Instalaciones del Muelle 13 en Buenaventura, cuya concesión está en disputa entre la ANI y el Grupo Portuario.
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ANI demandó al Grupo Portuario para anular resolución que extendía concesión del Muelle 13 en Buenaventura
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La Agencia Nacional de Infraestructura interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para anular la resolución que modificaba el contrato de concesión del Muelle 13. La ANI alega incumplimientos legales en materia portuaria, ambiental y administrativa.
Por: Juan David Cano
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) presentó ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca una demanda de controversias contractuales contra la Sociedad Grupo Portuario S.A., operadora del Muelle 13 del puerto de Buenaventura, con el propósito de que se declare la nulidad de la resolución No. 20233030018615 del 23 de diciembre de 2023.
Dicha resolución autorizaba una modificación sustancial al Contrato de Concesión No. 0002 de 2005, permitiendo una prórroga de 20 años adicionales al contrato original, que finaliza el 28 de diciembre de 2025. Con esta decisión, Grupo Portuario habría obtenido el derecho de operar el muelle hasta 2045.
Las razones que dio la ANI para demandar
La ANI, sin embargo, sostiene que la resolución fue expedida sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales. En particular, se señala que no se cumplió una condición jurídica previa impuesta por la Vicepresidencia Jurídica de la entidad, relacionada con la reversión efectiva del Muelle 13 al Estado, requisito considerado indispensable para evaluar la solicitud de prórroga.
Adicionalmente, la ANI argumenta que no existían pronunciamientos favorables y definitivos por parte de autoridades con competencia ambiental, lo que generaba incertidumbres jurídicas y riesgos potenciales para el entorno ecológico del puerto y sus alrededores.
Cabe recordar que, tras autorizar inicialmente la extensión del contrato el 23 de diciembre de 2023, la propia ANI revocó esa decisión pocos días después, el 5 de enero de 2024, mediante la resolución No. 20243000000135, argumentando razones de precaución ambiental y legal. Desde entonces, el contrato permanece con vigencia hasta su fecha original de vencimiento en diciembre de 2025.
Con esta nueva acción judicial, la Agencia busca dejar sin efecto de manera formal la resolución que otorgaba la prórroga y reforzar la legalidad de las decisiones tomadas en defensa del interés público.
"El Gobierno del Cambio, encabeza del señor presidente, Gustavo Petro, reitera su compromiso con la defensa del patrimonio público, la legalidad de la contratación estatal y la protección de los recursos portuarios y ambientales de la nación", concluyó la entidad.
