Entrevista con el comisionado de paz: “Me niego a pensar que el fiscal sea un saboteador de la paz”
29 Enero 2023

Entrevista con el comisionado de paz: “Me niego a pensar que el fiscal sea un saboteador de la paz”

El comisionado de paz, Danilo Rueda, durante una visita a la cárcel de la Tramacúa, en Valledupar.

Crédito: Cortesía Ramón Campos / OACP

Danilo Rueda habló con CAMBIO sobre los avances y dificultades que enfrenta el proyecto de la paz total. Se refirió a la actitud del fiscal Barbosa, a las mesas de paz que están creándose en las cárceles del país y al traslado de presos, y denunció que hay abogados vendiendo vocerías falsas.

Por: Alfredo Molano Jimeno

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El proyecto de la paz total es como un hipopótamo caminando en un tejado. Sus pasos deben ser cautelosos para poder avanzar, pero cada uno de ellos hace un ruido estruendoso que amenaza con derrumbar el edificio. Y una de las patas que más le pesa a este proyecto es la que tiene que ver con la negociación con las bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, la extorsión o el sicariato. Un proceso que exige de un trabajo quirúrgico desde las cárceles donde están recluidos los principales capos de las bandas que dominan la criminalidad de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali y son dueños del envío de droga desde todos los puertos de Colombia hacia el exterior. CAMBIO habló con Danilo Rueda, alto comisionado de paz, sobre esta faceta de la paz total.


El comisionado Rueda respondió a temas como las tensiones con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa; los acercamientos con bandas del Valle de Aburrá; las mesas de paz que se vienen creando en distintos centros penales y el traslado estratégico de presos a distintas cárceles del país. Aunque se negó a hablar de casos particulares argumentando que se está en una fase de acercamientos, reconoció que se viene trabajando en una estrategia para el rompimiento de circuitos de violencia mediante la intervención en distintos penales. Y es  que recientemente ha trascendido que se han presentado movimientos en cárceles como la de Itagüí, Tramacúa, Cómbita o Modelo de Bogotá. En estos y otros penales se vienen adelantando los acercamientos con estas expresiones criminales que dominan la trasescena urbana. El comisionado abrió las cartas sobre los acercamientos con oficinas de cobro, las mafias urbanas y las organizaciones de narcos pura sangre y dejó claro que en este proyecto se incluye un ejercicio de humanización de las condiciones carcelarias, y la construcción de puentes de diálogo con distintas organizaciones criminales, cuyos cabecillas se encuentran privados de la libertad. 

CAMBIO: ¿Qué papel juegan los privados de la libertad en el proyecto de la paz total? 

DANILO RUEDA: Valoramos la experiencia de estas personas en el ejercicio de la violencia, haya sido con motivaciones políticas o de lucro. Ellos aportan elementos a tener en cuenta en la construcción de salidas para consolidar una democracia en Colombia, ya que sus historias e intentos de reconstrucción de vida pueden brindar valiosos elementos para superar los ciclos de violencia.  

CAMBIO: En los últimos meses han venido surgiendo mesas de paz en distintas cárceles. ¿Estos espacios servirán para la interlocución con jefes de organizaciones criminales?

D. R.: Esos ejercicios de mesas de paz que se desarrollan en las cárceles tienen como propósito general, desde el enfoque de humanización del sistema carcelario, hacer aportes muy concretos al desarme dentro de las cárceles, de rompimiento de los mecanismos de corrupción y de mostrar al país el cese de operaciones extorsivas que se realizan desde allí (el 80 por ciento de los delitos que se cometen en Colombia son ordenados desde las prisiones). Pero además, estos ejercicios aportan propuestas que garanticen la no repetición del uso de las armas en la política ni como método de supervivencia. Adicionalmente, genera escenarios de convivencia, creación de cultura de paz y, en algunos casos, de reconciliación. La iniciativa de estas mesas surgió luego de unos diplomados de derechos humanos apoyados por la cooperación internacional, con acompañamiento de la Iglesia católica y la MAPP OEA en Colombia. El fruto de esos diplomados ha sido el surgimiento de las mesas de paz, que incluso han trascendido más allá de los centros carcelarios y han servido para la reconstrucción de vínculos con las familias de los reclusos. Las mesas de paz no son, hasta el día de hoy, escenarios de intervención, diálogo o incidencia con grupos criminales. No son los espacios de conversación que podrían habilitarse a partir de la implementación de la Ley 2272. 

