El Consejo de Estado concluyó que el presidente Gustavo Petro incurrió en una vulneración a los derechos fundamentales de las hijas de Gloria Lara.
Crédito: Presidencia de la República - Juan Cano
Consejo de Estado ordena retractación pública del presidente Petro por declaraciones sobre caso Gloria Lara
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El alto tribunal falló a favor de las hijas de Gloria Lara de Echeverri, quien fue secuestrada y asesinada en 1982, al considerar que las afirmaciones del presidente vulneraron su buen nombre y honra. Petro deberá retractarse públicamente y ofrecer disculpas a la familia.
Por: Juan David Cano
El Consejo de Estado ordenó al presidente de la república, Gustavo Petro, retractarse públicamente por declaraciones emitidas durante un evento oficial en Suecia, en las que insinuó que un familiar de Gloria Lara de Echeverri habría estado involucrado en su secuestro y asesinato.
La decisión fue tomada tras estudiar una acción de tutela interpuesta por Gloria Lucía y Luz María Echeverri Lara, hijas de la víctima, quienes afirmaron que las palabras del mandatario constituyeron una afectación grave a sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad.
El pronunciamiento que dio origen a la controversia se produjo el 14 de junio de 2024, durante la intervención de Petro en el evento Transformando vidas – Seguridad Humana y Paz Total en Colombia, organizado por la Universidad Sueca de Defensa en Estocolmo. Allí, el mandatario relató que algunos colombianos exiliados habían sido falsamente acusados de participar en el crimen contra Gloria Lara, y añadió que "al parecer la mató y la secuestró un familiar".
Para la Sala de lo Contencioso Administrativo, esta afirmación constituye una imputación directa contra un grupo familiar específico –los Echeverri Lara– sin que existan pruebas que la sustenten. En consecuencia, el tribunal concluyó que se violaron los derechos fundamentales de las demandantes y ordenó al presidente emitir una retractación pública.
La retractación deberá publicarse en la página web oficial de la Presidencia de la República, en la del Consulado de Colombia en Estocolmo y en el sitio del Departamento Administrativo de la Presidencia, y permanecer visible durante tres meses. Para la Corte, aunque la libertad de expresión tiene una protección reforzada en el ámbito político, no puede amparar afirmaciones carentes de veracidad que lesionen la reputación de personas particulares, especialmente si provienen de la figura de mayor jerarquía del poder Ejecutivo.
En el fallo se distingue entre dos tipos de afirmaciones hechas por Petro. Por un lado, la afirmación específica sobre la supuesta autoría del crimen por parte de un familiar, la cual fue desmentida y sancionada por el tribunal; y por otro, sus opiniones sobre la inocencia de los procesados judicialmente en los años ochenta, quienes alegaron haber confesado bajo tortura. En este último punto, el Consejo de Estado no encontró vulneración alguna, ya que tales opiniones se apoyan en antecedentes documentados y pronunciamientos históricos.
Finalmente, el tribunal recordó que la familia Lara ha sido reconocida como víctima ante el sistema interamericano de derechos humanos y que el Estado colombiano ya ha aceptado su responsabilidad internacional por la impunidad del crimen. Por lo tanto, las declaraciones presidenciales deben considerar con especial cuidado la memoria de las víctimas y el sufrimiento de sus familiares.
¿Quién fue Gloria Lara y por qué su caso sigue siendo emblemático?
Gloria Lara de Echeverri fue una dirigente política y funcionaria del Partido Liberal, con amplia trayectoria en labores sociales y comunitarias. El 23 de junio de 1982 fue secuestrada en Bogotá al salir de su oficina. Aunque inicialmente se señaló al M-19 como responsable, sus líderes negaron la autoría y más adelante el hecho fue atribuido a la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP), un grupo radical vinculado a sectores campesinos. El 28 de noviembre de ese mismo año, su cuerpo fue hallado sin vida en la entrada de una iglesia del barrio Bonanza, en el occidente de Bogotá, envuelto en una bandera negra con las siglas del grupo.
El caso estuvo marcado por un proceso judicial irregular, con capturas masivas, confesiones bajo tortura y múltiples decisiones contradictorias. A pesar de algunas condenas iniciales, la mayoría fueron revocadas, y en 1998 la Corte Suprema declaró prescrita la acción penal. En 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia de la familia y, en 2024, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por la impunidad.
