"El decreto vulnera principios constitucionales": nueve partidos piden al registrador pausar la consulta

Luego de que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto con el que convoca la consulta popular, ya llegaron una serie demandas y nueve partidos de oposición e independientes le solicitaron al registrador nacional detener el trámite de ese recurso. 

“Para los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Liberal y Nuevo Liberalismo, el decreto que convoca una consulta popular. Eso considerando que está carente de sustento jurídico y en abierta contradicción con el orden constitucional vigente”, se lee en el comunicado emitido este jueves, un día después de la firma del decreto. 

De acuerdo con las nueve colectividades de oposición, la medida que está adoptando el Gobierno viola la separación de poderes, los límites constitucionales, el derecho al debido proceso, y la decisión que tomó el Senado en la sesión del 14 de mayo de 2025, día en que se votó la consulta popular. 

Ellos señalan que, si se le da vía libre a esta consulta, “se sentaría un grave precedente institucional y comprometería recursos públicos en una convocatoria sin sustento legal”.  

Así, ellos le hicieron un llamado al registrador para que no adelante el calendario electoral y prepare las elecciones. 

Frente a toda esta discusión, el papel que tiene el registrador es clave. ¿Por qué? Si el Consejo de Estado no interpone medida cautelar para pausar la ejecución de la consulta, el registrador es el funcionario que tendría que poner en marcha ese mecanismo. 

Ahí está toda una discusión, porque la norma establece que luego del decreto, él tendría que solicitar la apropiación de recursos al Ministerio de Hacienda. En otras palabras, pedir el dinero que se necesita para ejecutar las elecciones. Según el registrador, Hernán Penagos, el costo sería de 700.000 millones de pesos. 

Luego de eso, ahí sí comenzaría el proceso de las elecciones de la consulta. Sin embargo, abogados constitucionalistas consultados por CAMBIO aseguran que Penagos ahí tendría dos caminos, convocarla o establecer una excepción de carácter constitucional y no convocarla.