Los cheques en blanco que el Gobierno Petro puso en manos de la UNGRD

El escándalo de corrupción de la UNGRD es el más grave del Gobierno Petro y, para muchos, de la historia reciente. Como suele ocurrir en estos casos, el presidente ha tratado de bajarle la caña al asunto y se ha presentado, no como el responsable, sino como el salvador que descubrió las irregularidades y sacó a Olmedo López de su cargo. 

Esa lectura es equivocada. Casi todos los funcionarios señalados en este escándalo fueron nombrados por el presidente Petro y son personas de su entera confianza. Además, quienes salieron de sus cargos fueron removidos como consecuencia de las investigaciones de la prensa, la que realmente destapó el caso y sigue profundizando las investigaciones. 

Todos los días hay un nuevo desarrollo y más nombres que se suman a la larga lista de implicados. Las evidencias, cada vez más contundentes, demuestran que el presidente Gustavo Petro no tiene cómo evadir la responsabilidad política que recae sobre él y varios de los pesos pesados de su gobierno.  

Aunque es cierto que la corrupción en esta entidad no nació con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, sí existen elementos suficientes para determinar que el gobierno adoptó un modus operandi que facilitó y promovió el multimillonario robo de la UNGRD. 

CAMBIO revela en detalle cómo funcionaba el mecanismo para burlar los controles de la ley, facilitar recursos y generar las condiciones para llenar los bolsillos de la corrupción bajo el amparo de falsas emergencias. 

Paso 1: declaratoria de emergencia 

El primero de noviembre de 2022, el presidente Gustavo Petro y algunos miembros de su gabinete firmaron el decreto 2113, por medio del cual se declaró la situación de desastre nacional. La razón era la prolongación del Fenómeno de La Niña. Esa fue la primera piedra de lo que hoy se conoce como el escándalo de la UNGRD. 

A partir de esa fecha, bastó la firma de Petro para que empezaran a suscribirse convenios interadministrativos entre entidades del orden nacional y el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres, que es el patrimonio autónomo que maneja los recursos de la UNGRD. 

En palabras sencillas, el decreto puso a disposición de los ministerios botines de cientos de miles de millones para que fueran gastados sin ningún control y, muchas veces, en asuntos que nada tenían que ver con emergencias.

Así las cosas, el Gobierno podía usar esos recursos a discreción, amparado en el régimen especial  del Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual le permite saltarse la Ley 80. ¿Esto qué significa? Que una vez girada la plata a  los ministerios y otras entidades, el rastro de esta se pierde, pues este modelo admite que la ejecuten y la entreguen directamente, sin licitaciones o procesos de selección. Ni siquiera es necesario hacer públicos los contratos que se deriven de los convenios. Todo se puede hacer, en palabras coloquiales, “por debajo de la mesa”. 

La figura de firmar ese tipo de convenios es legal y existe desde 1991. Por ejemplo, en el Gobierno de Iván Duque se acudió a este modelo para atender la emergencia sanitaria del covid-19. Lo que sí no es común, según expertos en contratación consultados por CAMBIO, es que, como en este caso, se abuse de esa medida para desviar la plata a varias bolsas de las que cada entidad puede sacar una tajada con el auspicio de la UNGRD. 

¿Cuántos convenios son y por cuánto dinero?

CAMBIO conoció que los convenios empezaron a firmarse en enero de 2023, dos meses después de declararse el desastre nacional.  En total, fueron diez convenios, cuyo valor supera los 600.000 millones de pesos. 

Los convenios con los valores más altos se firmaron con el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Educación. 

Llama la atención que todos los convenios tengan el mismo objeto contractual y que el lugar de su ejecución abarque todo el país, ya que los contratos para atender emergencias deben destinarse al sitio o la región específica donde esta ocurra. 

El convenio con la Agencia Nacional de Tierras

El convenio firmado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ilustra cómo se aprovechó esta modalidad para temas distintos de la atención de emergencias. Dicho convenio pretendía girar 200.000 millones de pesos a esta entidad para comprar predios. ¿Por qué utilizar la declaratoria de desastre nacional para comprar tierras? 

Durante la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, la Fiscalía mencionó el convenio firmado con la ANT. La fiscal encargada del caso, Andrea Muñoz, explicó que Olmedo tomó 100.000 millones de pesos, de los 200.000 que valía el convenio, y los usó para el contrato de los carrotanques, plantas desalinizadoras, jagueyes, entre otros. 

El director de la ANT, Felipe Hartman, se pronunció sobre lo dicho por la Fiscalía en la audiencia. Dijo que no había salido “un solo peso” de la Agencia Nacional de Tierras para la gestión del riesgo, ni viceversa. “Existió un convenio entre ambas entidades que en su momento tuvo dificultades, tuvo disminución de su alcance y sus recursos, pero jamás se materializó en obligaciones fiscales y está en trámite de liquidación”, explicó Hartman. 

El informe de la Fiduprevisora

En medio de este enredo, la Fiduprevisora es una pieza clave en este escándalo, porque es la que gira la plata. Un informe de la entidad conocido por CAMBIO logró establecer el esquema, que comienza en una orden presidencial o ministerial y termina con la plata embolatada. Este informe ya lo conoce el presidente Petro.

Aunque la presunción de inocencia es uno de los principios fundacionales del sistema judicial colombiano, la gente está esperando que el presidente tome decisiones de fondo. Aquí no solo están metidos funcionarios de mediano rango sino personas del primer anillo del mandatario. Las responsabilidades penales las determinará la justicia. Pero la posibilidad de hacer efectivas las responsabilidades políticas está en manos de Gustavo Petro.