Las decisiones más importantes de las Altas Cortes en 2024: desde el respaldo a la Procuraduría hasta la protección de las mascotas

A comienzos de diciembre de 2024, el Consejo de Estado tomó una de las decisiones que tenía en ascuas al mundo judicial y que permitió zanjar el choque que ese tribunal tenía con la Corte Constitucional por un tema clave: las sanciones de la Procuraduría General a los elegidos por voto popular.

El Consejo de Estado definió que, como juez administrativo que es, sí hará la revisión automática de las sanciones de la Procuraduría, que quedan en suspenso hasta que se emita su decisión. Y señaló que esta fórmula creada por la Corte Constitucional en 2023 sí cumple el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Gustavo Petro.

Esta podría calificarse como la decisión del año, si no fuera porque el debate alrededor de este tema está lejos de acabar. La importancia de la unificación del Consejo de Estado viene porque, al menos en la justicia interna, despejó el limbo que había y deja una ruta clara a seguir: la Procuraduría seguirá sancionando a los alcaldes, gobernadores o congresistas y el juez tendrá la última palabra.

Pero ese juez es administrativo y no penal y el fallo de la Corte IDH dice que sólo un juez penal puede afectar derechos políticos de los elegidos por voto. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo en entrevista con CAMBIO que debe hacerse una reforma, lo que implica que en 2025 esta discusión seguirá. Eso sí, mientras tanto, el recién posesionado Gregorio Eljach tiene un piso sólido para actuar.

Además de este importante fallo, ¿qué otras decisiones de las cortes fueron claves este año? CAMBIO hace una recopilación.

El CNE puede investigar la campaña Petro

En agosto, la Sala de Consulta del Consejo de Estado afirmó que el Consejo Nacional Electoral sí es competente para investigar posibles irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro y señaló que esa autoridad podría, incluso, llegar a sancionar con una multa al entonces candidato y hoy presidente.

Este fallo, que el CNE usó como base para abrir una investigación, fue cuestionado por el presidente, quien viene usando las palabras “golpe blando” en referencia a esta y otras decisiones judiciales. El Consejo de Estado ya rechazó una tutela que su defensa presentó y la Corte Constitucional también reiteró la competencia del CNE para investigar campañas. Además, la Corte IDH negó la petición de dictar medidas provisionales a favor del presidente. La investigación seguirá en 2025.

Código Electoral, Escazú e inteligencia artificial

La Corte Constitucional tomó muchas decisiones importantes este año. Por su relevancia, vale la pena destacar que, por segunda vez consecutiva, tumbó la reforma al Código Electoral que había impulsado Alexander Vega desde la Registraduría y que se aprobó en el Congreso en 2023.

Esa corporación había aprobado un código en 2020, pero dos años después la Corte lo tumbó por vicios de forma. A pesar de ello, el Congreso no aprendió y volvió a tramitar uno con vicios de trámite, lo cual ha impedido actualizar las reglas electorales.

Igualmente, la Corte tomó dos decisiones ambientales claves: en julio dijo que, de aquí en adelante, las normas que regulan el otorgamiento de licencias ambientales para grandes proyectos extractivos deben tener en cuenta los impactos del cambio climático. Y en agosto dio su visto bueno a la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental, y que sólo pudo pasar en el Congreso con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.

En agosto igualmente, la Corte tomó una decisión pionera en la región e, incluso a nivel global: el primer fallo del tribunal constitucional sobre el uso de la inteligencia artificial, especialmente por parte de los jueces en la administración de justicia.

Esa decisión fijó una serie de parámetros para su uso, siempre que el juez lo encuentre necesario y pertinente, que se haga un uso razonable y con un enfoque de protección de derechos fundamentales y considerando criterios de autorregulación ética, y dejando en claro que la máquina nunca podrá reemplazar al juez.

En defensa de los animales

En septiembre, la Corte Constitucional determinó que los animales de compañía, es decir las mascotas, no pueden ser embargados en un proceso judicial. Esta decisión es relevante porque, aunque parezca extraño, se presentaron casos en el país en donde unos perritos fueron embargados por un juez en medio de un proceso de divorcio de una pareja. Ya se zanjaron las dudas y las mascotas quedaron en el listado de bienes que no pueden embargarse.

Por otro lado, en noviembre, la Corte Constitucional tumbó una norma del Estatuto Animal que permitía que se le cortaran las orejas o las colas a perros y gaticos, bajo la excusa de que eran procedimientos estéticos. Esas acciones ya no se podrán realizar, así como tampoco la extirpación definitiva de las uñas en felinos e incluso la eliminación de cuerdas vocales en perros para disminuir el ruido de los ladridos.

La ñapa: la sentencia de la Corte IDH que tiene implicaciones graves

A finales de noviembre, la Corte IDH condenó al Estado Colombiano por el caso de Saulo Arboleda, exministro de Comunicaciones involucrado en el escándalo del miti-miti. La sentencia es relevante porque Arboleda fue condenado en el año 2000 por la Corte Suprema en única instancia pues, para esa época, el país no había regulado la doble instancia para altos funcionarios del Estado.

En pocas palabras, la sentencia dice que como Colombia suscribió la Convención Americana en 1972, desde entonces debió haber actualizado sus reglas internas a ese mandato internacional que tiene no sólo el derecho a la doble instancia, sino la garantía de la doble conformidad, que señala que toda sentencia condenatoria emitida por primera vez debe ser revisada por un superior.

La Corte ordenó a Colombia revisar la sentencia de Arboleda, que se creía cosa juzgada, y con ello abrió la puerta para que toda persona condenada en única instancia desde el año 2000 busque que también sea revisado su fallo y esto podría incluir a todos los condenados por parapolítica. En 2025, el Estado colombiano y especialmente la Corte Suprema tendrán que dar una respuesta sobre esta decisión.