Cabo del Ejército que violó a una niña de cinco años ha recibido más de 40 permisos de salida. ¿Por qué?

Era la noche del último día de agosto de 2006 cuando el cabo del Ejército Erick Gaviria Villegas secuestró a dos hermanos –de 5 y 7 de edad– en el noroccidente de Bogotá. Luego, violó a la pequeña de 5 años. El uniformado fue capturado en flagrancia y dos días después ya estaba en la cárcel, acusado de los delitos de acceso carnal violento agravado, secuestro y lesiones personales. El entonces comandante del Ejército, Fredy Padilla de León, dispuso el retiro inmediato del suboficial y el proceso fue asumido por la justicia ordinaria.

El día de los hechos, la niña fue internada de urgencia en el hospital de Engativá, donde se le diagnosticaron síntomas de estrés agudo y lesiones cuya gravedad obligó a que fuera intervenida quirúrgicamente. Mientras tanto, el criminal era juzgado por su conducta ante un juez de garantías de Bogotá. Aunque se declaró inocente, el juez lo envió a la cárcel preventivamente mientras se le condenaba en juicio.

Las pruebas, irrefutables, condujeron a que solo unas semanas después el uniformado se declarara responsable. La justicia no tardó en condenarlo a 26 años y 8 meses de prisión.

Sin embargo, desde entonces el cabo ha gozado de hasta 48 permisos, cada uno de 72 horas. ¿La razón? El Código de Infancia y Adolescencia, que prohíbe beneficios a violadores de niños, fue expedido en noviembre de 2006, dos meses después del crimen. Como la ley no aplica con retroactividad, el cabo pudo seguir aprovechando los beneficios de cualquier otro condenado.

Al cabo Gaviria lo salvaron los tiempos. Si hubiera cometido el crimen después del 8 de noviembre de 2006, su condena habría sido más alta y, además, no habría podido acceder a permisos y otros beneficios que hoy son impensables para abusadores. A partir de expedida la ley, criminales como Rafael Uribe Noguera, Fredy Oswaldo Medina Rincón, Adolfo Arrieta, el subteniente del Ejército Raúl Muñoz, y los ocho militares que abusaron de la menor indígena en el Guaviare, entre otros cientos de ellos, no podrán salir de la cárcel sino cumplen con sus condenas.

El cabo Gaviria, en cambio, se ha dado el lujo de salir de la cárcel en más de cuarenta ocasiones, lo cual es una amenaza no solo para la propia niña a quien atacó Gaviria, sino para otras posibles víctimas. Los antecedentes lo confirman. En marzo de 2019, Elvert James Melchor, condenado a 18 años de prisión en 2002 por los delitos de acceso carnal violento y homicidio agravado, salió de la cárcel Picaleña de Ibagué, gracias a un permiso de 72 horas, y dos horas después, violó y asesinó a una menor de 16 años.

CAMBIO conoció documentos confidenciales sobre los permisos que el juez 7 de ejecución de penas de Bogotá le ha otorgado al cabo Gaviria. Según la ficha, el primer permiso de 72 horas lo tuvo en marzo del 2017 y desde ese momento, ha salido todos los años de la cárcel. Sólo en 2022 aparecen 8 salidas de 72 horas, eso quiere decir que, en promedio, estuvo casi un mes fuera de la cárcel en  2022. El panorama se repitió año tras año. 

En la primera salida del cabo solo había cumplido 12 años de su condena que es de casi 27 años de prisión, es decir, cuando la pequeña víctima ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad y aún vivía en Bogotá. 

Para María Cristina Hurtado Sáenz, exdefensora del Pueblo, delegada para los derechos de infancia, adolescencia y juventud, eso es una muestra de que, a pesar de la ley, el Estado colombiano les sigue fallando a diario a los niños del país.

