Armando Benedetti, Arturo Char, UNGRD y otros casos que necesitan acelerador en la Corte Suprema en 2025

El escándalo de desvío de dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), necesita una rápida investigación que permita determinar responsabilidades y confirmar o desvirtuar los graves señalamientos que Olmedo López y Sneyder Pinilla han hecho ante la justicia y los medios de comunicación.

Este es uno de los grandes pendientes de la Corte Suprema, que se encarga de los aforados involucrados. Y es quizás el más mediático por ser el más prominente escándalo del Gobierno de Petro, pero no el único caso sobre el cual se espera decisión en 2025. 

CAMBIO les explica los detalles de este y otros expedientes que necesitan acelerador en la Corte Suprema de Justicia.

¿En qué va el caso de la UNGRD? 

Los congresistas Iván Name y Andrés Calle fueron señalados de haber recibido 3.000 y 1.000 millones de pesos, respectivamente, que salieron de la UNGRD, a modo de coima para que lograran la aprobación de reformas en el Congreso. Esa plata se habría destinado también para apoyar campañas regionales de familiares de ambos congresistas.

Name y Calle ya rindieron indagatoria en la Corte Suprema, están formalmente vinculados a una investigación y niegan rotundamente las versiones de López y de Pinilla que apuntan a que la entrega del dinero se pactó en el denominado 'cónclave' del Gobierno que se creó a finales de 2023 e inicios de 2024 y en el cual hacían parte el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco; el entonces director del Dapre Carlos Ramón González Merchán; la entonces consejera para las Regiones Sandra Liliana Ortiz, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González.

Según el exfuncionario, los dineros también se entregaron para apoyar las campañas de María Clara Name al Concejo de Bogotá, así como de Gabriel Calle Damoya, padre de Andrés Calle a la Alcaldía de Montelíbano; y de Gabriel Calle (hermano) a la Gobernación de Córdoba.

Ese expediente está en manos del magistrado Francisco Farfán y se espera que a inicios de 2025 finalice la etapa probatoria y se avance en la siguiente fase: definir la situación jurídica de Name y Calle, es decir, si les dicta o no una medida de aseguramiento. 

Luego de eso, la Sala continúa con la etapa probatoria y posteriormente decide si los llama a juicio o bien si les archiva el caso a su favor. Aunque la rapidez es clave para resolver este entramado, es cierto que los procesos en la Sala de Instrucción no avanzan a la velocidad que la ciudadanía quisiera, sin que esto signifique que la Corte no esté investigando.

En este caso, los implicados han buscado poder contrainterrogar directamente a López y a Pinilla, quienes declararon en la Fiscalía y algunas veces ante la Corte Suprema. Los dos protagonistas de este escándalo negociaron con la Fiscalía y están esperando que un juez avale lo acordado y reciban una pena menor a la prevista por colaborar y dar información. 

La definición de esa negociación podría impactar otra línea de investigación que avanza también en la Sala de Instrucción, pero en el despacho del magistrado Misael Rodríguez. Allí se le abrió investigación formal y llamó a indagatoria a los congresistas Karen Manriquie, Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).

Según la investigación, ellos habrían negociado y aceptado un acuerdo con funcionarios del Gobierno a finales de 2023 para emitir conceptos de operaciones de crédito público, a cambio de una dádiva que se concretaría con proyectos de obra e interventoría que haría la UNGRD por un total de 92.000 millones de pesos. De esto, dice la testigo María Alejandra Benavides, sabía el exministro Bonilla.

Como ha contado CAMBIO, este proceso tiene abundante material probatorio, declaraciones, horas de video que muestran vistas en el Ministerio de Hacienda y los testimonios de Pinilla y López, entre otros. Pero los seis involucrados guardaron silencio en la indagatoria y dicen que quieren poder interrogar a ambos testigos. En todo caso, se espera que en 2025 este expediente también avance y se defina la situación jurídica de los involucrados. Este proceso, no obstante, podría tardar más de lo esperado, si se tienen en cuenta los tiempos de la Corte Suprema de Justicia. 

Arturo Char: sin premura

En septiembre de 2023, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la captura internacional de Arturo Char Chaljub por su presunta participación y financiación del escándalo de compra de votos, conocido como la 'casa blanca', el mismo por el que fue condenada Aida Merlano. Char fue detenido apenas pisó Barranquilla, luego de aterrizar en avión privado, pero de ese show inicial ya pasó más de un año. 

La investigación que iba rápido en el despacho de Francisco Farfán se frenó luego de que el magistrado fuera señalado por presuntamente favorecer a la poderosa familia Gnecco, filtrando información de otro expediente. Farfán estuvo fuera de la Corte entre el 20 de noviembre de 2023 y el 10 de abril de 2024 para defenderse ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y Char quedó libre por vencimiento de términos a principios de este año. ¿Cuánto tiempo más pasará para que se defina la situación jurídica de Char? 

