El excongresista Eduardo Díaz Granados tendrá que ir a juicio por venta de cupos indicativos

A finales de 2011, en las instalaciones del Congreso de la República, los entonces representantes a la Cámara Eduardo Díaz Granados y Roberto José Herrera habrían pactado un millonario negocio que hoy, más de 12 años después, tiene contra las cuerdas a Díaz Granados: la venta de un ‘cupo indicativo’ por más 2.000 millones de pesos a cambio de una millonaria coima. Al menos, así lo sospecha la Corte Suprema de Justicia.

Los denominados cupos indicativos son la forma como se les conoce a las partidas presupuestales asignadas a las regiones que son direccionadas por un congresista para la ejecución de obras públicas contratadas con diferentes entidades. Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que llamó a juicio a Díaz Granados, este le dijo a Herrera que tenía uno de sobra y que, si lo quería, aceptaba una comisión de entre el 7 y el 8 por ciento.

Bastó un mensaje a un funcionario del Ministerio de Hacienda para que el negocio se pactara y Díaz Granados recibiera 150 millones de pesos en efectivo, que se habrían entregado en el aeropuerto de Barranquilla a finales de 2011 o comienzos de 2012. Así lo aseguró a la Corte el excongresista Herrera, quien aceptó haber liderado una red de corrupción que usó los cupos indicativos para desviar millonarios recursos de obras en Magdalena.

Herrera fue condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia. Su confesión fue clave para acusar a Díaz Granados. Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, la Sala de Instrucción del alto tribunal acusó a Díaz Granados en noviembre del año pasado por el delito de cohecho propio. El pasado 19 de enero, confirmó esa decisión, al negar un recurso de reposición que interpuso el excongresista.

De esta manera, Eduardo Díaz Granados, quien asegura que es inocente, deberá defenderse en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

La acusación, en poder de CAMBIO, hace un análisis de los denominados cupos indicativos y la forma como los congresistas reconocieron en el pasado esa figura como una forma para sacar adelante la agenda legislativa (la llamada mermelada) y como fuente de corrupción, en algunos casos.

“Se tiene que tales recursos soportados en los rubros del presupuesto de la nación no solo podían conseguirse en el marco del trámite legislativo del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2012, sino, también, agrega la Corte, por fuera del mismo. En concreto, en virtud de las labores que le eran inherentes a Díaz Granados Abadía como congresista de la república”, dice la acusación.

Según Herrera, él mismo le entregó los 150 millones de la coima a Díaz Granados dentro de la Toyota Prado que usaba este último. Y el llamado ‘cupo indicativo’ vendido fue uno de los que usó para conformar una gran bolsa de dinero que destinó para obras en el Magdalena irregularmente, hechos por los cuales fue condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado y tráfico de influencias.

Herrera aseguró que Díaz Granados Abadía habría accedido a vender la partida presupuestal porque, supuestamente, necesitaba la coima con urgencia para invertirlos en su finca bananera. Y señaló que, en 2022, antes de que la Corte le ordenara su captura, se reunió con Díaz Granados en su apartamento en Santa Marta para que este intentara interceder ante un pariente que trabajaba en la Corte Suprema. Según Herrera, Díaz Granados le dijo que no tenía una relación cercana con ese familiar.

La defensa de Eduardo Díaz Granados y las precisiones de la Corte

En su indagatoria, Díaz Granados se defendió. Dijo que fue congresista entre 2010 y 2018, que sí tenía una camioneta Toyota Fortuner asignada a su cargo y que usaba una Prado gris en Bogotá, y señaló que los congresistas podían presentar proposiciones para partidas presupuestales (cupos indicativos) y así financiar obras públicas en sus departamentos.

Díaz Granados dijo que estas partidas solo se aprobaban cuando había visto bueno del Ministerio de Hacienda y señaló que nunca las negoció por fuera del debate legislativo. También dijo que conoció a Roberto José Herrera cuando cada uno se inscribió para la campaña en Santa Marta y negó que fueran amigos o cercanos.

