Llegó el día decisivo por el noveno voto del CNE: lo que está en juego en la elección del reemplazo de César Lorduy

Si fuera por los patrocinadores que aparecen en la camiseta, el partido de este 8 de abril en el Congreso sería entre dos equipos chicos. Álvaro Echeverry y Plinio Alarcón se disputan un puesto en el Consejo Nacional Electoral: el primero, apoyado por el partido Colombia Justa Libres, y el segundo, por el Partido Mira. Ambas colectividades están lejos de ser las más numerosas en el Capitolio. Sin embargo, tras bambalinas hay un pulso entre los partidos más grandes por tener a un aliado en una corporación cuestionada, pero que sigue decidiendo sobre temas claves en materia política y electoral.

En una esquina está Álvaro Echeverry Londoño, abogado caldense quien tiene en sus cuentas el respaldo del Pacto Histórico, Comunes, la mayoría de los verdes y los sectores cercanos al Gobierno del Partido de La U, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En los cálculos previos, Echeverry tiene cómo ganar sin despeinarse. Incluso Cambio Radical también votaría por él debido a un cálculo político para que se respeten los acuerdos de 2022.

Ese año -cuando se posesionaron los actuales congresistas- se pactó la distribución de las mesas directivas del Congreso y se elaboraron las planchas de candidatos al CNE. Allí, el partido de Vargas Lleras presentó una lista de candidatos concertada con el petrismo y los partidos tradicionales. Gracias a ello, Cambio Radical logró poner a César Lorduy como su representante en el CNE. En esa lista también estaba Echeverry Londoño, a quien le faltó el centavo para el peso y no pudo quedar como magistrado. El revés se explica porque el petrismo y sus aliados prefirieron poner por encima a Alba Lucía Velásquez y Cristian Quiroz, actuales magistrados.

Tanto el oficialismo como Cambio Radical insisten en que, según esos acuerdos, ante la renuncia de Lorduy en diciembre del año pasado es a Echeverry al que le corresponde entrar por ser quien sigue en la fila. Si esto se incumple, se abre la puerta para que en la última legislatura se rompan otros acuerdos como, por ejemplo, la presidencia de la Cámara para Cambio Radical. 

“Cambio Radical no pretende romper los acuerdos, entre otras cosas, porque tenemos también en pocos días la elección de mesas directivas en la Cámara de Representantes y nos corresponde la presidencia de la corporación”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa.

De hecho, como lo reveló CAMBIO días atrás, los conservadores cercanos al Gobierno están pujando por quedarse con esa dignidad y dejar a la oposición con las ganas sin importar los pactos de hace dos años y medio.

La confianza de la Casa de Nariño en la victoria de Echeverry es tal que, según conoció este medio, el abogado ya renunció a su cargo como director de Consulta Previa en el Ministerio del Interior y así posesionarse lo más rápido posible.

En la otra esquina está Plinio Alarcón, actual director jurídico del CNE y cercano al Partido de La U, a la magistrada Maritza Martínez y al exregistrador y codirector de ese partido, Alexander Vega. En su tablero tiene el apoyo de algunos congresistas de La U, así como godos y liberales, pero no del Centro Democrático, partido que ha insistido en reabrir convocatoria para presentar candidatos por supuesta falta de transparencia en el proceso.

Por ello, si Alarcón gana sería el batacazo del mes y una derrota para el Gobierno comparable con aquella elección de Iván Name como presidente del Congreso en 2023.

Álvaro Echeverry: el cerebro detrás de la estrategia de recuperación de votos del Pacto

Echeverry no es un aparecido en el petrismo. De hecho, varios senadores del Pacto Histórico le deben a él su curul. El abogado se puso la camiseta de estratega electoral y se encargó de diseñar la estrategia para cuidar los votos del Pacto en 2022. De hecho, su llegada a la campaña se dio en 2021 por el acercamiento que hizo Roy Barreras y la exposición con diapositivas que Echeverry le hizo a Gustavo Petro contándole sobre sus hallazgos de las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2018.

