¿De la paz total a la combinación de zanahoria con garrote? Por: Eduardo Pizarro Leongómez

En los últimos dos años han ocurrido tres hechos que deben ser objeto de análisis para entender el rol actual de las Fuerzas Militares (FFMM) en el marco de la paz total: el nombramiento de un ministro de Defensa proveniente de las filas castrenses, la disolución de los Comandos Conjuntos y la decisión de las FFMM de retomar el control del territorio. ¿Estamos frente a un cambio profundo en su papel en la guerra y en la paz?                                   

El nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa Nacional causó mucha extrañeza en la opinión pública, al menos por tres razones: en primer término, nadie entendía cómo un presidente de izquierda nombraba a un militar en ese cargo. Desde 1991, cuando Rafael Pardo asumió como ministro de Defensa en reemplazo del general Óscar Botero, se había quebrado una larga tradición que se había iniciado en 1951 durante el período de La Violencia. Entre 1951 y 1991, a lo largo de 40 años, todos los ministros de Guerra (más tarde de Defensa) habían sido oficiales en servicio activo, mientras que desde 1991 -salvo un corto período en 2009 en que el general Padilla de León ocupó interinamente ese cargo-, todos los ministros habían sido civiles: Rafael Pardo, Fernando Botero, Juan Carlos Esguerra, Guillermo González, Gilberto Echeverry, Rodrigo Lloreda, Luis Fernando Ramírez, Martha Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina, Juan Manuel Santos, Gabriel Silva, Rodrigo Rivera, Juan Carlos Pinzón, Luis Carlos Villegas, Guillermo Botero, Carlos Holmes Trujillo, Diego Molano e Iván Velásquez. 

En segundo término, otro hecho que causó impacto era que se trataba de un oficial proveniente de la Fuerza Aérea y no del Ejército, pues en el pasado la totalidad de los ministros del ramo habían provenido de esta fuerza. En efecto, desde el primero en la historia contemporánea del país, el general Gustavo Berrío (1953-1954) hasta el último cuatro décadas más tarde, el general Óscar Botero (1989-1991), habían pertenecido todos al Ejército Nacional, el arma de las Fuerzas Militares que siempre había considerado que, dado su peso y número de hombres, era el destinatario natural para ocupar ese cargo. 

Y, finalmente, dado que se trataba de un oficial menos antiguo que otros 29 oficiales, se planteó que su nombramiento iba a significar un descabezamiento dramático -aún más dramático que el que ya habían sufrido las FFMM desde el inicio del mandato de Petro- de la cúpula militar, debido a que estos oficiales debían solicitar la baja, como es ya tradicional en nuestro país. 

A pesar de estas aprehensiones, el general Sánchez solicitó la baja del servicio antes de posesionarse y, sorpresivamente, ningún alto oficial hizo lo propio. La idea que predominó en las Fuerzas Militares, tanto en servicio activo como en retiro, era que era totalmente inconveniente para la institución militar un nuevo retiro masivo y, por otra parte, que era necesario rodear al nuevo ministro. No sin aprehensión, pues tras el éxito que tuvo en la Operación Esperanza, mediante el rescate en la selva amazónica de los cuatro hermanos Mucutuy tras un accidente aéreo, había sido designado como coordinador de la seguridad de la familia presidencial. 

Lo cierto fue que el general Sánchez mantuvo intacta la cúpula militar que recibió de su antecesor y estos oficiales lo han respaldado sin que haya habido ninguna señal de fractura. Es más. En los últimos meses se ha roto la parálisis en que se hallaban las FFMM debido a los ceses al fuego bilaterales sin protocolos que habían predominado hasta entonces y, en muchas regiones, éstas han retomado la iniciativa en el terreno. Ante todo, las fuerzas especiales que fueron el arma en la cual se formó el ministro de Defensa actual.

A mi modo de ver, con la llegada del nuevo ministro se comienza a retomar la experiencia del gobierno de Juan Manuel Santos de combinar el garrote con la zanahoria, es decir, la presencia institucional en los territorios con las políticas de paz que -como lo enseña la experiencia internacional-, nunca deben ir separadas.

