Nueva ley de transferencias: ¿la herramienta para frenar la guerra en los territorios?

Allá, en la distancia, más allá de la cordillera Oriental, hay una Colombia que, como el coronel de Gabriel García Márquez, pasa los días esperando que desde la capital le llegue una carta anunciando los recursos prometidos para así empezar a solucionar sus problemas.

Esta es, más o menos, la metáfora del senador Ariel Ávila (Partido Verde) para defender la reforma al Sistema General de Participaciones, con el que se pretende aumentar los ingresos que reciben los municipios, distritos especiales y departamentos.

Lo mismo piensa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ambos están convencidos de que, sin una ayuda real para las regiones olvidadas, siempre habrá posibilidades de que, en medio del abandono, germine la violencia.

Ávila le dijo a CAMBIO que “Colombia ha creado un apartheid geográfico”. Existen más de 300 municipios en el país, como Istmina (Chocó), Tumaco (Nariño) o Argelia (Cauca), donde actualmente se lleva a cabo la operación militar más grande ordenada por el presidente Gustavo Petro. Son lugares que aparecen en el mapa, pero que viven congelados en el tiempo.

Estas zonas no tienen capacidad para pagar su nómina ni cuentan con estructura institucional sólida. Están dominadas por grupos armados ilegales, plantaciones de coca y funcionarios mal calificados, ya que los peores puntajes en los concursos de docentes y jueces terminan asignados allí.

Además, estas regiones carecen de infraestructura vial y mercados legales, lo que perpetúa los conflictos. “Por eso, cada vez que se termina una guerra civil o un conflicto armado, surge otro”, explicó el senador.

“La única forma de romper este ciclo es fortaleciendo los municipios y las regiones. Eso también traerá mayor democracia. El fortalecimiento y la descentralización buscan integrar estos territorios en la legalidad”, aseguró.

Hacer real el Acuerdo de Paz

Cristo, por su parte, recordó que aceptó el cargo de ministro del Interior con el propósito fundamental de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

Cuando se le preguntó si la autonomía territorial es necesaria para avanzar en el acuerdo, respondió: “Sí”. Es el primer paso para hacer realidad un proceso que el gobierno de Duque dejó caer a pesar de su trascendencia.

El ministro recuerda que, en febrero de este año, durante una reunión con los gobernadores, el presidente Petro se comprometió a apoyar el proyecto.

“El presidente nunca ha tenido dudas al respecto. Las dudas han venido de técnicos de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda, pero se han superado. Quiero reiterar algo con claridad: esta cifra y este texto, que seguramente tendrá mayoría para ser aprobado hoy, se consensuaron con el Ministerio de Hacienda”, aclaró.

La propuesta está liderada por el partido En Marcha y cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios, Asocapitales, la Gobernación de Antioquia y las cinco RAP (Regiones Administrativas y de Planificación) consolidadas en el país.

En Marcha toma la iniciativa

La autoría corresponde a los senadores Guido Echeverri Piedrahita, Gustavo Moreno Hurtado y Jairo Castellanos Serrano (En Marcha), mientras que la ponencia está en manos del senador Ariel Ávila (Alianza Verde).

La iniciativa ha avanzado con éxito en el Congreso. Al tratarse de una reforma constitucional, necesita pasar por ocho debates para ser sancionada por el presidente. El proyecto está a la espera de luz verde para salir del Senado.

Para sus defensores, la reforma al SGP busca ajustar las transferencias del Gobierno central hacia las regiones.

Originalmente, estas transferencias representaban el 46 por ciento de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), pero disminuyeron al 39,5 por ciento mediante un régimen de transición de 12 años.

El debate actual se centra en la forma de realizar esa descentralización, dado que existen versiones encontradas entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda.

Por ejemplo, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) ha propuesto que el porcentaje no aumente al 46,5 por ciento sino al 37 por ciento, argumentando que “no hay suficientes recursos para ese salto”.

No arrodillarse ante el centralismo

“El objetivo es superar el asfixiante centralismo y dotar a las entidades territoriales de la autonomía necesaria para decidir su propio destino. La reforma al SGP responde a la demanda de las regiones por mayor autonomía financiera y administrativa, permitiendo que el Estado lleve toda su oferta institucional a los territorios”, sostuvo Ávila.