Ahora bien, nada garantiza que esto suceda este año. Un ejemplo de ello es el caso contra el exsenador David Barguil del Partido Conservador. En 2022, el alto tribunal le abrió una investigación porque, supuestamente, entre 2017 y 2018 hizo gestiones indebidas ante del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) para favorecer millonarios procesos de contratación a favor de la Alcaldía de Galeras, Sucre.

Barguil negó todo en indagatoria y el 13 de julio de 2023 la Sala le resolvió su situación jurídica absteniéndose a imponer medida de aseguramiento en su contra. Desde entonces, el caso está en etapa probatoria y aún no se define el curso. 

Armando Benedetti: las renuncias y el vaivén de sus casos

El exsenador Armando Benedetti Villaneda tiene una investigación en su contra desde marzo de 2021 por un presunto enriquecimiento ilícito de casi 3.000 millones de pesos. Este proceso inició cuando Benedetti era todavía senador y, a la fecha, no se ha definido.

Por un lado, Benedetti cuestionó desde el principio a la magistrada Cristina Lombana, señalándola de no ser imparcial. Presentó tutelas y recusaciones que se sumaron a peticiones probatorias, pues el exsenador insiste en que ese enriquecimiento ilícito no existe.

Pero Benedetti dejó de ser senador y el magistrado César Reyes envió el caso a la Fiscalía por falta de competencia, lo cual desató una tormenta interna en la Sala de Instrucción. La Fiscalía revisó el expediente y avanzó en material probatorio e, incluso, se hizo una audiencia ante un tribunal para tratar de definir a quién le tocaba este caso. Pero como Benedetti luego fue nombrado embajador en Venezuela, el expediente regresó a la Corte y Lombana fue separada del caso por haber emitido un concepto que comprometía su imparcialidad.

La incertidumbre volvió cuando Benedetti renunció a su cargo en Venezuela y fue nombrado embajador ante la FAO. Solo hasta mayo de 2024, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia zanjó la discusión y dijo que los hechos deben ser investigados por la Sala de Instrucción de ese alto tribunal y no por la Fiscalía. Pasaron siete meses.

Esta misma situación se dio con otros casos que tiene Benedetti. Hoy la Corte tiene en sus manos un expediente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, por supuestas coimas que habría recibido a cambio de contratos en Fonade. Esta denuncia remonta a hechos de 2012 y en 2018 se iniciaron las pesquisas. 

En 2023, Benedetti fue escuchado en indagatoria y en marzo de 2024 la Sala decidió que lo seguiría investigando, pero en libertad. El pasado 3 de diciembre CAMBIO publicó que la magistrada Lombana presentó un proyecto de fallo a sus compañeros pidiendo acusarlo por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Pero la Sala solo acogió por el delito de tráfico de influencias, por lo que el magistrado César Augusto Reyes tendrá que presentar la nueva ponencia en la que se acusaría a Benedetti por un delito y le precluiría el caso por el otro.

Benedetti tiene otro proceso por presuntas presiones o amenazas a funcionarios de la Fiduprevisora, que se habrían negado a servir a sus intereses en el direccionamiento de contratos relacionados con el servicio de salud del magisterio. En abril de 2024, la Sala decidió no imponerle medida de aseguramiento. 

Lo que está en juicio y lo que falta por arrancar

De otro lado, en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema está en juicio el exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos porque, supuestamente,  lideró un entramado criminal que buscó obtener un contrato de gerencia integral 670 que finalmente se firmó entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta por 48.660 millones de pesos en 2021. Ramírez insiste en que puede probar su inocencia.

También está en juicio el excongresista y hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Prada por supuestamente acudir a Carlos López, conocido como Caliche, para que este le pidiera una retractación a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que ha señalado a Álvaro y Santiago Uribe Vélez de tener nexos con las autodefensas. El caso ha tenido algunas audiencias de juicio.

La Sala también avanza en juicio en contra del exsenador Álvaro García por desplazamiento forzado y contra el exmagistrado de tribunal Carlos Alberto Vargas por corrupción. 

Por otro lado, apenas empezaron las audiencias preparatorias en los casos contra el exgobernador de Caldas Guido Echeverry por vicios en contratos y del representante a la Cámara Modesto Aguilera por presunto abuso sexual.

En fila para iniciar está el caso contra Héctor Julio Alfonso, uno de los hijos de Enilce López. Además, recientemente fueron acusados y están esperando fecha de juicio el exsenador Alirio Villamizar, el representante Néstor Rico; el exsenador Carlos Roberto Ferro Solanilla; y el representante Miguel Polo Polo, entre otros.