El proceso por violencia intrafamiliar contra presidente (e) de la Agencia de Desarrollo Rural

Desde mediados de agosto, tras la renuncia de Luis Alberto Higuera Malaver a la presidencia de la Agencia de Desarrollo Rural, Mario Alexander Moreno Ordóñez, vicepresidente de Integración Productiva de la entidad, venía desempeñándose como presidente encargado. El funcionario llegó a una de las vicepresidencias más estratégicas de la entidad cuando la actual ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, ocupaba el viceministerio de la cartera. Considerado uno de los hombres de confianza de Carvajalino, Moreno esconde un capítulo de su vida privada que en 2018 saltó a los estrados judiciales por una denuncia en su contra. CAMBIO lo revela. 

Economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Moreno tiene amplia experiencia profesional en gerencia de procesos de economía agraria, desarrollo rural con enfoque territorial, gestión de sistemas agroalimentarios, cadenas productivas, políticas públicas agrarias, comercio rural, redes de conocimiento, innovación, financiamiento rural y gestión interinstitucional. Pocos discuten sobre su experiencia en el sector. Sin embargo, en los pasillos de la Agencia de Desarrollo Rural, muchos han empezado a poner en juicio su integridad debido a una denuncia por violencia intrafamiliar interpuesta en la Fiscalía por su exesposa. 

• ¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar?

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a CAMBIO que el 15 de junio de 2018 la esposa de Moreno, Adriana Ardila Chacón, se acercó a la justicia para solicitar una medida de protección por violencia intrafamiliar. El caso, según la denunciante, no era aislado sino el detonante de años de sufrimiento al lado de su pareja sentimental.

Según la denuncia en poder de CAMBIO,  ese día el hoy alto funcionario le dijo a Ardila palabras soeces y la maltrató físicamente.

“Me gritaba 'perra, zorra, a usted solo la cogen los hombres para comérsela. Usted no vale nada. Hay mujeres que sí me valoran'. Luego me tomó el cabello y me lo haló fuertemente. Luego intentó sacarme las llaves del bolsillo tomándome el pantalón de manera violenta”, dice el documento.

La denunciante fue más allá. Aseguró que no fue un caso aislado y que la situación pasaba frente a los dos hijos de la pareja. “Frecuentemente me grita que yo no valgo nada, que soy una perra, una zorra, me denigra y me ofende delante de nuestros hijos de 8 y14 años respectivamente. Llevo 18 años de convivencia con mi compañero y durante todo este tiempo he sido objeto de violencia física, verbal y psicológica”, concluye la mujer.

CAMBIO se contactó con la denunciante, que atendió la llamada, pero en cuanto se percató de que la buscaba una periodista, colgó y no volvió a contestar ni a responder los mensajes de WhatsApp.

Por su parte, las declaraciones de Moreno fueron cuanto menos llamativas. Este medio lo buscó el viernes de la semana pasada y pidió tiempo para asesorarse con sus abogados y hablar sobre el caso porque, según dijo, todo era falso y por eso había contradenunciado a su entonces pareja.

Sin embargo, el martes 12 de noviembre, cuando estaba previsto que diera su opinión sobre el tema dijo: “tal y como se evidencia en el estado del número de noticia criminal por el cual me indaga, mi respuesta y versión acerca de la misma es que, en la actualidad, la referida denuncia se encuentra archivada. En ese sentido, y conforme con la decisión del fiscal acerca de archivar el caso, no tengo nada más que decir. Muchas gracias”. 

La denuncia sí fue archivada, pero no porque la Fiscalía encontrara que esto no hubiera pasado. Fuentes del ente acusador dijeron a CAMBIO que, según la fiscal del caso, la víctima fue citada para ampliación del proceso el 19 de agosto y el 24 de septiembre de 2018, pero no compareció y que, por eso, el caso fue archivado en noviembre de 2019. Es decir, porque la Fiscalía no pudo contactarse con la víctima después de la denuncia.

Sin embargo, las fuentes explicaron que la víctima puede solicitar a la fiscal del caso que reactive el proceso y que la entidad está presta a seguir indagando.

La decisión de archivo es controversial, si se tiene en cuenta la jurisprudencia que hay sobre el delito de violencia intrafamiliar. Según el código de procedimiento penal, la Fiscalía tiene el deber de investigar los hechos que constituyan violencia intrafamiliar de manera oficiosa, observando durante toda la investigación y procedimiento el principio de debida diligencia y celeridad. Es decir, ni siquiera era necesario que la víctima reiterara la denuncia si, con la debida diligencia, la Fiscalía hacía otros actos de investigación.

“Debe desarrollarse dentro de un plazo razonable y debe garantizarse el impulso procesal; es decir, que este no depende de la actividad procesal de la víctima o sus familiares”, dice la ley.

Así, en este caso, antes de archivar por no contactarse con la víctima, la fiscal debió hacer otras tareas investigativas, como se lo permite la ley. Por ejemplo, la interceptación de las comunicaciones del agresor o sus familiares, la realización de búsquedas selectivas en bases de datos, allanamientos, inspección al lugar de los hechos, labores de campo, la toma de declaraciones de familiares y vecinos, la retención de correspondencia, recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones y demás actividades que se consideren pertinentes para hacer la adecuación típica. 

La violencia intrafamiliar, que puede dar penas de hasta ocho años de prisión, es un delito de oficio; es decir, debe ser investigado aunque la víctima se retracte de los hechos.

Y es que por el contexto del país, la ley le exige a la Fiscalía investigar el caso aunque no aparezca la víctima. El Observatorio de Política Criminal ha dicho que la violencia intrafamiliar es un delito que, debido a sus características, a menudo presenta subregistros de cifras. Es decir, que los casos que llegan a ser denunciados suelen surgir de situaciones extremas en las que el ciclo de violencia ha alcanzado niveles insoportables tanto para las víctimas como para su entorno más cercano. La mayoría de los casos se normalizan y los abusos físicos, económicos, verbales o psicológicos se vuelven tolerables durante períodos prolongados.

Aún no se sabe qué pasó en el caso de la esposa de Mario Alexander Moreno Ordóñez. Ni la víctima ni el supuesto agresor quieren pronunciarse sobre el tema. Lo cierto es que la Fiscalía debe investigar de oficio los delitos que le exige la ley. Las fuentes dijeron a CAMBIO que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, está enterada de la situación de Moreno pero que no le ha dado relevancia al caso.