La funcionaría habría declarado su impedimento diez meses después de que su esposo, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue designado como ministro de Salud.
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Catherine Juvinao ampliará queja disciplinaria contra esposa del ministro de Salud por posible conflicto de intereses
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El Reporte Coronell reveló que la representante a la Cámara presentará ante la Procuraduría nuevos hechos sobre un posible conflicto de intereses en el caso de la superintendente delegada para los prestadores del servicio de salud, Beatriz Gómez Consuegra.
El Reporte Coronell del 28 de abril reveló que el equipo de trabajo de la congresista Catherine Juvinao buscará ampliar la queja disciplinaria por un posible conflicto de intereses en el caso de Beatriz Gómez Consuegra, superintendente delegada para los prestadores del servicio de salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El ministro Jaramillo se posesionó en el cargo en mayo de 2023, en medio de uno de los primeros remezones del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, su esposa, quien se desempeñaba en la entidad adscrita a la cartera desde septiembre de 2022, tardó más de diez meses en declarar su impedimento ante el entonces superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal.
En el desarrollo del análisis del caso, el superintendente Leal aceptó el impedimento presentado por Gómez y designó como superintendente delegada ad hoc a Carolina Brijaldo. La nueva funcionaria debía encargarse exclusivamente de actuaciones administrativas relacionadas con la prórroga ejecutiva para el hospital San Rafael, de Leticia, que se encontraba en medida de intervención forzosa.
En medio del impedimento, la superintendente delegada para los prestadores del servicio de salud firmó un contrato por 55.000 millones de pesos para el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un buque entregado al hospital San Rafael, de Leticia. Además, el proyecto sería financiado con fondos del ministerio que dirige su esposo.
En su más reciente columna en Los Danieles, Daniel Coronell reveló una grabación en la que Gómez le insistió a la agente interventora del hospital, Lina Baraldo, avanzar en la firma del millonario contrato interadministrativo, pese a que el presupuesto total del proyecto no estaba asegurado. De hecho, el reporte logró establecer que la interventora fue despedida cuatro días después de la solicitud.
La ampliación de la queja disciplinaria contra la superintendente delegada Beatriz Gómez
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostiene que su esposa se encontraba habilitada para firmar el contrato administrativo en el desarrollo del impedimento. Además, insiste en que sus funciones como superintendente delegada le permiten ordenarle a la agente interventora firmar un acuerdo como el establecido para el hospital de Leticia.
Por su parte, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, presentó múltiples derechos de petición para acceder a documentos clave en el proceso. Con la información obtenida, la congresista presentará en las próximas horas una ampliación de la queja disciplinaria en contra de Beatriz Gómez Consuegra para esclarecer posibles faltas en el desarrollo de sus funciones.
De acuerdo con la congresista Juvinao, la superintendente habría insistido en participar en procesos relacionados con el hospital de Leticia desconociendo su propio impedimento. En ese sentido, la representante exigió esclarecer hechos relacionados con una posible extralimitación en el ejercicio de funciones y la eventual utilización de su cargo para ejercer presiones a otros funcionarios.
La superintendente Gómez ha reiterado que la Procuraduría decidió esta semana avalar la construcción del buque hospitalario, como muestra de la supuesta ausencia de impedimento para intervenir en el proceso. Sin embargo, congresistas de diferentes sectores han solicitado investigar a fondo su participación en el proceso.
Una vez se presente la ampliación de la queja disciplinaria contra la superintendente delegada Beatriz Gómez, la Procuraduría será la encargada de establecer si la esposa del ministro contaba con los requerimientos para solicitar la firma del millonario contrato y tendrá que determinar si la funcionaria cumplió de forma adecuada con su actuación administrativa.
