El lío para financiar la descontaminación del río Bogotá

Hace ocho años el Consejo de Estado dio la orden de descontaminar el río Bogotá, lo que implicaba la construcción de la planta de Tratamiento de Aguas Residual (PTAR) Canoas para eliminar 366 toneladas de desechos y beneficiar 7,4 millones de habitantes de Bogotá y Soacha. Sin embargo, las obras, que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) hará a través de concesión, aún no se concretan y tienen un nuevo frenazo por parte de su viabilidad financiera.

Ya se adquirió el predio donde irá la infraestructura, se tienen los diseños de todas las fases, se obtuvo la licencia ambiental, se cuenta con la estructuración técnica, legal y financiera para sacar a licitación el proyecto y el Concejo de Bogotá aprobó el cupo de endeudamiento. El costo total del proyecto se estima en 2.826 millones de dólares (cerca de 13 billones de pesos).

Del valor anterior se espera contar con créditos de la banca multilateral por 600 millones de dólares, los cuales necesitan un respaldo de la nación llamado garantías. Y ahí empieza lo problemático.

Según la resolución 4778 de 2019, para que la nación respalde ese endeudamiento, la EAAB debe darle al Ministerio de Hacienda unas contragarantías, mínimo de 130 por ciento del total de la deuda con la banca multilateral, pero según lo ha expuesto el propio ministerio, lo que ha presentado el acueducto no supera el 40 por ciento del endeudamiento.

Adicional, dichas contragarantías no se pueden convertir en dinero de manera inmediata, porque se trata de aportes que se reciben de manera fraccionada hasta 2050. En caso de incumplimiento por parte del Acueducto, la banca multilateral aplicaría cláusulas aceleratorias que obligaría al garante (la nación) a pagar todo de inmediato, afectando su saldo de deuda, logrando un impacto fiscal y afectando el riesgo país.

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la magnitud de la contragarantía anual exigida por el ministerio equivale a dos años de sus ingresos y un año de recaudo del impuesto predial. “La contragarantía exigida a la tasa de cambio actual asciende a 3,9 billones de pesos. En 2022 los ingresos operacionales de la empresa ascendieron a 2 billones de pesos y el recaudo del impuesto predial a 4 billones de pesos”, explicó la entidad.

El ingrediente adicional, es que ad-portas de la radicación en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de Petro no puede darse el lujo de pelear con el Partido Alianza Verde, de la alcaldesa Claudia López, cuyos congresistas más visibles vienen disgustados desde el año pasado por el trámite de la reforma política.

En medio de esto, el pasado 12 de diciembre la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar, abrió un incidente de desacato y ordenó, entre otras, al Ministerio de Hacienda flexibilizar el otorgamiento de sus garantías. “…Para lo cual se puede solicitar a (sic) Ministerio de Hacienda que, habida cuenta que no participó ni aportó recursos para el Cierre Financiero del año 2018, contribuya ahora a flexibilizar las condiciones de una eventual Garantía y una Contragarantía Soberana de la Nación ante un crédito de la Banca Multilateral”, dice un aparte del fallo, al que el Ministerio de Hacienda solicitó aclaración.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá le aseguró a CAMBIO que ha presentado al Ministerio de Hacienda seis propuestas de contragarantías como el 130 por ciento de las operaciones de crédito garantizadas (780 millones de dólares), respaldado con el valor presente de los flujos de los recursos de los convenios de cofinanciación firmados con la CAR, el Distrito Capital y el Departamento de Cundinamarca. La entidad afirmó que incluso este tipo de garantía es similar a la aprobada para la primera línea del metro de Bogotá.

La diferencia es que, para el caso de la primera linea del metro, las vigencias futuras de la nación ya son deuda nacional, así que, si el Distrito no paga, la deuda no se altera para el país pues ya está en su presupuesto y en el marco fiscal de mediano plazo.

Para el Acueducto, todo se trata de la interpretación de la resolución 4778 de 2019 y las exigencias del ministerio ante dicha interpretación son imposibles de cumplir. “Es importante indicar que, bajo la interpretación dada por el Ministerio de Hacienda a la resolución 4778 de 2019, no será posible financiar, no solo la PTAR Canoas, sino tampoco ningún otro proyecto de gran envergadura para el país”, agregó la empresa.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, decidió no pronunciarse al respecto.

La mansión de la magistrada

Como lo denunció recientemente CAMBIO, pese a que la magistrada Nelly Villamizar es la responsable de hacer cumplir un fallo sobre la descontaminación del rio Bogotá, ella es la propietaria de una mansión en Sopó, Cundinamarca, que incumple las normas ambientales exigidas en el fallo que se comprometió a defender. Según la Alcaldía de Sopó, no hay evidencias de que la CAR haya hecho labores de vigilancia y control en el conjunto donde queda la mansión de la magistrada.

Parte de las contragarantías que ha presentado el Acueducto al Ministerio de Hacienda provienen de la CAR, y esto podría implicar o que la magistrada se declare impedida o que se presente una recusación en su contra.