‘La JEP se está convirtiendo en un obstáculo para la paz’: Julián Gallo, senador de Comunes

Tras ocho años fuera de la guerra y a dos de terminar el tiempo que le queda como senador, cargo que tiene desde hace seis años como producto del Acuerdo de Paz con las Farc, Julián Gallo –más conocido en el país como Carlos Antonio Lozada–, habla con CAMBIO del futuro del Partido Comunes, que aquella organización fundó cuando se decidió a cambiar las balas por los votos. 

Para el antiguo miembro del secretariado de la exguerrilla, el Acuerdo de Paz que firmaron en el gobierno de Juan Manuel Santos marcó un punto de inflexión en la política colombiana y fue clave para materializar el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones de 2022, cuando por primera vez la izquierda obtuvo la Presidencia en Colombia. Esto, a pesar de que, según relata, el nuevo mandatario menospreció inicialmente ese pacto. “Me tocó escuchar al hoy presidente, en aquella época como senador, hablando de la ‘paz chiquita’. Un poco de forma peyorativa contra el Acuerdo de Paz”, señala.   

Y así como recuerda que, como senador, Petro “no entendía la profundidad del acuerdo (de paz)”, lamenta que, ya como gobierno, el hoy presidente no muestre interés en hacer una reforma política que fue un punto clave del pacto de La Habana. 

Sobre la paz total, el exjefe guerrillero y hoy congresista de Comunes afirma que hay más “voluntarismo que estrategia”.   

Y, finalmente, admite que la violencia en la que cayeron los ex-Farc durante la guerra también ha jugado en contra de su proyecto político. Ve las elecciones de 2026 como un gran desafío para la exguerrilla.

CAMBIO: Les quedan dos años en el Congreso. Después de esto, ¿qué va a pasar políticamente con la que fue la guerrilla más poderosa de Colombia?

Julián Gallo: Tenemos dos años antes de volver a presentarnos en las elecciones de 2026, e indudablemente allí se abre un reto enorme para nosotros como partido, como propuesta política, teniendo en cuenta que no ha sido fácil. Varios factores han impedido avanzar de mejor manera en ese proceso de reincorporación política. 

CAMBIO: ¿Cuáles? 

J.G.: El primero es la seguridad. Nosotros no podemos movernos libremente por el territorio, no podemos ir a las regiones donde históricamente hicimos presencia y donde tenemos las bases sociales que nos apoyaron en la guerra. Han sido asesinados 435 compañeros y compañeras, y eso nos impone una limitación enorme para ese ejercicio político. Está la estigmatización, sobre todo en el gobierno anterior. Jocosamente, uno puede decir que a Iván Duque le preguntaban la hora y respondía: ‘las Farc son unas asesinas’. Eso, encabezado desde el gobierno, es una violación del acuerdo. El presidente de la república, independientemente de su ideología, debería disponer la opinión nacional para aceptar que es mejor la paz y no la guerra.

CAMBIO: En las elecciones de 2018 y de 2022 ustedes no alcanzaron ni el 1 por ciento de la votación del país. ¿Ese ha sido el costo político por lo que pasó en la guerra con la población civil, con actos como los secuestros, el reclutamiento forzado, los ataques indiscriminados?

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“No ha sido posible que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avance en la toma de decisiones, y ese pendiente se comienza a convertir en un obstáculo para nuestra participación política”.

J.G.: Son distintos factores. Esos que he mencionado más la carga de un conflicto tan prolongado, que alcanzó semejantes niveles de violencia, de victimización, de degradación. Hay que decirlo con todas las letras: eso, indudablemente, generó dificultad para nosotros podernos reincorporar políticamente. Otra dificultad es la situación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No ha sido posible que avance en la toma de decisiones, y ese pendiente se comienza a convertir en un obstáculo para nuestra participación política. 

CAMBIO: Ustedes se alzaron en armas para luchar por transformaciones sociales. No lo lograron con las armas, tampoco con la política y los votos, y lo digo por los resultados electorales de 2018 y de 2022 ¿Cuál es el futuro del Partido Comunes a partir de 2026, cuando ya no tendrá curules en el Senado y la Cámara?

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“Una cosa son los resultados electorales de Comunes, y otra es el potencial transformador que desató el acuerdo de paz. Apenas 6 años después de la firma de ese pacto, llegó un gobierno alternativo, algo que no habíamos visto en 200 años”.

