 13 años en la cárcel. Aquí puede leer los detalles del preacuerdo que negociaban.
Aunque después de esa revelación se dijo públicamente que la fiscal general había declinado cualquier negociación –precisamente por la filtración de la información– hace unos días aseguró que las negociaciones con el hijo del presidente “avanzan con dificultades que, además, son naturales en este tipo de ejercicios. La defensa tiene una perspectiva del caso que es apenas natural (...). No se ha llegado a ningún acuerdo y se ha continuado con la actuación judicial”, señaló Camargo. En todo caso, esa negociación deberá concluir en enero, cuando inicia el juicio.
Este 2025 se conocerá el dato clave: si Nicolás Petro va a juicio o se llega a una negociación entre las partes.
Caso UNGRD
En julio de este año, la Fiscalía tomó la primera decisión en el caso de la UNGRD y llamó a imputación de cargos a Olmedo López y Sneyder Pinilla porque ambos concertaron para repartir contratos a cambio de coimas. Algunas de ellas, dice la investigación, fueron ordenadas por Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de Inteligencia, quien habría orquestado, junto con otros altos funcionarios, esa estrategia de sobornos a cambio de que el Congreso aprobara las reformas del Gobierno.
Uno de esos capítulos, según investiga la Fiscalía, se habría ejecutado junto al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien supuestamente ordenó entregar contratos en la UNGRD a los congresistas de la comisión de Crédito Público para que dieran el visto bueno a los préstamos internacionales que pretendía el Gobierno.
Sobre este caso, el país espera conocer los nombres de los altos funcionarios del Gobierno que ordenaron las coimas como una supuesta estrategia para que el Congreso pasara las reformas. La Fiscalía deberá decidir si llama a responder por estos hechos, por ejemplo, a Carlos Ramón González, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y César Manrique, entre otros.