“Esas garantías también son una ganancia del Estado de derecho para todos los agresores y victimarios. Ante delitos contra niños, niñas y adolescentes, que son sujetos especiales de protección –y ante un Estado que no les hace seguimiento después a los agresores– esas garantías crean un peligro inminente para las víctimas y para las posibles víctimas. El hecho de que tengan derecho a salir, no significa que ya se hayan rehabilitado".

En diálogo con CAMBIO, guardianes del Inpec, que prefieren estar en el anonimato, explicaron que el instituto penitenciario también es responsable en este caso, porque, para que un juez le conceda un permiso a un preso, el Inpec debe certificar que el preso tiene buena conducta, algo que, para las fuentes, es un requisito que los abusadores de menores cumplen con facilidad, pues permanecen aislados, retraídos y con la cabeza agachada, para que nadie les haga daño. 

“Es obvio que los abusadores tienen buena conducta en la cárcel porque se mantienen aislados. Cuando se les pone la tarea de hacer aseo, uno les puede regar un vaso de jugo 10 veces para ver si reaccionan y ellos, con la cabeza para abajo, trapean las veces que sea necesario. Nadie en la cárcel le teme a un abusador de niños. El riesgo de que hagan algo no está en las cárceles, con los presos o los guardianes, el riesgo está en la calle con los niños”, dijo una de las fuentes.

Para completar, el cabo Gaviria fue trasladado hace dos meses de la cárcel La Picota de Bogotá a un batallón militar en Antioquia. El beneficio de ir a sitio de reclusión especial lo obtuvo porque, en el momento de los hechos, estaba en ejercicio. 

El del cabo Gaviria es un ejemplo del riesgo legal que protege a los abusadores que cometieron sus atrocidades antes del 8 de noviembre de 2006 y, por ese vacío jurídico, pueden recibir permisos para salir de la cárcel sin ningún tipo de vigilancia de las autoridades. Helena Hernández, abogada penalista y docente universitaria, dice que el caso del cabo Gaviria es lamentable porque es una manera como el estado colombiano sigue ignorando su obligación de evitar nuevas víctimas.

“Siempre he sostenido que en Colombia no ha interesado llegar a consensos y respuestas reales frente a delitos especialmente graves, que ameritan una intervención mayor debido al interés superior de la niñez. Muchos penalistas repiten sin mucho sentido lo que estaría previsto para otros asuntos, no para estos. Si bien, medidas como la cadena perpetua –a mi juicio,  populistas– no conllevan a garantías reales a niños y niñas, sí es cierto que la etapa de ejecución de penas debería tener un especial control en condenados por delitos de extrema gravedad, como los sexuales. El Estado tiene obligaciones con las víctimas y con las potenciales víctimas. No veo que eso se esté ni siquiera pensando. No ha sido ni es una prioridad del Estado colombiano. Es lamentable”. 

A los beneficios para antiguos abusadores se les suman las cifras sobre la impunidad en este delito. Entre 2010 y 2022, se reportaron 316.917 casos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, de los cuales solo 489 terminaron en sentencia anticipada, es decir, el 0,15 por ciento de los procesos.

Pero hay un dato peor: las cifras muestran que los abusos a menores de edad van en aumento. Según Medicina Legal, mientras en el 2022 se realizaron 11.805 exámenes médico legales a menores de edad por sospecha de abuso sexual, entre enero y julio de este año ya se habían realizado 11.042. De los exámenes practicados este año, 1.000 se le hicieron a pequeños de 0 a 4 años de edad y 2.391 a niños y niñas que tenían entre 5 y 9 años. 

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Mientras Medicina Legal, en 2022, registró 17.106 casos de presunta violencia sexual contra menores de 14 años, la Fiscalía, en ese lapso, solo realizó 8.188 imputaciones contra presuntos depredadores sexuales.

Mientras tanto, el Estado sigue respetando los derechos del cabo Gaviria, en perjuicio de los derechos que no le garantizó a la pequeña a la que violó, a la que, incluso, el cabo se la puede volver a cruzar en la calle.