J.G.: No se puede hacer esa afirmación tan categórica de que "con la política tampoco". Por primera vez en la historia republicana de nuestro país tenemos un gobierno alternativo y de izquierda. Es impensable la presidencia de Gustavo Petro sin haber firmado la paz. Una cosa son los resultados electorales de Comunes, y otra el potencial transformador que desató el acuerdo. Apenas seis años después de su firma llegó un gobierno alternativo, algo que no habíamos visto en 200 años.

CAMBIO: ¿Y cree que Petro ha aprovechado la Presidencia para consolidar a la izquierda y a otros partidos no tradicionales en la política?

J.G.: Era necesario un gobierno de transición para abrir un período que se inicia con Gustavo Petro, pero que hay que prolongar. No estoy pensando solamente en un gobierno de izquierda, alternativo, sino en que este país transite hacia un régimen político más abierto, más democrático, más incluyente. En ese sentido, me parece que este gobierno sí ha aportado. Por ejemplo, hoy en día la conversación política gira en torno a los grandes problemas, a las reformas en la salud, a la educación, al tránsito hacia energías más limpias. No estamos en la Colombia de hace ocho años, antes de la firma del acuerdo, cuando el eje de la conversación política eran los muertos, los heridos y los desaparecidos, los bombardeos, las víctimas. Eso ha cambiado. La decisión que nosotros tomamos al firmar el convenio ha aportado a profundizar y a ampliar la conversación política y los espacios democráticos. Consideramos que entramos en un proceso que, a pesar de la polarización y de lo complejo que pueda ser, es irreversible.

CAMBIO: ¿Me está diciendo que la reincorporación de las Farc a la vida civil marcó un punto de inflexión en la política de Colombia?

J.G.: Indudablemente, nosotros consideramos eso.  

CAMBIO: Como partido, ¿van a fusionarse con el Pacto Histórico o van a emprender su propio camino? 

J.G.: Somos un proyecto político que no va a desaparecer. Eso lo podemos decir con toda tranquilidad, más allá de que haya una normatividad que diga que la personería jurídica va a desaparecer si no se alcanza el umbral, porque hay alternativas. 

CAMBIO: ¿Cuáles son?

J.G.: La propuesta que se ha hecho desde el Pacto Histórico de construir un partido único, la fusión de las personerías jurídicas en una sola, no es posible en el caso nuestro. Hasta ahora es la decisión que mayoritariamente se ha tomado por parte de la Dirección Nacional y también en la asamblea de delegados, que es la máxima autoridad. Eso es disolvernos como partido. Vamos a seguir apoyando el gobierno de Gustavo Petro, sin fusionarnos. Estamos diseñando una ruta para tener un candidato presidencial único por parte de fuerzas alternativas de izquierda, incluso de centro. Y de pronto, dos grandes listas al Senado y la Cámara. Algunos, agrupados en torno a una personería jurídica en el Pacto Histórico. A eso le estamos apostando.

CAMBIO: Si le entiendo bien, van a seguir siendo Partido Comunes, van a armar coaliciones, pero no se van a fusionar.

J.G.: Correcto. 

CAMBIO. ¿Cómo han visto la implementación del acuerdo de paz con el presidente Gustavo Petro? A veces parece que él no lo entendiera… 

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“Desde su curul en el Senado Gustavo Petro no había entendido la profundidad de ese acuerdo de paz. Ya sentado en la silla presidencial, él se dio cuenta de que ese acuerdo estaba siendo una parte fundamental de su propuesta política”.

J.G.: Yo fui compañero de Gustavo Petro en los cuatro años anteriores en la Comisión Primera y me tocó escuchar al hoy presidente, en ese caso como senador, hablando de la ‘paz chiquita’. Una forma un poco peyorativa contra el acuerdo de paz. Desde su curul en el Senado, Gustavo Petro no había entendido la profundidad de ese pacto. Ya sentado en la silla presidencial, él se dio cuenta de que ese acuerdo estaba siendo una parte fundamental de su propuesta política. Él habla de convertir a Colombia en una potencia productora de alimentos y eso, necesariamente, lo remite a la implementación del punto 1 del acuerdo de paz: la Reforma Rural Integral. Ese es un aspecto que seguramente lo ha llevado a revalorar esa idea que tenía del acuerdo de paz. Lo mismo pasa en la política nueva de drogas. Todas las bases que está formulando están contenidas en el punto 4 del pacto. Abrió la puerta para que el campesinado transite de manera concertada hacia otras economías lícitas, y al mismo tiempo pone el énfasis en los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico. Es en la interceptación de los cargamentos donde se está poniendo dicho énfasis.