Los Comandos Conjuntos y las fuerzas de tarea conjuntas

El nuevo enfoque en relación con el manejo del orden público se explica, en gran medida, gracias a la acertada decisión de la disolución de los Comandos Conjuntos que tomó el ministro Velásquez, el 1 de noviembre de 2024. 

En efecto, ese día, el Ministerio de Defensa emitió la resolución 4760 mediante la cual se acabaron los Comandos Conjuntos creados veinte años atrás y se estableció que, en adelante, las operaciones estarían a cargo de cada comandante de fuerza, el cual podría contar con el apoyo de otras fuerzas si las circunstancias así lo exigieran. 

Mediante esa resolución se modificaron los comandos conjuntos 1, 2, 3, 4 y 5 -que, en adelante, solo tendrán la función de llevar a cabo recomendaciones-, se suprimieron las fuerzas de tareas conjuntas (FTC) “Omega”, “Titán”, “Hércules”, “Marte” y “Quirón” y se suprimieron los comandos específicos del Caguán, del Oriente y del Cauca. 

Esta decisión causó mucho revuelo. Mientras algunos analistas y columnistas elevaron un grito al cielo argumentando, de una parte, que esos comandos conjuntos habían sido la clave para el debilitamiento de las AUC y de las FARC y, de otra parte, que se trataba de una medida adicional para debilitar a las FFMM, otros analistas plantearon que se trataba de una decisión necesaria. 

Sin duda, todos los grandes operativos militares claves contras las FARC para lograr su “debilitamiento estratégico” y, por tanto, para su tránsito de las “armas a la política”, fueron el resultado de operaciones conjuntas, por ejemplo, las operaciones realizadas en 2008 como la Operación Fénix, que se llevó a cabo contra el campamento de Raúl Reyes en la frontera colombo-ecuatoriana y la Operación Jaque, que condujo a la liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes-.

Sin embargo, la etapa en la cual las FARC buscaron pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos con enorme concentración de tropas y campamentos guerrilleros compuestos por decenas y decenas de hombres en armas -como los campamentos del Mono Jojoy o de Raúl Reyes-, ya es cosa del pasado. Hoy en día todos los grupos armados, ya sean de tinte criminal o de origen político, se desplazan con pocos miembros eludiendo a la fuerza pública y su accionar se basa en la táctica tradicional de golpear por sorpresa y retirarse (hit-and-run tactics). Por ello, los Comandos Conjuntos perdieron vigencia y era necesario un nuevo modelo institucional fundado en el control territorial. 

Al respecto, la propia OTAN recibió una dura lección por no haberse adaptado a los cambios en la dinámica de la guerra. Mientras que en la Guerra de Irak en 1993 contra Sadam Hussein enfrentando un ejército regular tuvieron un éxito total con los comandos conjuntos, en Afganistán, años después -cuando los talibanes habían pasado de grandes unidades militares a la guerra de guerrillas-, el fracaso fue total. Todavía la imagen de las tropas aliadas escapando a la carrera por el aeropuerto de Kabul en 2021 causa impacto. 

Por estas razones, la decisión de suprimir los comandos conjuntos fue, a mi modo de ver, acertada. 

El control del territorio

En el modelo que sustituye a los comandos conjuntos se les restituye a los comandantes de fuerza -Ejercito, Fuerza Aérea y Armada- la responsabilidad de garantizar un mejoramiento del orden público en sus espacios privilegiados de acción: tierra, aire, mar y ríos. 

Uno de los problemas que ha afrontado Colombia debido a su conflicto prolongado ya por décadas, es que las Fuerzas Militares -cuya misión principal era la defensa nacional y la protección de las fronteras- se han tenido que volcar hacia adentro, acompañando a la Policía Nacional en el manejo del orden público interno.

