La radicación del documento sucede después de que nueve partidos políticos presentaron una solicitud al registrador Penagos para que devolviera el decreto y le aplicará la excepción por inconstitucionalidad.
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Gobierno ya radicó el decreto de la consulta popular en la Registraduría
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La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó a CAMBIO que el decreto que convoca la consulta popular ya fue radicado en sus oficinas. El registrador, Hernán Penagos, deberá decidir si avanza con el trámite o espera un pronunciamiento judicial.
Por: Gabriela Casanova
En los últimos minutos, el decreto de la consulta popular fue radicado en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Mientras desde el Ejecutivo aseguran que si el registrador Hernán Penagos no desarrolla el proceso de convocatoria implicaría un prevaricato, varios sectores políticos le piden al funcionario rechazar la misma apelando a la excepción por inconstitucionalidad.
La radicación del documento sucede después de que, el pasado 12 de junio, nueve partidos políticos presentaron una solicitud urgente al registrador Penagos para que devolviera el decreto y le aplicará la excepción por inconstitucionalidad. Se trata de Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Verde Oxigeno, Liga Anticorrupción, Liberal y Nuevo Liberalismo.
Según estos partidos, el decreto carece de sustento jurídico y contradice el orden constitucional vigente y, de ejecutarse, "sentaría un grave precedente institucional" y comprometería recursos públicos; además, vulnera "directamente varios principios y disposiciones fundamentales de la Constitución". Entre ellos:
- El Estado social de derecho y el principio de soberanía popular
- La separación de poderes y los límites constitucionales del presidente de la República
- El derecho al debido proceso
Incluso, recordaron que el decreto se firmó luego de que el pasado 14 de mayo el Senado negó formalmente la solicitud del Gobierno de convocar a consulta.
¿Qué pasa si el registrador no convoca la consulta popular?
En diálogo con CAMBIO, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó que si el registrador se niega a convocar la consulta popular, estaría incurriendo en prevaricato.
“Es que no hay fundamentos para que el registrador aplique, a su vez, una excepción de inconstitucionalidad sobre otra excepción de inconstitucionalidad”, dijo.
Es importante tener en cuenta que el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro se apoya en una excepción de inconstitucionalidad, figura que se aplica cuando existe un conflicto entre normas y una de ellas es contraria a la Constitución. En este caso, se invocó tras la decisión del Congreso de hundir la propuesta de consulta, la cual consideran inconstitucional.
Según el ministro, el acto del presidente es absolutamente constitucional. Por tanto, de actuar en sentido contrario, el registrador se expondría a denuncias penales por prevaricato y a tutelas contra un acto que sería, según sus palabras, inconstitucional y manifiestamente contrario a la ley.
