"Camine hablemos afuera": el extraño caso de corrupción de la SAE para no devolver un bien

En noviembre de 2019 el señor Humberto Parada fue notificado de que su casa, ubicada en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, sería embargada con fines de extinción del dominio porque estaba a nombre de una señora que era la madre de Vladimir Losada Zabala, un presunto integrante de la organización San Andresito de la 38 que había sido capturado meses atrás. 

Su inmueble hacía parte de uno de los 261 bienes que incautó la Fiscalía y que, según informaron, sumaban más de un billón de pesos. Sin embargo, pasaron más de dos años y la Fiscalía no cumplió con su deber: presentar una demanda de extinción de dominio o archivar la investigación y devolver los bienes. Por eso, en mayo pasado, la juez tercera de Extinción de Dominio de Bogotá tumbó las medidas cautelares de embargo y le ordenó a la Fiscalía devolver los bienes a los propietarios. CAMBIO conoció un oscuro episodio que involucra a un funcionario de la SAE que no quería obedecer la orden judicial y que, para acatarla, le habría pedido al afectado 10 millones de pesos.

La historia inició en 2018, cuando la Fiscalía capturó a Vladimir Losada Zabala y a otras 20 personas, como supuestos integrantes de organizaciones criminales como San Andresito de la 38, Clan Triana Esmeralderos, Clan Herrera y Colegiado de la Oficina, que se dedican, al parecer, a cometer extorsiones, amenazas, desplazamientos y a adquirir bienes en la modalidad de testaferrato. En noviembre de 2019, el ente acusador aplicó medidas cautelares de embargo y secuestro a 261 bienes que harían parte del patrimonio de los capturados. 

Esas medidas las toma la justicia con el fin de incautar esos bienes preventivamente para que no los puedan vender, y así, poder extinguirles el dominio en un eventual exitoso juicio en el que logren probar que fueron adquiridos con dineros ilícitos.

Sin embargo, la ley también le exige a la Fiscalía que, máximo seis meses después de aplicar esas medidas preventivas, debe tomar decisiones sobre el futuro de los bienes, es decir, irse a juicio y luchar por el dominio de los bienes o archivar el caso por falta de pruebas y devolverlos a sus propietarios.

Por la incapacidad de la Fiscalía para tomar una decisión, el pasado 30 de mayo la juez de extinción de dominio le ordenó devolver los bienes a los afectados. 

“No advierte esta judicatura que operen esas circunstancias particulares que permiten justificar, en exceso, un plazo razonable por parte de la FGN para la resolución del asunto, esto es, por inclinarse a interponer la demanda o archivar el proceso, ya que desde que se expidió la resolución de la imposición de medidas cautelares –18 de noviembre de 2020– a la fecha, el delegado fiscal no ha procedido en tal sentido. Si bien es cierto que se trata de un gran grupo de bienes los perseguidos –261–, aunado a la problemática de salubridad que se presentó a nivel internacional con ocasión a la pandemia conocida por el covid 19, a juicio de esta judicatura no obran circunstancias justificantes que permitieren establecer un plazo razonable a la FGN, más aún cuando desde la expedición de la resolución cuestionada a la fecha han transcurrido 29 meses, es decir, más de dos años, tiempo razonable para que la Fiscalía ya hubiese adoptado alguna de las posturas que prevé el artículo 89 ib., en la medida en que se ha triplicado el término para que presente la correspondiente demanda o disponga el archivo”, sentenció la juez.

Con esa decisión, el señor Humberto Parada, que había hecho un contrato de transacción con la SAE para permanecer en el inmueble y no ser despojado de su casa por una medida preventiva, volvió a tener paz. Sin embargo, las acostumbradas demoras en las notificaciones entre las entidades públicas del país llevaron a que el señor se enfrentara a un supuesto funcionario corrupto que le habría pedido dinero para cumplir la orden del juez y desistir del procedimiento de embargo.

La decisión de la juez de que la Fiscalía devolviera los bienes tiene fecha 30 de mayo, pero no quedaba en firme hasta que el centro de servicios de los juzgados de extinción de dominio expidiera una ‘constancia de ejecutoria’, que no es más que un documento que notifica que la sentencia queda en firme. Esa acta de ejecutoria salió el pasado 19 de julio. Dos días después, los juzgados enviaron todos los documentos a la SAE para que frenaran el operativo de embargo del bien, que estaba previsto para realizarse cuatro días después, es decir, el pasado miércoles 26 de julio. A pesar de que la SAE fue notificada, los funcionarios no frenaron el procedimiento.

“Del juzgado le enviaron los correos a la SAE notificando que la decisión quedaba en firme, que no me podían quitar mi casa, y el funcionario Jaicson Quiñónez me dice que no iba a parar la diligencia, que a él no le importaba y me siguió presionando. Entonces, me dirijo a la SAE el martes a las dos de la tarde, baja el señor Jaicson, todo déspota, mala persona, le empiezo a explicar sobre los documentos, me dice 'camine hablemos afuera' y sobre la Séptima me dice que tuviera listos entre 5 y 10 millones para frenar el operativo de incautación del bien”, le dijo a CAMBIO el señor Parada. 

El mismo día de la supuesta extorsión, el señor Parada denunció los hechos ante las autoridades. Será la Fiscalía la entidad encargada de investigar los hechos y determinar si la extorsión existió o no.

Como se lo advirtió el funcionario de la SAE, llevaron más de 20 personas a hacer el operativo de despojo, pero minutos después de que CAMBIO buscó a directivas de la entidad para que explicaran la situación, el operativo fue suspendido. 

Las explicaciones de la SAE

En diálogo con CAMBIO, altos funcionarios de la SAE trataron de explicar sin éxito el episodio. Primero dijeron que al correo de la entidad había llegado solo la sentencia, sin el acta de ejecutoria que es la que la deja en firme. Luego, cuando la periodista les mostró la evidencia de que había llegado todo, dijeron que sí, pero que el operativo ya estaba programado y que en la entidad se demoran de cinco a 10 días en hacer el “acto administrativo”; y que, además, el señor Parada era un ocupante irregular, así que el bien debía ser incautado para ser devuelto a la persona que aparecía en papeles. Sin embargo, al mostrarles el contrato de transacción del señor Parada con la SAE, que probaba que era una especie de inquilino y no un ocupante irregular, dijeron que eso era lo que les había explicado la persona del área correspondiente y que, entonces, necesitaban tiempo para una respuesta oficial sobre lo que había pasado. No obstante, 24 horas después la respuesta no había llegado a CAMBIO.

Acerca del señalamiento sobre la supuesta extorsión de uno de sus funcionarios, dijeron que sería la Fiscalía la encargada de investigar los hechos y que ellos estarían prestos para cualquier inquietud de la justicia.

El señor Parada asegura que la casa estaba a nombre de esa señora porque fue la garantía que le pidió Vladimir (quien antes de ser capturado, posaba como prestamista) para prestarle el dinero para comprar la vivienda,  porque, “como todos los pobres en el país”, no pudo acceder a un crédito bancario. La Fiscalía asegura que el bien hace parte del patrimonio del presunto bandido. Un juez será el encargado de decidir quién dice la verdad y cuál es el futuro de ese bien, uno de los 261 incautados que hoy, por la lentitud judicial, deben ser devueltos a sus dueños.