CAMBIO: Se habla del traslado de cabecillas de organizaciones a diferentes cárceles. Alias Duglas a la cárcel de Envigado o Kiko Gómez a La Guajira. ¿Cómo explicarle a la gente está decisión del gobierno?

D. R.: Desconocemos lo que se afirma sobre la cárcel de Envigado o de La Guajira. Eso no ha pasado por nuestras manos. En desarrollo de nuestra concepción de la paz urbana sí se han realizado algunos traslados a ciertas cárceles, pero por estar en una fase de confidencialidad y acercamientos no podemos revelar nombres. Lo que sí debo decir es que estos traslados se han realizado con base en los criterios establecidos en la ley y que responden a la posibilidad de construir escenarios de diálogo. Dichos traslados han respondido al inicio de la fase acercamientos y algunas exigencias que los condicionan. Ninguno de los traslados significa excarcelación, ni desconocimiento de los controles internos que aplica el Inpec. Todo se ha revisado caso por caso. Los traslados han sido de pocas personas, con las cuales durante cinco meses se han construido compromisos específicos, de personas que manifestado su voluntad de ser parte paz total. Esto ha llevado a que se les apliquen sistemas de seguimiento a todas sus acciones, y un riguroso protocolo de control acorde al régimen penitenciario del Inpec.

CAMBIO: Pero comisionado, hay preocupación en la opinión pública de que personas privadas de la libertad reciban excarcelaciones en un escenario de diálogo entre el gobierno y las organizaciones criminales. ¿Eso está contemplado?

D. R.: Ningún tipo de excarcelación ha sido pactada. Eso es una especulación en este momento. No está contemplado y hoy no es una posibilidad. Más aún, hasta el momento no hay ningún escenario de paz urbana que posibilite una medida de este tipo. Todas las acciones realizadas han sido con respeto de los controles penitenciarios, la Constitución y la ley, y con el respeto por la independencia de la justicia. No hay extralimitación de funciones,

CAMBIO: El fiscal Francisco Barbosa se niega a suspender las órdenes de captura de las personas designadas por el gobierno como voceros de las organizaciones con las que se ha pactado un cese al fuego. Además, dice que cuenta con el apoyo de las autoridades norteamericanas. ¿Le parece que está saboteando el proceso de paz total?

D. R.: No creemos que el fiscal general esté saboteando la construcción de la paz total. Puede haber problemas de comunicación, pero estamos dispuestos a solucionarlos. Y por eso es necesario aclarar que respetamos la autonomía de los poderes públicos y tenemos clarísima la diferencia entre escenarios de negociación con organizaciones alzadas en armas contra el Estado y aquellas que ejercen violencia por su participación en escenarios de delincuencia común o de búsqueda de lucro. Para nosotros una cosa es una conversación sociojurídica y otra un diálogo sociopolítico. Tenemos clarísima la distinción jurídica y política de estos dos escenarios. Y por eso, debo declarar que respetamos la jurisprudencia que define los tipos de violencia y criminalidad y no pretendemos pasar por encima de ella.

CAMBIO: ¿Quiere decir que va a haber un tratamiento diferencial para las guerrillas y otro para organizaciones como el Clan del Golfo o las organización dedicadas exclusivamente al narcotráfico?  

D. R.: Para el gobierno nacional está clarísimo que el centro de nuestras decisiones es la ética de la vida, la cesación de las violencias. Nosotros le apostamos a detener la tortura, el asesinato, la desaparición de personas y las confrontaciones inútiles. Estas violencias solo generan dolor y traumatismos en miles de familia. Por eso, con la ley en la mano, buscamos desescalar un conflicto de carácter irregular mediante la aplicación del derecho internacional humanitario. La apuesta por la construcción de una paz real, sin impunidad, con transformaciones sociales profundas en el alma cultural, social y ambiental es el norte que orienta todos los escenarios de diálogo, y que estos se diferencian a partir de las motivaciones de quienes participan en escenarios de violencia.

Los grupos herederos del paramilitarismo y otras expresiones criminales se distinguen de la insurgencia y requieren un tratamiento con salidas jurídicas. En esas claridades básicas la exigencia es parar la violencia, porque en los campos colombianos es donde se padecen las violencias. Esa gente pone las víctimas, y el gobierno de la vida, de la ética, trabajará por su protección y dignificación. Las balas matan tanto como el hambre, pero también las mentiras se convierten en balas contra la posibilidad de la paz y de una democracia profunda. La ética de la vida reconoce la degradación de la guerra y de las violencias y busca su superación, distinguiendo la naturaleza de cada grupo armado. Cada vez que hay un confinamiento, una amenaza de muerte, una retención o un secuestro, una desaparición o un  asesinato, retrocedemos, pero lo que nos mantiene es la esperanza de la gente en que se acabe tanta matazón, tanta barbarie y atrocidad. 
  
