El traslado de Carlos Mattos por el que tienen en la mira al director y exdirector del Inpec

Sobre las jugarretas del empresario Carlos Mattos en la cárcel corren muchos rumores. Además de sus salidas irregulares de La Picota y la lujosa casa en la que paga su condena, la justicia tiene en el radar un episodio en particular que está relacionado con su traslado a la cárcel de Barranquilla, que ordenó el entonces director del instituto, el polémico general Tito Castellanos, en agosto de 2022.

Lo que denunció ante la Fiscalía una funcionaria del Inpec de alto perfil no es menor. Según ella, el entonces director de Custodia y Vigilancia, hoy director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, le dijo que hiciera una resolución de traslado a Barranquilla para Mattos porque era una orden de Castellanos y del entonces ministro de Justicia, Wilson Ruiz. El episodio terminó en la falsificación de esa resolución de traslado y en una denuncia en la Fiscalía.

Aunque los señalados en este caso negaron las acusaciones, algunos dieron respuestas contradictorias y hay pistas importantes sobre lo que puede ser un escándalo de corrupción relacionado con los traslados de los presos. 

Esta es la historia. 

La denuncia

No se trata de una denuncia anónima; la que decidió poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía es nada menos que la coordinadora de Asuntos Penitenciarios del Inpec, de la que CAMBIO se abstiene de revelar el nombre por su seguridad. Ella, junto al director general del instituto penitenciario, son los encargados de firmar las resoluciones de traslado de los internos. Es una funcionaria con mucho poder. 

Según el relato de la funcionaria, la historia del traslado a Barranquilla de Mattos, condenado por pagar sobornos a funcionarios judiciales para que lo favorecieran en un pleito judicial multimillonario, empezó el 28 de junio de 2022. 

Ese día, el Inpec recibió una solicitud de uno de los tantos abogados del empresario para trasladarlo de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, a la cárcel del Bosque, en Barranquilla. En esa petición, el abogado José Alejandro Caicedo Ortiz argumentaba que Mattos fue senador de la república, que tenía un delicado estado de salud, una avanzada edad y, además, que en Barranquilla tenía su arraigo familiar. 

El momento en el que se solicita el traslado es clave. Para el 28 de junio de 2022, Mattos llevaba tres meses en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a donde lo habían transferido luego de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló que, con complicidad de funcionarios del Inpec, Mattos salía de La Picota y atravesaba media ciudad hasta un edificio de su propiedad donde recibía visitas a sus anchas, entre ellas, la de su abogado Iván Cancino.

Después de esa revelación, las autoridades penitenciarias no tuvieron otra opción que salirles al paso a los cuestionamientos de la opinión pública con varias decisiones. La primera, trasladarlo a Cómbita. 

Otra de las decisiones fue cambiar al director del Inpec. Se fue el general Mariano Botero y llegó el general Tito Castellanos. Este último nombró como director de Custodia y Vigilancia al que hoy es el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez. Sin embargo, según las pesquisas, los funcionarios tampoco habrían puesto freno a las jugarretas del empresario. 

Volvamos al cuestionado traslado de 2022. Según dijo la funcionaria del Inpec ante la Fiscalía, el 25 de julio de ese año, casi un mes después de la solicitud del abogado de Mattos, ella le contestó a través de un oficio en el que rechazó por improcedente la solicitud del traslado. 

La funcionaria argumentó dos causales: hacinamiento en la cárcel de Barranquilla y que ese establecimiento penitenciario no era acorde con el nivel de seguridad del preso. Es decir, en su concepto, el traslado era indebido.

Sin embargo, según relató la denunciante, dos días después de emitir el oficio, el 27 de julio de 2022, recibió la orden de avalar el traslado de Mattos a Barranquilla. Esa directriz, asegura, se la dio el coronel Gutiérrez como director de Custodia y Vigilancia quien a su vez dijo que era una orden de director del instituto, Tito Castellanos y del ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

No tenía de otra. Ese mismo día cumplió la orden y realizó el proyecto de resolución sobre el traslado de Mattos a Barranquilla y lo entregó a Alexander Moscoso, que era el funcionario designado por la Dirección General para revisar los documentos que firmaba el general Castellanos. 

