Las claves de la Ley de Garantías: ¿desde cuánto aplica y a quiénes afecta?

Con la contienda electoral, que en el país arrancó con el impulso de la consulta popular, también comienzan a regir las normas que intentan, de alguna manera, lograr que las elecciones sean lo más “transparentes y neutrales” que se pueda. Una de esas es la ley 996 de 2005, conocida como la Ley de Garantías, precisamente porque intenta garantizar que la contratación pública no afecte a los electores. 

Las exigencias de la norma

La idea de esta norma es evitar que los puestos que hay en las entidades públicas sean utilizados durante las elecciones para incentivar el voto de los electores. En otras palabras, para que un funcionario no prometa puestos a cambio de votos. Por lo menos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones legislativas y presidenciales. En ese sentido, la Ley de Garantías comienza a regir el 8 de noviembre de 2025 para las elecciones al Congreso y el 31 de enero de 2026 para las elecciones a la Presidencia. 

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Entre las prohibiciones están: 

• La vinculación de la nómina estatal. 
• Restricción a la contratación pública. 
• Prohibición para los servidores públicos en la celebración de convenios y contratos inter administrativos.

Además de eso, Función Pública menciona que, durante ese periodo, las personas que estén en sus cargos, como el presidente, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez, no podrán asistir a actor de inauguración de obras públicas, entregar personalmente recursos o bienes estatales, entre otros. A su vez, se restringe el monto que se destina a la publicidad estatal.  

Sin embargo, en la norma se establece una excepción a la contratación en algunos temas puntuales. Estos son los “relacionado con la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”. 

Otro elemento a tener en cuenta es que tampoco se pueden proveer las vacantes definitivas, pero sí las que se generan por renuncias, licencias o muerte indispensable para el funcionamiento de la administración pública. Es decir, solo en esos casos se podrán dar nombramientos provisionales. 

Adicionalmente, la ley sí permite la provisión de empleos que están vacantes, pero solo a través de la figura del encargo. Esto, porque durante la Ley de Garantías no se pueden hacer modificaciones a la nómina. 

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¿A quiénes aplica? 

Como se mencionó anteriormente, esta ley aplica para todos los funcionarios que están sujetos al estatuto general de la contratación pública y las entidades con régimen especial de contratación. 

En ese sentido, cualquier incumplimiento de la ley de garantías podría constituir una falta gravísima y será sancionable, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE).   

Sin embargo, como explica Alfonso Portela, experto en derecho electoral, las sanciones dependerán de los funcionarios, la calidad que tenga y la forma en que viole la ley: “Sobre esa base también viene el tipo de investigación de la eventual sanción”, señala.