CAMBIO: Petro hablaba de ‘la paz chiquita’ en referencia al Acuerdo de Paz con las Farc. ¿Por eso llegó hablando de la paz total?

J.G.: Todos escuchamos el anuncio que hizo en diciembre de 2022, de que iba a haber un cese al fuego multilateral, y es evidente que en ese anhelo de la paz total se ha ido encontrando con la complejidad de un conflicto como el que hoy en día tenemos, o de los múltiples conflictos que hay. Pero el conflicto cambió totalmente. Una cosa es el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, otra con la Segunda Marquetalia y, otra, con Los Mordiscos, porque hoy ya no hay solo Mordisco 1, sino Mordisco 1, 2, 3, 4... Además, están el Clan del Golfo y las estructuras urbanas…

CAMBIO: El presidente entendió tarde la importancia del acuerdo de paz. ¿Tal vez por eso las fallas en la implementación?

J.G.: Al ser ya el primer mandatario de la Nación se encontró con una obligación. Y es que Juan Manuel Santos había elevado una solicitud al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para que vinculara ese acuerdo a una resolución. Se dio cuenta de que el acuerdo es un documento oficial de la ONU que genera unos compromisos jurídicos a la luz del derecho interno. Por supuesto, hay un cambio en la valoración que tiene que hacer el presidente.

CAMBIO. Cómo persona que hizo parte de la guerra, y ahora como senador, ¿le parece realista la pretensión de la ‘paz total’?

J.G.: Evidentemente ha habido más voluntarismo que estrategia, más deseo que estrategia. El planteamiento lo apoyamos, pero la preocupación surge cuando vemos que no hay una gran estrategia para ver cómo solucionamos, por la vía del diálogo, cada uno de los conflictos. Hay improvisación permanente y eso nos preocupa.

CAMBIO: Hay analistas que dicen que este Gobierno terminará sin un acuerdo con el ELN. ¿Piensa lo mismo?

J.G.: Nosotros somos partidarios del diálogo y de la solución negociada de los conflictos, y apoyamos todos estos esfuerzos. Hemos tratado de ser cautos, no posar de sabelotodo, ni de que tenemos las fórmulas. Les hemos dicho a los comisionados de paz que, si consideran que nosotros en algo podemos aportar, ahí estamos, sin necesidad de figurar. Tenemos una experiencia no despreciable de 53 años de conflicto y 33 años de conversaciones de paz. Ese es un patrimonio que ponemos a disposición de cualquier gobierno.

CAMBIO: ¿Y ha tenido en cuenta ese ofrecimiento?

J.G.: Hemos podido intercambiar opiniones con el presidente, pero desde luego respetamos las decisiones del Gobierno.

CAMBIO: Precisamente usted criticó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que está dedicado hoy a buscar un acuerdo nacional, por "reducir la implementación del acuerdo de paz"…

J.G.: El ministro Cristo hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, y por lo tanto conoce qué hay detrás de cada coma y cada frase. Hace referencia a ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para desarrollar los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) e impulsar los territorios, que es parte del pacto. Pero es necesario que el Gobierno se pronuncie por el cumplimiento, por ejemplo, en materia de víctimas. Hemos venido expresando nuestras preocupaciones por la desviación que ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como por el cumplimiento de la palabra del Estado en materia de las garantías de seguridad jurídica para los firmantes de paz. El compromiso de los gobiernos debe ser la implementación integral del acuerdo, sin dejar por fuera ningún tema.

CAMBIO: ¿El Gobierno está ‘ninguneando’ algún tema?

J.G.: Este Gobierno ha puesto énfasis en la Reforma Rural Integral, y nos parece ideal. Pero no ha radicado ninguna iniciativa de reforma política, y una que se radicó no contenía todos los aspectos que están contemplados en el punto 2 del acuerdo de paz.

