La Procuraduría formuló cargos contra Carlos Julián Caicedo, pareja del presidente de Ecopetrol

La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá formuló pliego de cargos contra Carlos Julián Caicedo Cano, pareja sentimental del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por una presunta vulneración al régimen de incompatibilidades e inhabilidades. La autoridad disciplinaria calificó la falta como gravísima, a título de culpa gravísima.

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Según la entidad, Caicedo habría vulnerado la norma al posesionarse como asesor de Invías el 24 de enero de 2023, pese a que un día antes había suscrito un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, en Medellín.

De acuerdo con la investigación, la relación laboral entre el Invías y Caicedo se mantuvo hasta el 31 de marzo de 2023, fecha en la cual le fue aceptada su renuncia. Por su parte, el contrato con Pascual Bravo, aunque se ejecutó hasta el 30 de enero de 2023, mantuvo su vigencia hasta el 17 de octubre del mismo año, fecha en la que fue liquidado. Esto quiere decir que, durante al menos una semana, entre el 24 y el 30 de enero, Caicedo ejecutó paralelamente estos contratos. 

“Se constata la existencia de una desatención elemental del señor Caicedo Cano, para verificar el cumplimiento de requisitos legales para asumir el cargo y función a él asignada como servidor público, dentro de ellos, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades”, dice el texto del pliego de cargos.

La Procuraduría también está investigando si el servidor público vulneró los principios establecidos en la Constitución Política, como la moralidad pública, transparencia, responsabilidad y legalidad, entre otros.

'Tenía la capacidad de al menos preguntarse si cumplía con los requisitos': Procuraduría

La entidad explicó que Caicedo no es abogado ni tenía experiencia en el sector público para la época de los hechos, y que no existe prueba que demuestre que conocía el régimen de incompatibilidades o que hubiera actuado con intención de vulnerarlo.

Sin embargo, precisó que se trata de un profesional con amplia experiencia laboral en cargos directivos de confianza en el sector privado, por tanto, “tenía la capacidad de comprensión y conocimiento avanzado para, al momento de asumir una responsabilidad laboral y más en el sector público, al menos interrogarse o preguntarse si cumplía con el perfil y los requisitos para asumir dicho cargo y las funciones a él asignadas”.

En este caso, la Procuraduría sostuvo que, con una simple consulta a un profesional del derecho, en internet o ante cualquier entidad pública de apoyo como el Departamento Administrativo de la Función Pública, “hubiese podido salir de su falta de conocimiento y, de esta manera, haber evitado la presunta vulneración del régimen de incompatibilidades que hoy se le cuestiona”.