Díaz Granados negó tajantemente haber vendido un cupo indicativo que valía entre 2.000 y 2.200 millones de pesos, y negó haber recibido los 150 millones de pesos. Según el procesado, todo lo dicho por Herrera es falso, incluyendo el supuesto uso de la coima para su finca. Sobre la petición para presionar a su familiar, Carlos Gónima Díaz Granados, funcionario de la Sala de Instrucción, el procesado dijo que nunca accedió a ello y que no tenía una relación cercana con él.

Como Díaz Granados asegura que él solo buscó la consecución de partidas presupuestales para financiar obras públicas en su departamento, la Corte dice que esto, justamente, refuerza lo que dice Herrera sobre el uso de esos cupos.

La Corte entrevistó a varios congresistas y excongresistas sobre el tema de las partidas presupuestales y varios de ellos indicaron que estas se usaron en el gobierno de Juan Manuel Santos. Así lo dijo, por ejemplo, el exrepresentante por el departamento de Antioquia, vinculado al Partido Conservador, Obed de Jesús Zuluaga Henao.

Zuluaga dijo que, en el primer año del gobierno de Santos, en una reunión en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, le hablaron de unos recursos por 11.000 millones para la materialización de una vía que conectara los municipios de La Unión-Sonsón. La Corte precisó que Zuluaga no supo dar fecha exacta ni el nombre de quien le habría dado ese dinero.

De otro lado, la Corte dijo que el testimonio de Herrera sí es creíble, que la mención al procesado Díaz Granados se hizo dentro de la colaboración con la justicia, tras reconocer que participó en un entramado criminal que le permitieron, precisamente, comprar ese cupo indicativo por la cifra mencionada.

“Es más, la sindicación efectuada por Herrera Díaz, relativa a que, para materializar ese acuerdo ilícito con Díaz Granados Abadía, era necesario que este último remitiera un mensaje a un “funcionario” del Ministerio de Hacienda, cuyo nombre e identidad no le fue revelada, constituye un hecho sin duda de significación en orden a brindar solidez a una imputación que, destacado sea, encontró corroboración de alguna manera en esta actuación”, dice la acusación.

Entre las pruebas en contra de Díaz Granados está un informe de policía judicial de abril de 2018, que contiene un estudio patrimonial de Roberto José Herrera para el periodo 2011 y 2015, que señaló un monto de 11.211 millones de pesos sin justificar, y que da cuenta de transacciones entre octubre de 2011 y enero de 2012 por 155 millones de pesos.

Para la Corte, esto es evidencia de que “Herrera Díaz sí contaba con los recursos para hacer frente a la contraprestación económica que, según aduce, fue acordada con el procesado a cambio de la negociación ilícita del cupo indicativo que le atribuye a aquel por valor de 2.000.000.000 de pesos a 2.200.000.000 de pesos y que recibió de sus propias manos”.

La Corte también tiene las declaraciones de renta de Díaz Granados por las vigencias fiscales de 2011 y 2012, cuyas inconsistencias el excongresista no logró explicar en la indagatoria.

El salvamento de voto

La decisión de acusar a Eduardo Agatón Díaz Granados tiene un salvamento de voto del magistrado Misael Rodríguez, quien aseguró que la conducta que se le cuestiona al procesado realmente no cabe dentro del delito de cohecho propio, pues no hay una ley que prohíba la venta de esas prebendas políticas. Es decir, que, en su criterio, hoy no hay en el Código Penal un delito para esta conducta reprochable.

“Es imposible decir que un congresista desatiende sus deberes oficiales porque, en abstracto, da un uso injusto o ajeno al bien común un cupo indicativo, o de alguna manera deja de estar al servicio del Estado y de la comunidad. En cuanto no existen normas específicas que regulen el uso de los cupos indicativos y la manera correcta en la que deben ser gestionados, la administración de este tipo de asignaciones no puede ser tenida como un quebranto penalmente relevante de los deberes oficiales, a menos que, desde luego, el uso mismo configure un delito específico, como cuando la gestión del cupo hace parte de un entramado de celebración indebida de contratos”, dice el salvamento de voto.

De acuerdo con el magistrado Rodríguez, “en este proceso se ha acusado al sindicado por supuestamente haber recibido dinero por haber llevado a cabo una conducta que, aunque podría ser reprochable desde puntos de vista extrapenales (incluso jurídicos de otro orden), no es capaz de recorrer el tipo penal de cohecho propio, porque no estaba orientada a desatender deberes oficiales”.