CAMBIO: ¿Qué aspiran ustedes a cambiar con una reforma política? En La Habana ese fue uno de los puntos centrales… 

J.G.: Se estaba discutiendo en la Comisión Primera del Senado un proyecto, de autoría del doctor Humberto de la Calle y que nosotros acompañamos, que busca modificar la forma en que se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), porque tiene un origen político. Hoy tenemos un órgano que debe disciplinar los partidos, con una composición en la que las mayorías disciplinan a las minorías, y eso es profundamente antidemocrático. Lo mejor es que ese órgano fuera elegido no por los partidos, ni por el Congreso, sino producto de un concurso de méritos, y que esa elección la hagan, por ejemplo, las cortes. Yo radiqué hace dos semanas un proyecto de ley de financiación estatal de las campañas. Si solo tomamos esos dos proyectos, que se van a discutir en esta legislatura en la Comisión Primera, le estamos apostando al núcleo de los problemas que tenemos en la democracia colombiana.

CAMBIO: Los dos logros más concretos para ustedes en el acuerdo de paz fueron obtener las 10 curules en el Congreso por dos períodos y haber evitado la cárcel, pero ustedes critican la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuál es el malestar, si al fin de cuentas ustedes lograron hacer la paz sin pasar por la cárcel?

J.G.: Nosotros firmamos el Acuerdo de Paz en un contexto histórico concreto, cuando ya existía la Corte Penal Internacional (CPI), contrario a lo que sucedió con el Frente Nacional, que le puso fin a la Violencia (al conocido como período de La Violencia). Y en ese momento los protagonistas, los liberales y los conservadores, no pagaron un solo día de cárcel. Dijeron: ‘nos vamos a repartir el poder durante 16 años y cada uno para su casa’… 

CAMBIO: También el presidente Petro tuvo ese beneficio tras el proceso con el M-19…

J.G.: Sí, posteriormente en los procesos de paz de los años 90, porque no existían ni la CPI ni el Estatuto de Roma. En La Habana buscamos una fórmula basada en los avances más importantes de la justicia a nivel internacional para la solución de conflictos, que es la justicia restaurativa. No hay ningún otro ejemplo en que partes intervinientes en un conflicto se pongan de acuerdo y digan voluntariamente ‘nos vamos a someter a un tribunal’. Eso no tiene precedentes, y por eso ese tema ha sido tan valorado por la comunidad internacional, y por la propia Corte Penal Internacional. 

Pero, ¿qué nos encontramos cuando el acuerdo llega aquí a Colombia? El día antes de la firma del segundo acuerdo, en el Teatro Colón, a las siete de la noche más o menos, nos llamó el Gobierno. Se comunicaron en ese momento con Iván Márquez y le dijeron: ‘tenemos un problema en Palacio. Llegaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas, le pidieron una reunión al presidente y le dijeron que no están dispuestos a dejar firmar el acuerdo si no se quitaba un párrafo que obliga a dichos altos mandos, en virtud del principio de la cadena de mando, a responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz por los crímenes que hayan cometido sus tropas, incluido el enriquecimiento ilícito que hubiesen tenido esos mandos militares en el conflicto. 

El presidente Santos, muy preocupado, propuso entonces: ‘que venga Enrique Santiago, abogado asesor de las ex-Farc, y trate de convencer a los generales de que lo que están haciendo es dejar abierta la posibilidad para que en el futuro la Corte Penal internacional venga por ellos, porque va a haber impunidad en esos casos’. Santiago fue hasta el Palacio de Nariño, se reunió con los mandos militares que estaban allí y no fue posible convencerlos. Retiraron ese párrafo del acuerdo, pero nosotros dejamos una constancia escrita para la historia. 

Segundo, cuando hace tránsito el acuerdo por el Congreso, se excluye la obligación de presentación ante la JEP a los altos funcionarios civiles del Estado. Ahí hay otra alteración del acuerdo. Y cuando el acuerdo llega a la Corte Constitucional, también dice: ‘los terceros no están obligados a presentarse ante la JEP’. Lo que tenemos hoy día es una jurisdicción para la insurgencia y para los mandos militares que estuvieron directamente involucrados en los hechos.

CAMBIO: Salvando el tema de los militares que se presentaron la noche anterior diciendo que no aceptaban el párrafo, así como lo que ocurrió en el Congreso y en la Corte, ¿no asumen ustedes que es parte del proceso democrático que tenía que ocurrir?

J.G.: No, porque Juan Manuel Santos no firmó ese acuerdo como presidente, sino como jefe de Estado, y elevó ese texto, a través de una declaración unilateral, al carácter de documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

CAMBIO: ¿Qué subsanaría la incomodidad que ustedes tienen hoy con la JEP?

