Carrusel de carros blindados: dos implicados quieren delatar a coautores

Este lunes, en El Reporte Coronell de W Radio, Daniel Coronell habló del caso de corrupción de los carros blindados, cuya investigación empezó en 2014 y que luego fue abandonada.

Coronell sostiene que este caso se trata de una "una mafia que involucra oficiales de la Policía, funcionarios civiles altos y medios de varias instituciones públicas, dueños de concesionarios automotores, empresas de blindaje y contratistas".

El periodista explica que dichos actores habrían adquirido -por medio de contratación estatal irregular- miles de millones de pesos por alquilar y vender carros especiales y blindados. Según pesquisas, el intermediario de la operación fue la compañía M&M Group, ahora llamada 7M Group.

Yonn Jairo García Rivera y Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, ejecutivos de dicha empresa, acudieron a la Fiscalía para delatar a quienes serían los supuestos coautores de estos delitos.

No obstante, "el principio de oportunidad, que debe ser aprobado por el fiscal general (Francisco Barbosa), y que habitualmente solo toma semanas, se está demorando", menciona Coronell. El documento, al que tuvo acceso el periodista, se presentó en noviembre de 2022 ante Barbosa.

"Parece haberse quedado frenado en su despacho", dice el reporte Coronell, añadiendo que "se puede demorar un año. Es decir que lo tendría que decidir el próximo fiscal general".

frase-destacada

"Este principio de oportunidad es un paso importante en la investigación que puede acabar con una vena rota que le ha costado cerca de 45 mil millones de pesos a los colombianos (...) Pareciera que no hay ninguna prisa para meterse con generales y otros personajes tan importantes".

Aún así, la fiscal Angélica Monsalve recuperó este caso tras pasar ocho años inactivo, aunque "no parece tener el respaldo de sus jefes para sacar adelante este proceso", según afirma el periodista en su reporte. Así las cosas, Monsalve presentó un borrador del principio de oportunidad.

El reporte admite que la lista podría ser más extensa, pero se plantea que García y Manjarrés ofrecen sus declaraciones respecto a las personas que guardan relación con las siguientes instituciones:

Fiscalía

• John Henry Porras Quitián, jefe de transportes: según la solicitud de Manjarrés y García, este funcionario -en palabras de Coronell- "viene otorgando desde 2012 contratos sin el lleno de requisitos legales" y "realiza estudios de mercado y fichas técnicas para favorecer a esos oferentes, presumiblemente a cambio de dinero".
• Harold Rodríguez Castellanos, ingeniero mecánico: según el reporte, de él se afirma que les daba "las fichas técnicas de los vehículos que la institución quería comprar e incluso les permitía modificar esas especificaciones a cambio de dádivas".

Unidad Nacional de Protección (UNP)

• Andrés Villamizar, exdirector: los declarantes, tal como menciona Coronell, afirman que "sabía que el secretario general de la UNP, Julián Marulanda, beneficiaba a los contratistas corruptos". No obstante, el exdirector le dijo a Coronell que dicha acusación es falsa y que incluso desconoce a García y Manjarrés. Así las cosas, Villamizar mencionó que no es posible que una persona que no conoce afirme que tenía conocimiento de irregularidades llevadas a cabo por un subalterno.
• Julián Marulanda, secretario: presuntamente solicitaba dádivas a cambio de dar "información privilegiada sobre procesos contractuales de compra de carros y repuestos", según el reporte. 
• Carlos Bermúdez Cuchimaque, exfuncionario: Según las denuncias descritas en el reporte, él era "el enlace de los contratistas para arrendamientos de vehículos".
  • Manjarrés y García mencionan también a alguien llamado Andrés Vaca, un presunto amigo de Bermúdez que "contactaba a los contratistas para recoger los sobornos", según Coronell.

Policía Nacional 

• Rodolfo Palomino, general y exdirector: según el reporte del alto oficial, "les facilitaba las fichas técnicas de las contrataciones de los carros blindados y no blindados a cambio de recibir dádivas como regalos y donaciones". Manjarrés y García plantean que el proceso se realizaba por medio de Eva de Palomino, su esposa. No obstante, el general le aseveró a Coronell que no ha tenido vínculo con dichas personas. "No creo que mi señora lo haya hecho", aseguró. 
• William Ernesto Ruiz Garzón, general: García y Manjarrés manifiestan que solicitaban "donaciones y colaboraciones para protegerlos en la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional y direccionar procesos de contratación para que fueran favorables a ellos".
• Juan Francisco Peláez, coronel: según los declarantes, les dio contratos desde la Dirección de Tránsito tanto de Bogotá como la Nacional. "Para ello presuntamente modificaba las fichas técnicas, a cambio de dádivas y favores", explica Coronell.
• John Carlos Roa, coronel: el reporte manifiesta que, según se denuncia, "les entregaba información sobre procesos de contratación, antes de que fueran publicados, y pedía dádivas y favores a cambio".

Empresarios

Entre los mencionados en el reporte, se encuentran los hermanos Alejandro y Aldo Salvino, directivos de la empresa Blinsecurity. Del primero se menciona que sostenía contacto con Julián Marulanda y que se favorecía de los contratos para alquilar vehículos blindados; a Aldo se le achaca lo mismo.

Por otra parte, Coronell explica que también se señala al empresario Alan Perlman de involucrarse con la UNP y su contratación, así como a Luis Wilson González -GMW Blindajes- de beneficiarse "por favorecimientos de Julián Marulanda mientras estaba en la UNP".

Además se acusa a Shinobu Kataoka, que ha figurado como presidente de Suzuki en el país. Tal como se explica en el programa, Manjarrés y García plantean que el ejecutivo japonés "les otorgaba poder a los intermediarios para que adelantaran las contrataciones chuecas y entregaba dádivas a los funcionarios que lo favorecían".

Para escuchar por completo El Reporte Coronell y conocer los detalles que revela, consulte el siguiente video: