Conceden libertad condicional a Emilio Tapia, condenado por caso de Centros Poblados y escándalo de contratos en Emcali

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla concedió la libertad condicional al empresario Emilio Tapia por un periodo de 27 meses y 20 días, que corresponde al tiempo que le resta para cumplir la totalidad de su condena. Según la autoridad judicial, hasta el momento, Tapia ha descontado un total de cuatro años y diez días de la pena que le fue impuesta. 

De acuerdo con el juzgado, Tapia cuenta con “una sólida red de apoyo conformada por familiares cercanos y vecinos de su comunidad”. Así mismo, se afirma que “estas personas han expresado su disposición a brindarle ayuda y orientación durante su proceso de reintegración”. Además, se señala que la vivienda donde residen sus hijos “representa un verdadero centro de vida familiar y social” para el empresario.

Sin embargo, la Procuraduría apeló la decisión y pidió revocar la medida.

La condena de Emilio Tapia

En diciembre del año pasado, tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía, Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el entramado de corrupción del caso Centros Poblados y en dos procesos contractuales con las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en los que se detectaron diversas irregularidades.

Antes de que se dictara la condena, el empresario aceptó voluntariamente los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.

En 2020, el Ministerio de las TIC abrió una licitación pública para un contrato de un billón de pesos, destinado a llevar internet a 7.000 escuelas rurales en varios departamentos del país. Al enterarse de dicha licitación, Tapia se alió con otras personas para "comprar la experiencia" de unas empresas y conformar la Unión Temporal Centros Poblados, en la que incluyó a tres de sus propias compañías. 

Sin contar con las garantías bancarias requeridas, Tapia logró, junto con la unión temporal, la adjudicación y legalización del contrato 1043 de 2020. Posteriormente, presentó tres pólizas bancarias falsas para recibir un anticipo de 70.000 millones de pesos, de los cuales obtuvo 5.063 millones. Ese dinero fue destinado a la compra de obras de arte, vehículos y gastos personales, incluyendo préstamos y el pago de honorarios a abogados.

Tapia se comprometió a colaborar con la justicia y a reintegrar los 5.063 millones de pesos que obtuvo ilegalmente. Hasta diciembre, había logrado la restitución de 2.532 millones de pesos mediante ocho títulos judiciales. Según la Fiscalía, el 50 por ciento restante será cubierto con dos pagarés por 1.265 millones de pesos cada uno, los cuales deben presentarse en abril y octubre.

De acuerdo con el ente acusador, en 2021 Tapia conformó un consorcio con sus empresas para quedarse con dos contratos adjudicados por Emcali para la construcción de obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, por montos de 3.798 millones y 2.414 millones de pesos, respectivamente.

En ambos casos, falsificó las pólizas que garantizaban el cupo de crédito equivalente al 30 por ciento del valor de cada contrato, lo que indujo en error a funcionarios de Emcali, quienes emitieron avales administrativos para suscribir los contratos.