Con el candidato convencido, a Echeverry le asignaron recursos importantes para montar una oficina en el centro de Bogotá a la que llamaron ‘Fábrica de Reclamaciones’.  

El centro de operaciones fue puesto en alianza con Ingenial Media, empresa que ayudó a coordinar la estrategia de testigos electorales y que aparentemente fue contratada con los 500 millones de pesos que Fecode donó a la campaña. Ese aporte es uno por los que la campaña se habría pasado los topes de financiamiento, según la investigación que lleva el CNE adonde Echeverry quiere llegar. Por ello, de ganar la elección, al abogado le lloverán recusaciones por presunto conflicto de interés.

En todo caso, la operación salió a pedir de boca: en marzo de 2022, Echeverry y su equipo detectaron que en el preconteo para Senado hubo cero votos por la lista cerrada del Pacto Histórico en 29.425 de las 112.900 mesas instaladas en el país. Un hecho anómalo si se tiene en cuenta que el Partido Liberal y el Partido Conservador (con votaciones similares al del Pacto) solo tuvieron un 4 por ciento de mesas en cero. 

La alerta y las posteriores reclamaciones le recuperaron cinco curules en el Senado al Pacto Histórico.

Lo que está en juego con esta elección

La llegada de Echeverry no es solo un punto de honor para una parte del petrismo o una reivindicación a su héroe de 2022. Se trata de una jugada previa al jaque mate contra el supuesto golpe de Estado que, según el presidente Petro y su movimiento político, se orquesta en el CNE.

Desde 2022, en ese organismo se conformó un bloque de seis magistrados que apoyaron con uñas y dientes la investigación contra la campaña presidencial de Petro en 2022, al punto de llevarla a una etapa inédita en la historia reciente del país. En ese bloque estaba Lorduy.

Con la renuncia de la cuota de Cambio Radical y la muy posible llegada de Echeverry, esos seis votos se reducirían a cinco, evitando mayoría y bloqueando una eventual decisión adversa contra la campaña presidencial. Se espera que este año por fin concluya la etapa del debate probatorio y se llegue al momento decisivo en el que la Sala plena decida sancionar o no a los responsables de esa aspiración electoral y compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Incluso el aterrizaje del recuperador de votos del petrismo dilatará  de entrada el proceso, pues solicitará la rotación del expediente para entender desde cero la investigación. Así se empezaría a asegurar que cualquier decisión se demore más allá del próximo 19 de agosto, fecha límite para que haya un fallo en primera instancia o, de lo contrario, la investigación se archiva.

Pero en la mesa no solo están los intereses del Gobierno por frenar la supuesta aventura golpista, sino también preocupaciones de los partidos sobre decisiones que puede tomar el CNE y afectar su futuro.

Por ejemplo, esa corporación debe decidir si acepta o no la creación del partido Progresistas, una colectividad producto de la escisión del Mais y liderada por David Racero y María José Pizarro. Es un tema del que depende la unificación del Pacto Histórico y su supervivencia para las elecciones de 2026.

Lo mismo puede suceder con la división que se está impulsando por sectores del Partido Verde. Si eso sucede, será el CNE el que decida si dar el visto bueno o no a la creación de una o varias colectividades disidentes al partido del girasol.

Esto sin contar con el rol clave que jugará el CNE en el agitado proceso electoral que se avecina: consultas internas, elecciones a Congreso, primera y segunda vuelta presidencial.

En este escenario, el cálculo no es tan difícil: es mejor tener de aliado al árbitro del juego así no compartas sus decisiones. Y a eso parecen apostarle la mayoría de los partidos, sacrificando una eventual sanción administrativa contra la campaña de Petro a cambio de mantener un voto más de nueve en la única corporación que les llama “magistrados” a un grupo de políticos.