Desafortunadamente en nuestro país no se creó -como viene recomendado desde hace ya muchos años el coronel (r), Carlos Alfonso Velázquez- una Guardia Nacional Rural que, como la Real Policía Montada de Canadá o la Guardia Nacional de Francia- se hubiese encargado de la seguridad de las zonas rurales, dejándole la responsabilidad del orden público urbano a la Policía Nacional, y las tareas de protección de las fronteras a las FFMM. Las consecuencias han sido funestas: ante todo, la conformación de “gobernanzas criminales” en las fronteras terrestres y marítimas más vulnerables del país, llenas de rutas clandestinas para todo tipo de tráficos ilegales. 

Por eso, hoy en día, la tarea más importante del país en los temas de guerra y paz es llevar a cabo una profunda reflexión sobre el territorio y las fronteras del país. La vieja frase que se le atribuye a Luis Carlos Galán, “Colombia tiene más territorio que Estado”, mantiene todavía una infortunada vigencia. 
 

Complejidad geográfica
 

El control del territorio no es una tarea sencilla, pues, como he señalado en distintos libros y artículos, Colombia es uno de los países más complejos geográficamente del mundo. Por ello, la tarea que se les han asignado a los comandantes de las tres armas de las Fuerzas Militares de mejorar el control en tierra, aire, mar y ríos exigirá un gran esfuerzo en los próximos años.  

Armada Nacional

Como bien sabemos, Colombia es una de las 21 naciones del mundo —entre 194 naciones que tienen asiento en Naciones Unidas— cuyo territorio continental dispone de un acceso simultáneo a dos océanos y, más aún, es una de las aún más escasas doce naciones privilegiadas que gozan de acceso tanto al Atlántico (a través del mar Caribe) como al Pacífico, es decir, a los dos océanos más extensos del planeta. Un enorme privilegio geopolítico, por ejemplo, para el comercio internacional. 

Gracias a la nuestra condición de nación bioceánica y a las Islas de San Andrés y Malpelo, Colombia goza de una extensa plataforma continental: la superficie total de nuestro mar territorial es de 928.660 km², de los cuales, 589.223 km² se sitúan en el Atlántico y 339.547 km² en el Pacífico, equivalentes al 28,5 % y al 16,4 % del territorio nacional, respectivamente. 

Sin embargo, no es nada fácil para la Armada Nacional compuesta de 56 mil miembros controlar un área marítima del tamaño de la porción terrestre de Venezuela. 

Infantería de Marina

De otra parte, la hidrografía de Colombia es una de las más ricas del mundo. Lo paradójico, sin embargo, es que el enorme privilegio de contar con un número excepcional de rios navegables en torno a las cinco vertientes hidrográficas del país (Caribe, Pacífico, Amazonas, Orinoco y Catatumbo), se ve en muchas ocasiones afectado debido al esfuerzo que realizan grupos criminales para convertir nuestros ríos en “autopistas de la criminalidad” a favor de los comercios ilícitos. 

Y, a pesar de que Colombia posee la segunda fuerza de infantería de marina del mundo después de los Estados Unidos, conformada por 22.000 miembros, ésta no tiene ni el tamaño ni los recursos requeridos para controlar ese enorme desafío. Basta señalar que actualmente le corresponde la custodia de 40.000 km² del territorio nacional y 8.865 km de ríos navegables. Ni más ni menos que un espacio superior dos veces al tamaño de El Salvador. 

Fuerza Aérea

Colombia es, después de Venezuela, la segunda nación de América Latina por el número de fronteras marítimas y terrestres con otras naciones: Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y Santo Domingo. Ni más ni menos. Es decir, la protección de nuestro espacio aéreo es, simple y llanamente, enorme. Pero, además, la Fuerza Aérea debe apoyar al conjunto de la fuerza pública en las tareas de garantizar el orden público interno. En ese sentido, es muy preocupante que, en los últimos años, antes de fortalecer su capacidad ésta se ha visto debilitada. 

No solamente los aviones K-fir ya están llegando al final de su vida útil, sino que los helicópteros indispensables para la movilización y el apoyo de las tropas en zonas de orden público están en su mayoría inhabilitados, tanto los Black Hawk como los MI-17. Según el ministerio de Defensa, más de cien helicópteros están fuera de servicio y del total de la flota área, el 61% está operativo y el resto, un 39%, en tierra. La superioridad aérea que había sido clave en el manejo del orden público en el pasado, está hoy seriamente debilitada.