CAMBIO: El cese al fuego ya tiene acusaciones de violaciones de varios de los grupos. Se habla de saboteos por parte de fuerza pública y hasta de incumplimientos desde facciones de las organizaciones que hacen parte del cese bilateral…

D. R.: Los saboteos a la propuesta de paz son de varios tipos y vienen de todas partes. Hay saboteos conscientes e inconscientes. Los inconscientes tienen que ver con la forma como comprendemos el país real, el que padecen millones de afrocolombianos, indígenas y campesinos, a lo largo y ancho del país donde hay controles territoriales y disputas violentas. Y hay incomprensión sobre las violencias enquistadas de más de 70 años. Violencias que se reciclan y reproducen. Violencias urbanas sin resolver, procesos de paz que hicieron aportes importantes pero que se han incumplido, y que explican por qué este gobierno ha asumido cumplir el Acuerdo del Teatro Colón. Hay un saboteo cuando la información que se comparte desconoce el contexto y no se contrasta. Y hay saboteos concretos, que nos tienen muy preocupados, y son los que vienen de parte de personas que en ejercicio del derechos hacen falsas promesas, malinterpretando la ley 2272.  Hay gente que está cobrando dinero a presos con la promesa de que serán nombrados gestores de paz, ofrecen excarcelaciones y traslados que no están contemplados en la ley y que no pueden ser realidad. Tenemos identificados abogados que se aprovechan de la necesidad de libertad y de la ingenuidad de personas que han participado en la violencia. Esto desnaturaliza el ejercicio del derecho, y estas personas serán perseguidas por las autoridades judiciales, a quienes les hemos entregado información para que actúen de manera pronta. La paz no es una película de cine para ver comiendo crispetas. A esos abogados les digo: no engañen a la gente con cosas irrealizables, la paz es un servicio que no tiene precio.

CAMBIO: ¿Y sobre las denuncias de violaciones al cese qué tiene para decir?

D. R.: Los ceses tienen monitoreo permanente con enlaces locales y también con un mecanismo de crisis. Se está fortaleciendo el mecanismo de verificación con las iglesias y la comunidad internacional. Es complejo pero vamos avanzando. Pero observo que otro de los factores de saboteo viene desde las filas de los grupos armados. A veces hay quienes quieren ganar terrenos de negociación mediante la violencia, y están generando desconfianzas y dificultades. Por eso estamos exigiendo la ética de los violentos y aplicando del DIH para que el cese al fuego vaya siendo una realidad cada vez más constatable. La ética de la vida y el diálogo va a mostrar salidas a las conflictividades armadas, siempre respetando la ley y a las víctimas. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero asumimos el reto y el desafío de lograr un acuerdo nacional por la reconstrucción de nuestra democracia. La paz no es para lucrarse de dinero, eso va contra la ética, la vida y el proceso serio que está ofreciendo el gobierno. Esta paz se construye sin trampas, y quienes quieran participar debe ser desde la honestidad. A quienes traten de engañar tenga la seguridad de que la justicia les caerá con todo su peso. 

CAMBIO: Se habla del proceso con 12 bandas criminales del Valle de Aburrá. ¿Eso en qué va?

D. R.: Todo está en fase de acercamiento y eso exige discreción. Ya llegará el momento en que se abra a la participación ciudadana y de las autoridades judiciales. Estamos en acercamiento y en este momento nuestro reto es convencer a los saboteadores para que dejen de sabotear. 

CAMBIO: ¿Se refiere al fiscal?

D. R.: En esa lista no está el fiscal general de la nación, con quien hemos hablado y seguiremos construyendo una relación respetuosa de su misión. Me niego a pensar que el fiscal sea un saboteador de la paz. 

CAMBIO: ¿Entonces a quién?

D. R.: A algunos que critican la política de paz de Colombia, indicando que hay una mezcla y tratamiento indebido de las violencias. La paz total asume responder al Acuerdo de Paz del Teatro Colón, que es una de sus columnas vertebrales. Y reitero que para nosotros es claro que hay un movimiento alzado en armas de carácter político como el ELN; y dos expresiones de orígenes políticos como lo son el Estado Mayor Central de las Farc y la Segunda Marquetalia. 

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