"En 20 años, Justicia y Paz no se ha financiado con reparación de victimarios, sino con el Presupuesto General de la Nación": contralor

El contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, llamó la atención sobre el financiamiento de Justicia y Paz durante un foro en el que expuso un estudio llevado a cabo por la entidad con motivo de los 20 años de la ley 975 de 2005.

En la intervención, Rodríguez afirmó que el Estado colombiano es el que ha tenido que asumir los costos de implementación y de reparación a las víctimas. Al respecto, destacó que las indemnizaciones judiciales han sido asumidas fundamentalmente con el Presupuesto General de la Nación (95,53 por ciento del total de pagos) y que solo el 12 por ciento de los bienes del Fondo de Reparación de Víctimas ha sido entregado por antiguos miembros de las autodefensas.

“Quiero llamar la atención porque, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados. Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para cubrir la diferencia. Sin embargo, la realidad muestra que este proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva”, precisó el contralor.

Rodríguez también aseguró que, en la difícil situación que se encuentra el país desde el punto de vista presupuestal, es necesario mirar de qué manera y en qué forma se puede avanzar en esta circunstancia.

“A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados. Y esto, más allá de un nivel de crítica destructiva, se trata simplemente de la imperiosa necesidad y obligación que tenemos los diferentes actores del estado para mirar cómo desde nuestras competencias, aprendemos de los errores cometidos y reafirmamos el camino mirando cómo construimos planes de acción que nos permitan corregir esos errores que eventualmente puedan haberse cometido”, puntualizó el contralor. 

El costo fiscal de la Ley de Justicia y Paz

Respecto al costo fiscal que ha tenido la Ley de Justicia y paz, el contralor reveló que durante el periodo 2005-junio de 2024, se destinaron 17,1 billones de pesos. Sin embargo, aclaró que la mayoría de las entidades no cuentan con centros de costos o gastos detallados, lo que dificulta saber con exactitud el monto total de los recursos invertidos por el Estado en este sistema.

Según el estudio realizado por la Contraloría, los 17,7 billones fueron usados por las siguientes entidades:

• Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV): 86,52 por ciento.
• Fiscalía General de la Nación: 11 por ciento invertido en investigación penal
• Rama Judicial: 2.05 por ciento invertido en judicialización.
• Ministerio de Justicia y del Derecho: 0.24 por ciento en apoyo a víctimas.
• Agencia para la Reincorporación (ARN): 0,19 por ciento invertido en reintegración a desmovilizados.

¿Qué pasó con los postulados?

El contralor señaló que durante el periodo 2005-junio de 2024 se postularon 5.079 personas a la ley 975 de 2005, en su gran mayoría por desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (86,6 por ciento), seguido por desmovilizaciones individuales de las Farc (10,1 por ciento) y otros grupos subversivos con tres por ciento.

Sin embargo, cerca del 64 por ciento de estos postulados fueron excluidos del proceso, es decir, 3.343 personas.

Actualmente se encuentran activos 1.507 postulados, es decir, 30 por ciento de los que se presentaron. un total de 921 de ellos fueron condenados por hechos delictivos, principalmente el desplazamiento forzado (60,15 por ciento), homicidios (22,16 por ciento) y desaparición forzada (5,62 por ciento).

Según el contralor, se registró un considerable aumento del 86,33 por ciento en la cantidad de hechos delictivos judicializados entre 2016 y 2023, pasando de 138.818 a 258.653 casos.