La denuncia afirma que la funcionaria le manifestó a Gutiérrez "que ya había dado respuesta a la solicitud y que además el PPL había presentado una tutela con la misma pretensión, que lo mejor era esperar el fallo judicial. Me indicó que era una orden del brigadier general Tito Yesid Castellanos Tuay, director general del Inpec y del doctor Wilson Ruiz Orjuela, ministro de Justicia saliente, por lo cual, procedí a dar la instrucción a la funcionaria Luz Jaqueline Vargas Pedreros para que elaborara la resolución de traslado”. 

CAMBIO consultó a la denunciante para que explicara por qué en un oficio había rechazado el traslado y dos días después había accedido a hacerlo.

“El director general es el que manda. Él es que firma las resoluciones y yo solo las proyecto atendiendo las órdenes de él”. Es decir que para ella no había duda alguna de que el coronel Gutiérrez le transmitía las órdenes del general Castellanos.

Sin embargo, el lunes 1 de agosto le devolvieron a la funcionaria todas las resoluciones que estaban esperando la firma del general Castellanos, menos la del traslado de Mattos. Ella fue a la Dirección General a averiguar qué había pasado y el señor Moscoso supuestamente le indicó que el viernes 29 de julio se la había pasado al mayor Deiby Estefan Niño Arcila, secretario privado del general Castellanos.

La funcionaria le preguntó al mayor, quien contestó que el general no la había firmado y que la instrucción era esperar el fallo de tutela, “procediendo a sacarla del cajón del escritorio donde la tenía guardada y haciéndome entrega de la misma”, relata en su denuncia. La resolución, efectivamente, estaba sin la firma del general.

Sin embargo, ocho días después del episodio, el 9 de agosto de 2022, llegó al Inpec una resolución exacta a la proyectada por la funcionaria denunciante, pero esta sí llevaba la firma del general.

La resolución falsa

Ese 9 de agosto, dice la denunciante, una funcionaria del Grupo de Asuntos Penitenciarios -que ella coordinaba- recibió una llamada del área de remisiones de la cárcel de Cómbita en la que le decían que habían recibido un correo de un particular con una resolución que ordenaba el traslado de Mattos a Barranquilla y que querían verificar la autenticidad del documento.

Pidieron que les reenviaran el correo y allí, efectivamente, estaba adjunta la resolución No. 005940 del 29 de julio de 2022 donde se ordenaba el traslado del Mattos a Barranquilla.

CAMBIO tuvo acceso al documento falso que se puede ver en la imagen que está a continuación.

El documento era exacto al que ella había elaborado. El correo en el que enviaron la resolución falsa correspondía a uno de los abogados que representó a Mattos por un lapso corto, Ómar Juan Carlos Suárez Acevedo. Según la denunciante, este abogado envió la resolución el 3 de agosto de 2022 al correo [email protected] con el asunto de “para trámite y fines pertinentes”.

Esa resolución, con fecha del 29 de julio del 2022, era falsa.

CAMBIO contactó al abogado Suárez, pero este dijo que no sabía que había una investigación, que le causaba curiosidad que la resolución hubiese salido desde su correo personal y no institucional, pero que si había salido de su correo era porque él o alguien de su oficina lo había enviado. En todo caso, dijo que no se acordaba del documento, ni de cómo le había llegado y que, antes de dar una respuesta, tenía que verificar la información.

“Si yo mandé algo de eso es porque me tuvo que haber llegado. Lo único que recuerdo es que (...) cuando chateaba con Inpec Bogotá era con un mayor. El que manejaba las citas con el general”, le dijo a CAMBIO el abogado Ómar Suárez.

Los investigadores de la Fiscalía que entrevistaron a la denunciante le pidieron que explicara por qué creía que la resolución estaba alterada. Su conclusión fue contundente.

“El proyecto de resolución para el traslado del privado de la libertad Mattos Barrero no fue firmado por el director general y la Resolución en mención allegada por correo electrónico, tiene un firma al parecer digital y un número de resolución que si bien es  cierto corresponde a la numeración consecutiva del instituto, no es un número asignado al Grupo de Asuntos Penitenciarios para la numeración de las resoluciones que salieron para el día 29 de julio del 2022”, dijo. 

