"Desafortunadamente, parte de la salud se financia con vicio": ministro de Hacienda

La Sala Plena de la Corte Constitucional realizó este lunes una audiencia pública sobre el debate que podría cambiar por completo el mercado del aguardiente en Colombia. Como se sabe, en el país está vigente una ley que le permite a los departamentos prohibir que llegue a sus territorios aguardientes que se producen en otros departamentos. Esa norma que fue usada por Cundinamarca para vetar al Aguardiente Amarillo de Manzanares que elabora la Licorera de Caldas, fue demandada por el exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo.

En este debate, las licoreras y la mayoría de los departamentos le pidieron a la Corte que deje intacta esa facultad de de veto está en el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, pues esta medida busca proteger el aguardiente nacional. Solo el departamento de Caldas, los demandantes y algunos abogados expertos están en desacuerdo con ella, diciendo que se afecta la libre competencia y el libre mercado.

Una parte de la salud se financia con el vicio: ministro de Hacienda

Este debate versa sobre el monopolio del aguardiente en el país y permite que, por ejemplo, Antioquia vete por seis años a licores que se producen en Caldas o en Caquetá si los gobernadores encuentran que la industria local están en riesgo.

En la audiencia pública, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió a la Corte centrarse en otro trasfondo que tiene este debate: que parte de los recursos que los entes territoriales adquieren por la venta de licor, se destinan para la salud y la educación.

"En la vida real, solo hay siete departamentos que producen aguardiente y tienen licorera. Hoy, lo importante y representativo es que ustedes (magistrados) van a tomar decisiones sobre el carácter de los ingresos de los departamentos", dijo Bonilla.

El ministro de Hacienda dijo que "desafortunadamente la salud se financia con el vicio". Según Bonilla, aunque esto no debería ser así, lo cierto es que tener el monopolio de licores significa que una parte del ingreso ayuda a financiar la salud. "Un pedazo del financiamiento de la salud en los territorios proviene de esta destinación. Eso es lo que van a discutir", insistió Bonilla.

Diferentes voces

El procurador delegado para Asuntos Constitucionales, Juan Sebastián Vega, aseguró que para la entidad, las demandas que estudia la Corte no deberían prosperar, ya que la posibilidad de veto tiene un fin legítimo: proteger las finanzas de los departamentos y garantizar su autonomía. "Se permite monopolizar temporalmente la oferta del aguardiente a nivel local ante la entrada súbita de competidores foráneos que afecta la industria local", dijo.

Vega precisó que el veto tiene un periodo definido de seis años, por lo que es una medida temporal, y explicó que ese veto solo puede ejercerse a futuro y no afecta la comercialización de aguardientes que ya tienen permiso.

Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, también defendió la autonomía fiscal de los departamentos. Según explicó, ocho departamentos ejercen el monopolio de producción de licores: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Mientas que siete lo hacen de manera indirecta, pues maquilan los licores.

José Ignacio López, presidente de Anif, apuntó que en las condiciones actuales, "preocupa que las utilidades para algunas licoreras no son tan altas como se esperaría". "Las licoreras exhiben niveles de deuda significativos", dijo al señalar que varias han quebrado como las de Huila y Nariño.

"Los ingresos derivados de las ventas de licores, vinos, aperitivos y de derechos de explotación son fundamentales para las finanzas de los departamentos, llegando a representar hasta el 66 por ciento del recaudo en el Cauca, por ejemplo", dijo López.

Según el experto, también hay que tener en cuenta que ha crecido el mercado ilegal de licor y que este representa un estimado del 22 por ciento del mercado. Así, en su criterio, "la entrada de nuevos competidores tiene el potencial de reducir el contrabando y de absorber parte de ese mercado ilegal y generar nuevos empleos".

Como ha contado CAMBIO, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, es el único que se opone a esta posibilidad de veto, diciendo que con ello se restringe la actividad económica, la iniciativa privada y la libre competencia económica.

Según Gutiérrez, se crea una facultad “desproporcionada e irrazonable” a los gobernadores del país para ejercer un “monopolio rentístico de licores por producción directa o mediante contrato, de imponer salvaguardas a los aguardientes procedentes de territorios fuera de su jurisdicción (de otros departamentos), so pretexto de un posible riesgo de afectación a la industria de licores departamental por un eventual acrecentamiento inesperado de introducción de productos de la misma categoría”.