J.G.: Retornar al espíritu inicial del acuerdo. A eso se agrega que la Jurisdicción Especial para la Paz ha estado violando, entre otras cosas, parte de una decisión de la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre el acuerdo y la ley estatutaria, en el sentido de que los desarrollos normativos del acuerdo tienen que recoger el espíritu y la letra de lo que allí está contenido. Han abierto hasta el momento 11 macro casos, y están anunciando que van a abrir el 12°. Nos están diciendo: ‘por cada caso va a haber una resolución de conclusiones’. Y en el acuerdo dice: ‘una sola resolución de conclusiones por todo’. 

CAMBIO: Explíquele a la gente en qué los afecta a usted, o al exjefe de las Farc conocido como Timochenko, la actuación de la JEP...

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“Vamos para ocho años de haber firmado el acuerdo y no hay hasta ahora una sola decisión de la JEP de sanciones. Esa demora nos afecta, porque no vamos a tener seguridad jurídica. Si la esencia del acuerdo es la participación política, vamos a estar en un limbo que no nos va a permitir, con las mismas garantías del resto de los ciudadanos, hacer política”.

J.G.: Afecta el núcleo del acuerdo, que es la reincorporación política. Vamos para ocho años de haber firmado el acuerdo y no hay hasta ahora una sola decisión de la JEP de sanciones. El macro caso más avanzado es el 1, el de los secuestros. Al lado de la imputación de ese delito, que nosotros reconocimos, lo hicimos también con 12 crímenes más de guerra y de lesa humanidad. ¿Esa demora en las sanciones por qué nos afecta a nosotros como personas, pero por sobre todo como proyecto político? Porque no vamos a tener seguridad jurídica. Si la esencia del acuerdo es la participación política, vamos a estar en un limbo que no nos va a permitir, con las mismas garantías del resto de los ciudadanos, hacer política.

CAMBIO: ¿Se acaba la inseguridad jurídica para usted si mañana un magistrado de la JEP dice: ‘el senador Julián Gallo debe ir a construir una escuela en la vereda X como parte de la pena restaurativa’, que fue la que se estableció en vez de cárcel?

J.G.: Por supuesto. Eso es lo que estamos pidiendo, que tomen esas decisiones rápido para poder tener seguridad.

CAMBIO: ¿Cómo va el diálogo con la JEP, porque Rodrigo Londoño, acompañado de Humberto de la Calle, estuvo en la JEP? 

J.G.: Se le entregó a Rodrigo Londoño, como jefe que fue de las Farc, una resolución de amnistía que estaba firmada por Juan Manuel Santos desde 2017. La JEP, como para parecer que estaba avanzando en el tema de la amnistía, lo que hizo fue desempolvar un documento de ese año.

CAMBIO: Después de eso, ¿cuántas personas de las antiguas Farc han obtenido la libertad?

J.G.: Ha habido avances. No puede decir que eso esté congelado. Pero va a un ritmo que, de seguir así, va a terminar el periodo de la Jurisdicción Especial y no va a haber sanciones. Y eso a nosotros nos preocupa. 

CAMBIO: Después de la guerra, la paz y la política, ¿eso es lo que más lo frustra? 

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“La frustración más grande nuestra es que una jurisdicción única en el mundo (la JEP), que está llamada a convertirse en un ejemplo de paz, finalmente va a ser un obstáculo para ella en el país. Se ha convertido también en un factor de estigmatización contra los firmantes de paz”.

J.G.: Pues la frustración más grande nuestra es que una jurisdicción única en el mundo, que está llamada a convertirse en un ejemplo de paz, finalmente va a ser un obstáculo para ella en el país… Se ha convertido también en un factor de estigmatización contra los firmantes de paz.

CAMBIO: ¿Y cuál es la mayor satisfacción?

J.G.: Con ese Acuerdo de Paz, nosotros generamos un proceso de transformación de la sociedad colombiana. Fue un proceso de discusión y de conversación política que finalmente se materializó en la elección de un gobierno alternativo, de izquierda, por primera vez en la historia. Con todas las críticas que pueda haber sobre ese gobierno, la Colombia que tenemos hoy es muy distinta a la que teníamos hace ocho años, y estamos entrando en un recorrido que, ojalá, termine en un gran acuerdo nacional. Y que en medio de nuestras diferencias, los colombianos nos podamos sentar tranquilamente a exponer nuestras ideas sin violencia, y logrando consensos para que la paz logre ser estable y duradera. 

CAMBIO: Aunque a Comunes le ha costado posicionarse como partido político, ¿valió la pena?

J.G.: No tenemos duda, ninguna duda.