En cuanto a las preocupaciones por la sostenibilidad fiscal, el senador Guido Echeverri Piedrahita aclaró: “La reforma no quebrará a la nación.

Solo se redistribuirán más recursos hacia las regiones. Además, se transferirán nuevas responsabilidades a los territorios mediante una ley que redefina las competencias entre la nación y las entidades subnacionales.

Más dinero para las regiones implica también mayores obligaciones. La reforma está diseñada para no generar desbalances fiscales, sino para adelgazar el Estado central y fortalecer los gobiernos locales”, aseguraron los creadores del texto.

Si este proyecto es tan beneficioso para el país, ¿por qué existen tantas dudas? Ávila explicó que las reservas provienen de técnicos que recién han comenzado a recibir la información completa.

Así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda rectificó su postura negativa, siempre que la reforma se acompañe de una ley que transfiera competencias a las entidades territoriales y se garantice la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la deuda pública.

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) también advirtió sobre los riesgos fiscales en el mediano plazo.

Desde las regiones, la percepción es distinta. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), expresó en su cuenta de X: “A los exministros que se oponen a la reforma de transferencias les pedimos que abandonen su centralismo”.

También manifestó que “los alcaldes y gobernadores no deben seguir arrodillándose” y recordó que la Constitución de 1991 decretó la descentralización, no la concentración de recursos en el nivel central.

Treinta exministros y exviceministros enviaron una carta al Congreso expresando su oposición al proyecto, lo que llevó a Cepeda a reiterar su crítica al centralismo.
 
Pero, ¿qué es el Sistema General de Participaciones (SGP)? El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Está regulado por los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991 y se financia con los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). Su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.

¿Y qué plantea la reforma? La reforma propone modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución para aumentar gradualmente las transferencias. Actualmente, las regiones reciben un poco más del 20 por ciento de los ICN.

Con la reforma, el porcentaje se incrementaría al 46,5 por ciento –o la cifra que al final se acuerde– en 2034, mediante aumentos anuales del 2,5 por ciento.

Un catalizador para alcanzar la reconciliación 

Francisco Javier Daza de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) destacó puntos fundamentales sobre cómo un nuevo modelo de transferencias puede ser un catalizador para la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Este enfoque descentralizado busca dotar a los municipios con más recursos para proyectos vinculados a la paz, respondiendo a las necesidades específicas de cada territorio.

1.    Fortalecimiento de la autonomía territorial. La descentralización permite a los municipios y departamentos una mayor capacidad para ejecutar recursos según las prioridades locales. Cada región del país tiene una dinámica distinta, especialmente aquellas donde la presencia de actores armados o conflictos históricos persisten. Esta autonomía facilita una implementación más ajustada a las realidades de cada comunidad.

2.    Enfoque en las “paces territoriales”. La mutación del concepto de “paz total” hacia unas “paces territoriales” reconoce que no existe una única receta para lograr la paz. En este sentido, el proceso debe responder a las particularidades de cada subregión, especialmente en áreas donde se desarrollan negociaciones con actores armados o se busca consolidar el control estatal.

3.    Superación de las causas objetivas de la violencia. Al asignar recursos y empoderar a los gobiernos locales, se apunta a abordar factores estructurales como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la exclusión social, los cuales han alimentado la violencia históricamente. De este modo, se aspira no solo a reducir la violencia directa, sino también a eliminar sus causas profundas.

4.    Impulso económico a los procesos de paz. Dotar de recursos suficientes a los municipios permitirá que las iniciativas de paz no dependan exclusivamente de los niveles nacionales. Esto puede traducirse en la implementación efectiva de proyectos productivos, infraestructuras sociales y programas educativos que refuercen el tejido social y prevengan futuros ciclos de violencia.

En conclusión, este nuevo modelo podría ser el “empujón” necesario para materializar la paz en los territorios, siempre y cuando se garantice una adecuada transparencia en el uso de los recursos y se prioricen las necesidades locales.