Ejército Nacional

En tamaño, Colombia no solamente ocupa el puesto 25 entre 194 naciones que tienen asiento en Naciones Unidas, sino que tiene un rasgo muy poco común a nivel mundial: en su territorio coexisten seis regiones naturales, pues nuestro país es a la vez una nación caribe, pacífica, andina, amazónica, llanera e isleña, tanto en el Pacífico (Malpelo) como en el Atlántico (San Andrés y Providencia). 

Es más, entre las 311 fronteras terrestres que existen hoy en el mundo, la frontera Colombia-Venezuela ocupa el puesto No. 17, la frontera Colombia-Brasil el 31 y la frontera Colombia-Perú el 32. Es decir, tenemos ni más ni menos tres de las fronteras más extensas a nivel global, las cuales, además, salvo una porción con Venezuela, se hallan en la región amazónica, cuyo control es muy complejo. 

Por ello, la disminución que ha sufrido el Ejército Nacional en los últimos años en más de 50 mil miembros, además de la caída de su presupuesto, simple y llanamente está debilitando la capacidad institucional para garantizar no solo la seguridad nacional, sino el orden público interno. 



El uso de drones y la adquisición de aviones de combate

Algunos especialistas, incluyendo a Rafael Pardo, han cuestionado la adquisición de una  flota compuesta por entre 16 y 24 aviones de combate Saab 39 Gripen a Suecia con objeto de reemplazar a los aviones Kfir de la Fuerza Aérea, con dos argumentos: primero, que Colombia desde la Guerra con el Perú en 1932 no ha tenido ningún conflicto armado con sus vecinos y, segundo, que la prioridad hoy en día es la adquisición de drones, los cuales están comenzando a ser utilizados por distintos grupos armados no estatales contra la población civil y las Fuerzas Armadas, y constituyen según estos analistas, el nuevo rostro de la guerra. 

Se trata, a mi modo de ver, de un error de apreciación: primero, porque es indispensable siempre para una nación disponer de una “fuerza de disuasión defensiva” creíble -sin entrar en una carrera armamentista que afecte las finanzas públicas-, sobre todo tomando en consideración que Colombia se encuentra en la principal “zona de tempestades” de América Latina, el Caribe, en donde no solo están los tres países que desafían abiertamente a Washington (Cuba, Nicaragua y Venezuela), sino próximo al Canal de Panamá que Trump comienza a reivindicar como propio. Además, estamos afrontando un dramático desajuste del orden mundial de la postguerra fría. 

Y, segundo, porque los aviones Saab 39 Gripen pueden realizar operaciones claves en el conflicto armado interno -similares a lo que llevaban a cabo los Kfir-, como tomas áreas y bombardeos localizados. Es decir, estos aviones pueden apoyar las acciones de la fuerza pública contra los grupos armados no estatales. 

La adquisición de estos aviones de combate no es incompatible con la necesidad, simultánea, de comenzar a producir y adquirir drones para neutralizar el uso de “sistemas de aeronaves no tripuladas” (UAS) acondicionados con explosivos que están siendo utilizados de manera creciente por algunos grupos contra la fuerza pública. Se trata de una medida complementaria. Unos y otros se refuerzan mutuamente. 

En síntesis

A mi modo de ver, por los argumentos expuestos, considero que el nombramiento del general Pedro Sánchez ha sido un acierto en las difíciles circunstancias que afronta el país, pues, lentamente, las FFMM comienzan a superar el estado de postración en el cual se encontraban, ante todo, gracias al nuevo enfoque orientado hacia el control del territorio y el debilitamiento de las gobernanzas criminales, a las cuales no se les puede permitir de ninguna manera echar raíces aún más profundas en las zonas periféricas del país. Y el anuncio del comandante del Ejército, general Luis Cardozo, el pasado 25 de abril, de disponer de nuevas Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA) se inscribe en este rediseño de las Fuerzas Militares.
 

*Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia