Corte le pide de nuevo al Congreso un estatuto disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular

La Sala Plena de la Corte Constitucional exhortó nuevamente al Congreso de la República para que adopte una regulación relacionada con los servidores públicos de elección popular y que incluya un proceso disciplinario que vaya de la mano con los estándares nacionales e internacionales al respecto.

Este pedido de la Corte al Congreso ya se había hecho en 2023 en la sentencia que declaró que la Procuraduría General podía sancionar a los elegidos por voto popular, incluso con destitución, pero en un proceso que luego debe ser examinado por jueces administrativos.

Como se sabe, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, que señaló que solo los jueces penales pueden afectar derechos políticos. La Corte colombiana lo que hizo fue decir que ese mandato internacional no se aplica de manera automática, sino que debe armonizarse con las reglas internas, razón por la cual creó una fórmula: que las sanciones de la Procuraduría quedan suspendidas hasta que un juez administrativo, no penal, pero juez, revise todo lo actuado.

Como ha explicado CAMBIO, la decisión de la Corte Constitucional no ha sido cumplida, pues si bien la Procuraduría sí continuó sancionando, en el Consejo de Estado hay diferentes posturas, pues, algunos magistrados no creen que esa fórmula de revisión cumpla con la sentencia de la Corte IDH. 

Además, el Consejo de Estado también ha anulado sanciones que la Procuraduría tomó incluso antes de que existiera esta discusión sobre las competencias de la entidad. La Corte Constitucional ya revocó dos de esas decisiones en los casos de Eduardo Carlos Merlano y Juan Carlos Abadía y lo acaba de hacer en el caso de Duber Fabio Trujillo, quien fue alcalde de San José de Fragua en Caquetá.

La nueva sentencia de la Corte Constitucional

En decisión de la Sala Plena, la Corte Constitucional cuestionó que en agosto de 2023, el Consejo de Estado haya optado por levantar la sanción de destitución e inhabilidad que la Procuraduría le dictó a Trujillo en 2014.

El argumento que usó el Consejo de Estado fue que la Procuraduría no podía emitir esa sanción, pero la Corte Constitucional reiteró que desde hace años se dejó en claro que esa entidad sí tiene esa facultad y que no hay razón alguna para controvertirla. Así ya lo dijo este año dos veces en las sentencias SU-381 y SU-382 de 2024.

"Conforme a dicho precedente, la Sala concluyó que, para la época en que se adoptaron las decisiones disciplinarias, la Procuraduría General de la Nación sí era competente para imponer las sanciones de destitución e inhabilidad de servidores públicos de elección popular; que dicha competencia había sido declarada como compatible con la CADH por esta Corporación, en varias sentencias con efectos erga omnes (para todos), que hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional; y, que tal competencia no se oponía a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", explicó la Corte.

Por esa razón, la Corte Constitucional le dijo al Consejo de Estado que tiene dos meses para emitir una nueva decisión en el caso del exalcalde Trujillo e hizo un llamado a las autoridades en general a resolver con celeridad casos como estos que comprometan "intensamente los derechos políticos". Además, hizo de nuevo el pedido al Congreso para expedir la regulación que subsane las diferentes posturas que hay sobre este tema. 

¿En qué va el caso en el Consejo de Estado?

Como al interior del Consejo de Estado hay diferencias sobre qué deben hacer, la Sala Plena está preparando una decisión unificada al respecto.

Este hecho no ha sido bien recibido por la Corte Constitucional. Su presidente, el magistrado José Fernando Reyes, dijo en entrevista con CAMBIO que el consejo de Estado debe aplicar su sentencia y, por consiguiente, revisar como juez administrativo que es las decisiones sancionatorias que emita la Procuraduría en contra de funcionarios elegidos por voto popular.

Desde agosto de 2023, la Sala Plena está revisando el asunto, pero, hasta el momento, no hay nada de fondo. La Sala se ha limitado a revisar los impedimentos que los diferentes magistrados han presentado. De hecho, el pasado 9 de octubre, la Sala Plena negó unos impedimentos presentados. 

Así, no hay certeza de la fecha en que se podría emitir una decisión.