El negocio del Vichada en que mencionan a concuñado de Petro e investigan a gobernadores

La Corte Suprema de Justicia aplazó una audiencia de acusación contra los exgobernadores del Vichada, Sergio Andrés Espinosa Flores y Manuel Alberto Villalba Tavera, porque la defensa de los exfuncionarios está buscando un acercamiento con la Fiscalía para lograr beneficios judiciales a cambio de la información que pueden entregar sobre el contrato por el que los acusan de corrupción y que fue firmado en el 2015. Según la investigación, el pliego de condiciones para el proceso de licitación del contrato que tenía objeto la dotación del centro de formación de investigación en energía renovables lo construyeron al acomodo de una empresa de la que es socio Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado del Presidente Gustavo Petro. 

En el escrito de acusación conocido por CAMBIO, la Fiscalía dice que todo tiene que ver con un contrato de compraventa que celebró la gobernación del Vichada con la Unión Temporal Dotación Vichada, el 23 de diciembre de 2015. El objeto del contrato fue la dotación del centro de formación e investigación en energías renovables Ciner y fue por 2.318 millones de pesos.

Las gestiones para esa contratación las inició el 17 de agosto de 2012 el entonces gobernador, Sergio Andrés Espinosa, cuando presentó ante la secretaría técnica del sistema de regalías el proyecto denominado "centro de formación e investigación en energías renovables". El objeto era la creación de un centro de formación de investigación en energía renovables con la logística necesaria para la formación en sistemas de generación eléctrica con fuentes no convencionales y una infraestructura adecuada para la formación investigación, compuesta por área administrativa, biblioteca, auditorio, cafetería, residencias estudiantiles, casa de investigadores, laboratorios, subestación eléctrica, aulas, obras exteriores y parque solar.

El 20 de diciembre de 2012 aprobaron la financiación del proyecto con recursos del sistema de regalías y designaron a la gobernación de Vichada como entidad ejecutora.

El chanchullo, dice la Fiscalía, inició el  6 de abril de 2013 cuando el gobernador Sergio Andrés Espinosa se reunió en su despacho con Manuel Eduardo Torres y Lucila María Gallo, particulares vinculados con la empresa entre Trenaco Colombia SAS, quienes rendían cuentas a Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, socio de la empresa, para socializar el contenido del proyecto y acordar su ejecución. 

Para crear el centro de formación de investigación en energía renovables se celebraron seis contratos: la construcción de la infraestructura física, la interventoría para la construcción de la infraestructura física, la prestación de servicios profesionales para la formación docente, diseño curricular, asistencia técnica y elaboración de guías didácticas para programas de media técnica, técnico laboral gestionar en soluciones energéticas basadas en fuentes no convencionales; la adquisición de equipos didácticos y de laboratorio necesarios para la operación, la prestación de servicios profesionales para el asesoramiento en el área jurídica en la estructuración, creación del vehículo jurídico para el desarrollo del Ciner y, finalmente, la dotación del centro de formación investigación en energía renovables, contrato motivo de la acusación contra los gobernadores que se firmó el 23 de diciembre de 2015.

Según la investigación, hubo un documento clave que terminó por beneficiar a la empresa en la contratación. Se trató de un estudio previo que hicieron antes del contrato y que está firmado por Vicente Chipiaje, secretario de planeación del departamento. Dice la fiscal del caso que en la elaboración del estudio previo, al parecer, Manuel Eduardo Torres, primo de Carlos Alberto Gutiérrez; Lucila María Gallo y César Augusto Zambrano, entregaron a la gobernación el listado de libros, las especificaciones del mobiliario y los precios que aparecen en el ítem descripción técnica del objeto a contratar, a partir de los cuales se soportó el valor del contrato.

“El pliego de condiciones fue suscrito por Manuel Alberto Villalba, como gobernador encargado, documento estructurado en las mismas condiciones del estudio previo, es decir con la información suministrada por los particulares interesados en el proceso contractual”, explica la Fiscalía en el escrito de acusación.

En otras palabras, el valor del contrato lo fijó la Gobernación del Vichada a partir de los precios sugeridos por esos particulares que estaban interesados “a partir de cotizaciones falsas allegadas por estos a nombre de Gustavo de Jesús Ríos López”.

La investigación arrojó que días antes de ganarse la licitación, porque además fueron únicos proponentes, ya habían suscrito dos contratos con privados a través de los cuales adquirieron los objetos necesarios para la dotación del centro de formación de investigación en energía renovables, y luego esos mismos objetos se los vendieron a la Gobernación con un incremento de hasta el 451%.

Por ejemplo, los libros y las bases de datos las adquirieron con el Grupo Penta Distribuidores por 365 millones de pesos, pero después la Unión Temporal los vendió a la gobernación del Vichada por 956 millones de pesos. Los libros los vendieron un 125% más caros del valor que los compraron y las bases de datos un 451% por encima del valor del mercado.

Sobre la dotación de auditorio, cuyos precios fueron fijados por particulares, la Unión Temporal Dotación Vichada los compró por 351 millones de pesos y los facturó a la gobernación por 1.361 millones de pesos, es decir, un 288% por encima del valor del mercado.

frase-destacada

“El valor certificado en el estudio de mercado fue superior al promedio de los precios establecidos en el sector”, dice la Fiscalía.

El estudio previo, en el que se consignaron los valores que dieron los interesados, fue soporte para la elaboración del pliego de condiciones y finalmente, el 12 de diciembre de 2015, el gobernador encargado Manuel Alberto Villalba ordenó la apertura del proceso de licitación pública y, además, fijó el cronograma para el desarrollo del proceso.

“El objeto contractual fue ejecutado antes de la apertura del proceso de selección, incluso, antes de contar con la disponibilidad presupuestal para la celebración del contrato, pero además los estudios y documentos previos fueron elaborados a instancias de particulares interesados en la contratación”, dice la Fiscalía.

Esa afirmación la hace porque, entre los meses de agosto y septiembre del 2015, Manuel Eduardo Torres, primo de Carlos Alberto Gutiérrez, contactó a la importadora, exportada y comercializadora de libros Grupo Penta Distribuidores, una empresa particular que conformó una biblioteca con base a un listado de libros, bases de datos y software, registrados en el documento de estudios previos que la administración departamental publicó el 13 de noviembre del 2015. Posteriormente, el 23 de noviembre de 2015 la firma Orjuela Torres, de la que hace parte Manuel Eduardo Torres Robayo y Lucila María Gallo, suscribió los dos contratos privados mencionados con el Grupo Penta para la obtención de los elementos que luego venderían a la gobernación con sobrecostos.

La Unión Temporal Dotación Vichada fue creada con la participación de César Augusto Zambrano (93%) y con la empresa Talento Comercializadora ( 7%). El 11 de diciembre 2015 la unión temporal presentó la única propuesta y dos días después, ganaron la licitación y el gobernador encargado les adjudicó el contrato.

Por adjudicarles ese contrato para la adquisición de elementos que fueron vendidos a la gobernación con importantes sobrecostos, la Fiscalía dice que los gobernadores incurrieron en los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. La audiencia de acusación se aplazó porque los exfuncionarios quieren contar cómo se hizo el pacto ilícito y quiénes participaron. En manos de la fiscal 2 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Francy Eugenia Gómez, está la decisión de si los escucha o no y si cambia esa información privilegiada por algún beneficio.