Camionetas blindadas de la UNP, en manos del ELN en el Catatumbo

Mientras se agudiza la violencia en el Catatumbo desde enero de este año, y aumenta la zozobra entre líderes sociales y campesinos de la zona por la persecución del ELN, se han multiplicado los llamados de auxilio de las comunidades para que el Gobierno les asigne esquemas de protección con vehículos blindados. 

No es para menos. En enero fueron asesinados tres líderes y el pasado 4 de abril, tras un atentado, murió el dirigente comunitario de Tibú, Gumer Vargas. 

Pero, además, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia documentó, solo entre enero y marzo, 50 amenazas y estigmatizaciones a líderes del Catatumbo, un promedio de 16 cada mes. Esto representa un aumento del 400 por ciento con relación al promedio de amenazas y estigmatizaciones de 2024.

Es apenas lógico, entonces, que hayan crecido “de manera alarmante” las solicitudes de vehículos blindados de parte de dirigentes sociales y organizaciones campesinas de esa zona fronteriza con Venezuela, según le confirma a CAMBIO el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez.

El problema es que el control del ELN sobre esa golpeada región sigue siendo tan amplio que, con frecuencia, esa guerrilla somete e intimida a algunas asociaciones campesinas y las camionetas con blindaje que entrega la UNP terminan en manos del grupo armado. 

Aunque no entrega cifras precisas, el director de la UNP ratifica que muchos de los vehículos asignados por esa entidad acabaron siendo utilizados por el ELN, pero también por las disidencias de las Farc que han tenido presencia en la zona. 

“Son vehículos que utilizan para la guerra”, dice Rodríguez.

Esta situación le ha creado todo un dilema a la UNP, pues esa institución pública está en la obligación de dar protección a los líderes sociales y campesinos, pero al mismo tiempo sabe que los blindados pueden acabar al servicio de la violencia.  

En medio de esa disyuntiva, el director de la UNP sostiene que “mientras el Ejército no tenga control pleno del territorio, como está ocurriendo en el Catatumbo” no puede “meter más vehículos blindados a la zona” o, en todo caso, está “restringiendo” su entrega.

El peligro, según Rodríguez, es “toyotizar el territorio”. 

Es un hecho que varias camionetas Toyota blindadas pueden sumarse a las que ya tiene el aparato de guerra del ELN. Sin embargo, hoy el riesgo es menor con los disidentes del frente 33 de las Farc que están concentrados en una zona rural de Tibú con la intención de avanzar hacia un acuerdo de paz, según ha dicho la delegada del Gobierno para esos diálogos, Gloria Quiceno.

Ni Estado ni protección

Mientras irónicamente la ausencia de Estado en el Catatumbo se convierte en un nuevo obstáculo para proteger a los líderes, que además llevan años pidiendo la presencia de las instituciones, la angustia crece entre los dirigentes sociales y los campesinos que permanecen en la zona, pero también entre los que siguen desplazados.

Varios de ellos le confirmaron a CAMBIO que los grupos armados con presencia en la región se han quedado con “muchas” de las camionetas blindadas que ha entregado la UNP como parte de los esquemas de protección.
 

José del Carmen Abril, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), conocido por el país en enero pasado tras un desgarrador llamado de auxilio que hizo uno de sus dos hijos firmantes de la paz con las Farc -Dairo Abril- para que el Ejército lo evacuara de las montañas donde se escondía de la persecución del ELN, dice entender la preocupación de la UNP, pero afirma que los robos de vehículos blindados no son nuevos.

“No solamente ahora, sino hace unos tres años, han venido quitando camionetas y desarmando a los escoltas. Eso para nadie es un secreto. Uno oye que se robaron el carro, que se robaron las armas, pero los campesinos no sabemos más”, afirma el líder campesino.

Ha sido tan sistemático el robo de los blindados en esa región del país, que César Jerez, presidente de la Asociación Nacional por la Unidad Campesina, sostiene que “allá todos los vehículos que entran son decomisados, se los roban la guerrilla del ELN y las disidencias”.  

Los grupos armados suelen usar esas camionetas para transportarse, pero Jerez no descarta que, además, algunas de ellas hayan ido a parar a Venezuela.

En una zona donde históricamente los campesinos han vivido bajo el amedrentamiento de diversos grupos armados, como El Catatumbo, las organizaciones sociales solían contar con uno o dos vehículos blindados facilitados por la UNP para desplazamientos urgentes, como el acompañamiento de un enfermo desde una vereda hasta el puesto de salud más cercano. 