Además, la denunciante les dio un dato importante para la investigación. La resolución original que terminó plagiada solo pasó por cinco manos: las de Luz Jackelin Vargas, una profesional universitaria adscrita al grupo de Asuntos Penitenciarios que fue la que la elaboró; Alexander Moscoso, el que la revisó; el mayor Niño, que era el secretario privado del general Castellanos; el general Castellanos, y ella. 

Sobre la mención al ministro Ruiz, la denunciante aseguró que desconocía cuáles fueron las razones por las cuales supuestamente el ministro de Justicia de la época estaba dando este tipo de órdenes.

CAMBIO se contactó con el ministro Ruiz y este dijo que nunca dio esa orden.

“Esa afirmación es totalmente falsa, teniendo en cuenta que la competencia legal para decidir sobre los traslados de los PPL la tiene única y exclusivamente el director del Inpec. El Ministerio de Justicia tiene unas entidades adscritas sobre las cuales cumple una función de control de tutela, es decir, a través de los consejos directivos se evalúan metas y objetivos planteados para el sector justicia. Por lo tanto, no es posible que el ministro le dé instrucciones o sugerencias al director del Inpec para que traslade de un lugar a otro a los privados de la libertad”, respondió en un mensaje de texto.

En todo caso, la denunciante explicó en la Fiscalía que no sabía si la firma digital del general Castellanos era falsa porque no tenía los estudios técnicos y grafológicos para poder dar una certeza. Sin embargo, afirmó que al grupo de Asuntos Penitenciarios han llegado resoluciones con esa firma digital del director general.

La funcionaria agregó que no era la primera vez que pasaba eso con una resolución de la dirección general.

"Sí se han presentado en varias oportunidades intentos de traslados de privados de la libertad con resoluciones que no son legalmente expedidas por parte de la Dirección General y que he puesto (en conocimiento) de las autoridades competentes, como lo realicé con anterioridad con un caso semejante", dice la denuncia.

También reiteró que elaboró el proyecto de resolución ordenando el traslado de Mattos acatando la instrucción verbal del coronel Gutiérrez, quien aludió a sus superiores.

Sobre el tema, el coronel Gutiérrez dijo a CAMBIO que no recordaba haber dado esa orden “porque todos los días se hacen cientos de traslados y si hubo algún hecho irregular seguramente se instauró la denuncia”.

Después de esas presuntas irregularidades que la funcionaria del Inpec denunció en la Fiscalía, el traslado de Mattos se paró, pero no por mucho tiempo.

El general Castellanos mintió 

CAMBIO también contactó al general Castellanos, quien calificó el tema como una especie de rencilla personal y contestó con mentiras.

-    “Carlos Mattos durante mi dirección nunca se trasladó. El que lo trasladó fue mi antecesor y eso está en investigación en la Procuraduría, en febrero del 2022. Todo lo hice en el marco del derecho”, dijo.
-    "¿Nunca dio la orden de que se hiciera la resolución de traslado?", le preguntó esta publicación. 
-    “Para nada, nunca, para nada”, contestó el general.

Lo dicho por el general es falso, según un documento en poder de esta publicación.

CAMBIO conoció una resolución firmada por el general Castellanos el 25 de agosto de 2022 en la que, después de tantos ires y venires, ordenó el traslado de Mattos a Cómbita.

“Que para efectos de cumplir con la responsabilidad atribuida al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y garantizar la salud del privado de la libertad, la seguridad y la administración de los establecimientos de reclusión, se hace necesario ordenar el traslado del privado de la libertad. Señor Carlos Mattos de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad EL BARNE al Pabellón ERE del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranquilla, por poseer la calidad de exsenador de la República de Colombia, y, para un mejor manejo de las patologías que presenta, siendo el clima templado o cálido menos lesivo para afrontar dichos padecimientos, sustentado en concepto médico forense”, dice el documento.

Hay información de inteligencia que habla de que por ese traslado corrieron cientos de millones de pesos. Sin embargo, es un dato que deberá confirmar o descartar la Fiscalía.

Por ahora, hay una seguidilla de inconsistencias -que podrían convertirse en delitos porque hay un documento falso- relacionadas con un traslado que, finalmente, se dio. Un par de meses después de llegar a Barranquilla, Mattos fue beneficiado con mansión por cárcel por orden del tribunal, pero esa es otra historia.