Esos blindados, y otras medidas de seguridad, como la instalación de antenas de comunicación para romper el aislamiento de los campesinos con servicios tan básicos como el acceso a alguna autoridad del Estado, habían sido usuales dentro de los esquemas de protección colectiva gestionados por la UNP. 

Lo nuevo desde enero ha sido el incremento de solicitudes de esquemas de protección individuales y, particularmente, los llamados de auxilio para que les asignen camionetas blindadas.

En la región, que tampoco está exenta de la fragmentación campesina, existen 11 organizaciones sociales y, según la UNP, algunas tienen “simpatías” con los grupos armados o “están bajo la coerción” de estos.

“Y están pidiendo hasta 10 camionetas blindadas”, según un reporte de la entidad.

Aldemar Pinilla, dirigente de la Asociación por la Reconciliación y la Paz de Colombia (Asorepazcol), que reúne a campesinos de Tibú, Sardinata y Teorama, confirma que en medio del agravamiento de la violencia en el Catatumbo su organización pidió siete vehículos blindados para los líderes que están amenazados, pero dice que se quedaron sin respuesta de la UNP.

“Nos hicieron el estudio y ni siquiera con la Conmoción Interior, que facultaba para agilizar las medidas de protección, nos asignaron nada –agrega Pinilla–, ni para el colectivo, ni camionetas individuales. La dirigencia de nuestra asociación está desplazada y hay gente quieta en el territorio. ¿Usted cree que con un chaleco y un celular nos vamos a proteger? ¡Con un garrotazo nos matan, no necesitan gastarse un tiro!”.

Es obvio que los chalecos blindados y los celulares, únicas herramientas que entrega la UNP en algunos casos en los que se pide protección, resultan irrisorios en una región con las tensiones del Catatumbo que, junto con el Cauca, según el mismo Gobierno, son las dos regiones más problemáticas del país en términos de seguridad y auge de la violencia.

La encrucijada 

Los dirigentes campesinos de El Catatumbo lamentan las prevenciones de la UNP frente a algunas organizaciones de la zona, porque pueden terminar estigmatizando a la dirigencia campesina y al liderazgo social en general. 

Sin embargo, la UNP insiste en que tiene informes que indican que las camionetas blindadas que se entreguen a algunas organizaciones que están bajo coerción del ELN acabarán en manos de ese grupo armado, sin necesidad de que los vehículos sean robados.

En contraposición, líderes sociales les recuerdan a la UNP y al Gobierno que fue el ELN el que los sacó del territorio.  

“Todo el mundo lo sabe -afirma Pinilla-. También el presidente Petro lo sabe. Nuestro problema ha sido querer cambiar la economía del territorio, erradicar los cultivos de coca. Que no diga la UNP que le vamos a entregar las camionetas a los grupos armados”.

Controvertir a cualquiera de los grupos violentos cuando se vive en un territorio que ellos controlan significa una condena a muerte para los campesinos colombianos, y los gobiernos -incluso el de un presidente de izquierda, como el de Gustavo Petro- pocas veces son sensibles a esa realidad.

“Cuando se está en un territorio bajo el control de dos grupos armados y se es base social, de manera voluntaria o de manera forzada, se tiene que llegar a acuerdos con ellos para vivir, para trabajar, para hacer organización campesina -afirma Jerez-. Pero desafortunadamente este gobierno cayó en el mismo cuento de estigmatizar. Hasta Petro lo hace en sus discursos públicos”.

Frente a esta encrucijada, lo único claro es que hay un legítimo clamor de los campesinos para que el Estado proteja sus vidas.

Ya el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, intervino en el tema y solicitó a la UNP activar el mecanismo extraordinario de protección que se estableció tras el decreto que declaró la Conmoción Interior en el Catatumbo.

Ese decreto -el 137 del 5 de febrero- contempla medidas extraordinarias de protección “para personas, grupos y comunidades afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos y DIH (Derecho Internacional Humanitario), ocasionados por los grupos armados” de la zona.

De hecho, el Gobierno le otorgó a la UNP un presupuesto adicional de 163.505 millones de pesos para atender los problemas de seguridad de los líderes y organizaciones en el Catatumbo. 

Si bien esa entidad no ha entregado datos precisos sobre las camionetas blindadas que han acabado en manos del ELN en El Catatumbo, sí ha indicado que entre el 2022 y el 2023 se robaron en todo el país 74 vehículos de ese tipo.